Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria: «La marina no es un barrio residencial de Las Palmas de Gran Canaria»

La presidenta de la Autoridad de Las Palmas, Beatriz Calzada, defiende que «la marina no es un barrio residencial de Las Palmas de Gran Canaria» y que, por tanto, es necesario regular su uso y desalojar los barcos que están siendo usado como residencia habitual del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas.

En las últimas semanas se han remitido cerca de una veintena de notificaciones a las personas que viven en los pantanales de la Dársena de Embarcaciones Menores conminándoles a retirar sus barcos en un plazo de diez días hábiles, basándose en el artículo 4 de la Ordenanza para la gestión, uso y explotación de este espacio, que recoge que «está terminantemente prohibido el uso del puesto de amarre por embarcaciones de recreo destinadas a vivienda o residencia habitual», así como aquellas «en explotación con fines de alquiler vacacional, ya sea entre particulares o a través de plataformas electrónicas o empresas».

La llegada de estas cartas ha movilizado a las personas que residen en sus embarcaciones, entre quienes se encuentran varias familias con menores de edad, que han solicitado asesoramiento legal y están presentando recursos de alzada a la orden, y no dudan en recurrir a los tribunales si la Autoridad Portuaria sigue en su empeño.

«Situación complicada»

Beatriz Calzada reconoce que esta es una «situación complicada» y entiende «perfectamente que se movilicen y no les satisfaga esta decisión, pero el Puerto tiene que actuar». En ese sentido, añade que se trata de «dominio público portuario, de un espacio que es público que está regido por la Ley de Puertos del Estado, que establece muy claramente cuáles son los usos que se permiten y residir o habitar no es uno de ellos».

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Asimismo, explica que la proliferación de casos de personas que viven en el muelle no es nueva y «la administración tiene que actuar ante esto porque se dan situaciones que no deberían haberse permitido». Si no se actuara, añade, la Autoridad Portuaria estaría «haciendo una dejación de sus funciones».

Los pasos que se están dando, asevera la presidenta de la institución portuaria, se están «haciendo en un cumplimiento escrupuloso del procedimiento administrativo para no generar ningún tipo de indefensión a estas personas, es decir, no se hará nada que no esté permitido hacer y llegados a un punto de tener que realizar un desahucio, obviamente, tendrá que ser previa orden judicial».

En tránsito

Beatriz Calzada agrega que la «marina no tiene los servicios que tiene cualquier barrio residencial de Las Palmas de Gran Canaria y no es un espacio habitable» y solo está preparado para albergar buques en los que vivan personas solo de forma temporal.

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«Una cosa es residir con carácter de permanencia, que no está permitido, y otra es cosa son esos navegantes que vienen y que van de una marina deportiva a otra por todo el mundo y que están en tránsito, atracan y están 15 días, un mes o tres, y después van a continuar». Estos casos, «son distintos a estar empadronados».

Vulnerabilidad social

La Autoridad Portuaria , afirma su presidenta, no dispone actualmente una cifra exacta de casos, aunque los afectados aseguran que en este momento hay más de 70 embarcaciones en el Muelle Deportivo que están siendo utilizadas como vivienda habitual. En algunso de sus los casos, afirman sus habitantes, ha sido por decisión propia, como ocurre con uno de ellos que cuando tuvo la oportunidad vendió su casa para comprar un velero y cumplir el sueño de vivir en él. Sin embargo, hay otros que son porque no tienen opciones para acceder a una vivienda convencional por su situación económica y por las crisis habitacional.

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«Si hay situaciones de emergencia habitacional, es decir, personas que están en esos barcos porque no tienen donde residir, eso es un problema diferente», sentencia Beatriz Calzada, que apostilla que en esos casos habrá que trasladar «a la administración competente de que hay personas que están viviendo ahí porque no tienen otra opción, pero ese no es un problema que tenga que solventar el Puerto».

«Un barco, salvo que un juez determine lo contrario, no tiene las condiciones de habitabilidad que se le exigen a cualquier edificio o cualquier espacio donde sí se puede residir y que, por lo tanto, sí es habitable», concluye.

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