Desahucios en el Puerto de Las Palmas: los afectados impugnarán judicialmente la ordenanza del Muelle Deportivo

Las personas que residen en sus barcos atracados en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas que han recibido la orden de desalojo de la Autoridad Portuaria están creando un frente común para evitar los desahucios e impugnarán judicialmente la ordenanza de la marina si no se paraliza el procedimiento.

Cerca de una veintena de ellas, entre quienes se encontraban personas que aún no han recibido la carta, se reunieron durante la tarde este lunes con uno de los abogados que están asesorando sobre la estrategia a seguir con el fin de aprovechar todas las herramientas administrativas y judiciales para defender su derecho a escoger «el lugar donde quieren vivir»

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El letrado, que quiere permanecer en el anonimato por motivos profesionales, ha presentado ya seis recursos de alzada y tiene previsto remitir otros tantos durante las próximas horas, y asegura que a pesar de que el tiempo dado para abandonar los pantalanes comienza a vencer este miércoles, los plazos administrativos y judiciales retrasarán los desahucios varios meses si finalmente se producen.

Tres meses para contestar

La Autoridad Portuaria cuenta con tres meses para contestar a los recursos de alzada que los afectados están presentando para frenar las órdenes de desalojo que se han notificado durante las últimas semanas en el Muelle Deportivo. Las cartas recogían que «está terminantemente prohibido el uso del puesto de amarre por embarcaciones de recreo destinadas a vivienda o residencia habitual» y daba un plazo de 10 días hábiles para retirar los barcos del pantalán. En caso contrario, la institución procederá a sacarlos del agua e impondrá multas de 60.000 euros.

El abogado que se reunió este lunes con los afectados y las familias que temen que les lleguen el mismo aviso puntualiza que la Autoridad Portuaria no puede retirar los barcos del pantalán sin una orden judicial, por lo que los desahucios «no son inminentes».

Desahucios en el Muelle Deportivo

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Para empezar, «el plazo para presentar un recurso de alzada es de un mes, por lo que no podrían tocar un barco» hasta que pase ese tiempo, y la Autoridad Portuaria tiene un plazo de tres meses para contestar a este escrito.

Proceso judicial

Además, tal como recogen las cartas que han entregado los policías portuarios a los residentes en el Muelle Deportivo, para remolcar o sacar del agua la embarcación, la Autoridad Portuaria debe solicitar autorización del Juzgado, así que «el segundo paso sería acudir a un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, porque todos los barcos constituyen el domicilio inviolable de las personas que residen allí».

El abogado tranquiliza a sus clientes diciéndoles que cuando el Juzgado reciba esa petición tiene que comunicárselo a todos los afectados para que puedan contestar en un plazo de 20 días y «ya se abre un procedimiento judicial».

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Querellas por coacción

Durante la reunión se abordaron los problemas derivados de la negativa de la Autoridad Portuaria para cobrar las cuotas por el permiso de atraque, un pago que está domiciliado y que desde principios de este año no se les ha pasado a los afectados, según afirman. En ese sentido, el letrado les ha indicado que deben ingresar en la cuenta de la institución la cuantía establecida y aclarar el concepto. Además, sugiere, deben bloquear la posibilidad de que ese dinero sea devuelto.

En el caso de que, tal como ha ocurrido ya, se bloqueen las tarjetas de acceso a los pantalanes, deben solicitar su reactivación presentando la copia del ingreso, preferiblemente acompañado por alguien, y si no lo hacen «se puede presentar una querella por coacción».

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Ni él ni los afectados conocen si en algún puerto de titularidad pública del Estado ha ocurrido algo similar, pero consideran que estos «deberían ser aún más cuidadosos en el respeto de los derechos fundamentales de las personas» que los privados.

La estrategia de Chanquete

Alexis Bethencourt es otro de los abogados que está asesorando a las personas que residen en barcos atracados en el muelle y representa a una familia que fue estafada y vive en un velero semihundido que no ha recibido aún la carta de la Autoridad Portuaria.

A quienes se le han acercado para consultar la situación, les ha explicado que además de los pasos administrativos y judiciales que puedan adoptarse, la última de las estrategias es la del «barco del Chanquete», refiéndose a una serie televisiva de la década de los 80, Verano Azul, en la que un grupo de amigos impidió que se llevaran el barco de un amigo evitando que la embarcación estuviera vacía.

Mientras haya una persona dentro del barco, la Autoridad Portuaria no puede proceder a su remolque, afirma el letrado que añade que esta medida es igual de efectiva si hay un animal, basándose en la nueva Ley de Bienestar Animal. «No pueden moverlo si hay alguien porque es una operación muy delicada y si durante el traslado el barco naufraga, la marina es la responsable civil y los operarios, la penal, o, incluso, ambos».

No obstante, Bethencourt considera que la situación no llegará a esos extremos porque «hay serias dudas sobre la legalidad de esta ordenanza, que nunca le puede a una ley estatal porque rompe con la jerarquía de las leyes y no hay una norma superior que prohíba que se pueda vivir en un barco en un muelle deportivo».

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