Estafas inmobiliarias en Canarias: Las tramas que intentaron apropiarse de viviendas ajenas

47 vehículos, relojes de lujo y una ristra de joyas. Es el botín con el que, según la Fiscalía, se hicieron el dueño de una gestoría, un empleado público del Catastro de Las Palmas y un falsificador de documentos tras manipular las inscripciones de 141 fincas para arrebatárselas a sus respectivos dueños. El conocido como caso Catastro es una de las mayores tramas inmobiliarias que se recuerdan en el Archipiélago y se resolverá en los próximos meses en un macrojuicio ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. Sin embargo, existen otros precedentes de grupos que han pisado los juzgados acusados de intentar apropiarse de viviendas ajenas. 

Canarias cuenta con 1.088.728 viviendas registradas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2021. Casi un 20%, vacías. El modus operandi más habitual de las estafas relacionadas con los catastros consiste en burlar todos los controles del Ministerio de Hacienda para poner la titularidad de fincas, viviendas o solares vacíos o en trámite de asignación de herederos a nombre de terceras personas. 

Es así, de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, como habrían operado las tres personas acusadas de falsificar expedientes para quedarse con fincas rústicas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote entre 2011 y 2016. Todos ellos niegan los hechos que se les imputan y han rechazado esta semana alcanzar un acuerdo de conformidad, por lo que siguen afrontando penas que van desde los 9 años y 11 meses hasta los 17 años de cárcel. Otras dos personas también habrían participado, presuntamente, pero han fallecido antes de llegar a juicio. 

Los vecinos de Corralejo logran la primera victoria penal tras una absolución recurrida y más de 100 pleitos civiles

Los delitos que les atribuye el Ministerio Público son falsificación en documento público, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Esta parte sostiene que se valían de la información a la que tenía acceso José María C. F. como propietario de una de las gestorías más importantes de Gran Canaria (Carbonell Fernández Gestión Catastral), para fabricar contratos de compraventa falsos y presentarlos ante la gerencia territorial. Allí trabajaba un funcionario identificado con las iniciales J. O. M., que tenía la capacidad de alterar la titularidad catastral de las fincas. 

La versión de la Fiscalía de Asuntos Económicos es que el empleado público aceptó documentos con pleno conocimiento de que eran falsos y se saltó todos los procedimientos que debía seguir con el objetivo de darles legitimidad. Fue compañero de trabajo, durante un tiempo, del dueño de la gestoría. En los expedientes bajo sospecha faltaban datos como el registro de la fecha de entrada, en otros no se dio audiencia a las personas afectadas o bien no se notificó el cambio de titularidad. Los trámites se completaron, en definitiva, en un tiempo exprés.

Otro de los más mediáticos es el conocido como caso del Casco Viejo de Corralejo, con más de 100 sentencias favorables a los vecinos por la vía de lo civil. Ha llenado multitud de páginas en prensa, ha generado un colectivo de afectados y cuenta, incluso, con un libro. Sin embargo, la primera responsabilidad penal llegó con más de una década de retraso y se dio a conocer esta semana con la condena de un año y cuatro meses de prisión que impuso un Juzgado de lo Penal de Puerto de Rosario al empresario y expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Fernández Pérez. La resolución judicial lo considera autor de un delito de estafa por simular un negocio jurídico para evitar cumplir una sentencia que reconocía la titularidad a los dueños de la conocida como casa de los cazadores.

Tenerife tuvo su propio ‘caso Catastro’, con funcionarios acusados de cobrar sobornos que resultaron absueltos

Sin embargo, el pleito principal que sentó en el banquillo a una decena de empresarios se ha saldado, hasta el momento, con una sentencia absolutoria por parte de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, la misma que también asumirá el caso Catastro. El argumento, para unos hechos que se remontan a hace más de 20 años, es que las acusaciones no eran precisas y faltaban pruebas para certificar el perjuicio que causaron. El colectivo de afectados, sin embargo, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que está pendiente de resolverse.

Los perjudicados son vecinos del casco histórico que no tenían sus viviendas registradas porque las heredaron y nunca llegaron a regular su situación. Denunciaron por las distintas vías que una serie de empresarios, conocedores de estas circunstancias, se aprovecharon para inscribirlas a sus nombres y trataron de arrebatárselas. La mayoría de las víctimas son personas mayores y muchos ni siquiera llegaron vivos a juicio.

Absoluciones previas

Tenerife también tiene su propio caso Catastro, que sentó en el banquillo en 2018 a 14 personas y terminó, una vez más, con absoluciones. Los acusaban de delitos como cohecho u organización criminal por, supuestamente, formar una trama que cobraba sobornos por realizar gestiones catastrales. Sin embargo, la sentencia absolvió a todos los acusados por falta de pruebas. 

La supuesta trama, según sostuvieron las acusaciones, habría involucrado a funcionarios del Catastro de Tenerife y notarios. Tres de estos empleados públicos llegaron a ingresar incluso en prisión provisional durante seis meses antes de resultar absueltos. La Fiscalía sostenía que uno de ellos utilizó sus claves de acceso al sistema de gestión catastral para resolver expedientes relacionados con la subsanación de discrepancias en fincas. Le acusaron de saltarse el procedimiento establecido y de recibir a cambio importantes sumas de dinero. 

Los vecinos de Corralejo, indignados por el fallo sobre el casco viejo

Sin embargo, todo esto quedó desmontado en la sentencia. La Audiencia Provincial de Tenerife no consideró acreditado que dos funcionarios carecieran de competencias para modificar los expedientes bajo sospecha ni se pudo probar en otros casos si la realidad catastral de las propiedades se modificó por las actuaciones de los acusados.

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