Llamamiento para frenar el desahucio de ocho familias en Las Palmas de Gran Canaria

Ocho familias del Edificio Victoria en la calle Nicolás Estévanez -cerca del Parque Santa Catalina- han recibido la notificación de que serán desahuciadas el próximo jueves 13 a las 10:00 horas. Estos residentes están en condición de vulnerabilidad y reclaman que se les ofrezca una alternativa habitacional antes de abandonar sus hogares. Los vecinos firmaron sus contratos de alquiler con la inmobiliaria Inmohome Canteras, que tras quebrar vendió el inmueble a la Sareb, más conocido como el banco malo. En 2024, la Sareb ya intentó proceder al desahucio de los residentes, pero ante la presión de los medios de comunicación, lo aplazaron por "riesgo reputacional". Ahora, los residentes apoyados por la Asamblea Vecinal Derecho al Techo, piden la colaboración ciudadana para impedir el desahucio. "Queremos que a las nueve de la mañana esté la máxima gente posible en la puerta para que no entren a sacar a estas vecinas", reclamó Andrea Farah representante de la asamblea en una reunión con los medios.

Entre los afectados se encuentran dos menores y un bebé, así como personas mayores y enfermas. Eddia Aziza tiene una patología crónica pulmonar, por la que viajó desde el Sáhara hasta Gran Canaria para tratarse en el Hospital Doctor Negrín. En 2022 alquiló su vivienda y no faltó a un pago, y a pesar de ello, en 2024 tanto ella como el resto de residentes se encontraron con una notificación que les pedía abandonar las viviendas. "La empresa que cobraba los recibos de alquiler quiebra y el banco al quedarse con las hipotecas es cuando la Sareb compra y no tiene en cuenta que la gente que está aquí está con contrato, sino que interpreta que son okupas", explica el integrante del grupo jurídico de Derecho al Techo, Javier Marrero. "Hay derechos que están vulnerando porque primero hay que cerrar ese contrato para luego tomar acciones, no son okupas, son personas que han pagado regularmente su alquiler y con contratos totalmente legales", añadió.

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Informe de vulnerabilidad

Azzia detalla que la búsqueda de un nuevo hogar no es tarea fácil ante los altos precios de alquiler de Las Palmas de Gran Canaria. "Las inmobiliarias piden unos requisitos que no entran en la cabeza, un avance de alquiler, un alquiler del mes y un avance tercero para la inmobiliaria", lamentó. Los vecinos aseguran que no se les ha ofrecido alternativa habitacional en ningún momento, por lo que tienen miedo de terminar en la calle si el desahucio se llega a realizar. Derecho al Techo ha solicitado la paralización del desahucio en el Juzgado número 8 de Las Palmas y también la realización de un informe de vulnerabilidad de los afectados. "No ha habido una intervención desde los Servicios Sociales para conocer la situación de vulnerabilidad de estas personas, por eso se le pide al juez que el Ayuntamiento venga a realizar los informes de las familias para que se vayan buscando las soluciones adecuadas", señaló Javier Marrero.

"Son personas inmigrantes y esa vulnerabilidad todavía se agrava más por desconocimiento del idioma y por no conocer todavía la zona adecuadamente", comentó Marrero, que lamenta que los inquilinos no conocen sus derechos y se sienten desprotegidos.

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Andrea Farah representante de asamblea vecinal detalló que es una coyuntura compleja porque también hay viviendas okupadas, propietarios y otras subarrendadas: "Estas personas ni siquiera saben de la situación de su propio edificio". Farah espera que la ciudadanía conozca los entresijos y actuaciones del banco malo, un organismo creado en 2012 con el objetivo de comprar los inmuebles de propiedad de los bancos a precios más bajos para sanear las cuentas. "Queremos que sepan que hay un banco, que es público en el 50%, que en vez de coger casas en situación de precariedad y ayudar a las vecinas -que se supone que es lo que tendrían que hacer-, las echan para venderlo al mejor postor", denunció.

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