El banco malo suspende el desahucio de las ocho familias de Las Palmas de Gran Canaria

La Sareb, más conocida como el banco malo, ha suspendido el desahucio de las ocho familias de la calle Nicolás Estévanez, 8. Los vecinos, apoyados por la Asamblea Vecinal Derecho al Techo, venían reclamando una alternativa habitacional, ya que muchos de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad con menores o personas enfermas a su cargo. "Hemos decidido suspenderlo porque no estamos dispuestos a que las familias se queden fuera, pero esto es una cooperación de todos", señaló la procuradora de la empresa semipública Gloria Mora.

No es la primera vez que el banco malo intenta desahuciar a estos vecinos. El primer intento fue en 2024, pero se paralizó por la presencia de la televisión. "Con un abogado se personarán en los juzgados los papeles de vulnerabilidad. Entonces, se tendrá que ir probando e iremos poco a poco para ver cómo solucionamos todo", detalló Mora este jueves. El Juzgado número 8 de Las Palmas ya había resuelto este miércoles la paralización del desalojo de una de las familias por su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las otras siete no tenían documentación que avalara su incapacidad para acceder a otra vivienda. "Con respecto a las otras nunca llegaron esos informes, creemos que nunca se solicitaron a quien correspondía", informó la abogada de algunos de los residentes, Isabel Saavedra.

Emigrar por salud

La mayoría de los afectados son saharauis que emigraron a Canarias por problemas de salud y también una venezolana, que huyó de la situación de peligrosidad de su país. Elatmoi Ambrka, una mujer de 70 años, empezó un tratamiento de diálisis en el Sáhara ocupado, pero las condiciones sanitarias no eran las adecuadas, por lo que empeoró severamente. "Al principio iba y venía, pero luego ya se quedó a vivir aquí", contó su hija Dahi Khadija.

Eddia Aziza vive con una enfermedad crónica pulmonar y también viajó a Gran Canaria para tratarse en el Hospital Doctor Negrín. "Simplemente no queremos quedarnos en la calle, nos iríamos a cualquier sitio en el que nos acojan", afirmó. "Nosotros queremos pagar", exclamó el vecino Ahamed Salen desde la escalera. "Gracias a toda la gente de España y de Canarias que ha venido aquí para ayudar", añadió Salen. El traductor y portavoz de los vecinos, Budda Mohamed, defendió que la mayoría de las residentes afectadas cuentan con patologías y menores a su cargo, lo que demostraría sus dificultades para encontrar un nuevo hogar, sobre todo con los altos precios de alquiler en la capital. "Gracias a los que hicieron un esfuerzo con las familias saharauis que viven en este edificio de La Victoria, en el que nosotros personalmente hemos ganado una victoria", comentó Mohamed.

Por su parte, Ingrid Colmenares tiene dos trabajos, al igual que su marido, pero no pueden acceder a un alquiler porque no tienen contrato. Estudió Relaciones Internacionales en Venezuela, pero desde que llegó al Archipiélago hace seis años ha trabajado en la hostelería y como limpiadora. Su objetivo es homologar el título, pero necesitará ahorrar por lo menos 1.000 euros para la gestión, un gasto que no se puede permitir. La inquilina agradeció el apoyo ciudadano y la presión mediática que consiguieron frenar los desahucios.

Quiebre de la empresa

Las ocho familias firmaron el contrato de alquiler con la empresa Multiinversiones a través de la comercialización de Inmohome Canteras. La empresa desapareció por impagos y vendió los pisos a la Sareb, que desde entonces considera que los vecinos están en situación irregular. Por su parte, los residentes reclaman que cuentan con un contrato de alquiler en regla y el cumplimiento de todos sus cuotas. "Consideramos que junto al logro de la paralización de este desahucio, en el que no había ninguna oferta de realojo, también se ha dado un gran paso en la intención de ofertar alquileres sociales. La Sareb y las diferentes administraciones tienen la obligación de crear viviendas con alquileres accesibles y alejarse de la especulación", señaló Alejandro Marrero, miembro del grupo jurídico de Derecho al Techo.

"Intentaremos que sigan en sus viviendas porque son familias trabajadoras, algunas refugiadas políticas y otras españolas como nosotros. Por tanto, vamos a luchar por ellas y vamos a intentar que no tengan que salir de estas viviendas, porque son sus hogares", adelantó Saavedra. La letrada aseguró que ninguna de estas familias se hubiera quedado en la calle si llega a producirse el desahucio porque Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino ya tenía preparada una solución alojativa, aunque el objetivo era su paralización para trabajar en una solución habitacional para todos los afectados. 

Suscríbete para seguir leyendo