Cuatro años de beca y un examen práctico: Los cambios para convertirse en juez y fiscal

Las oposiciones para convertirse en jueces y fiscales cambiarán por completo con la reforma de la Ley del Poder Judicial que prepara el Gobierno y que pretende facilitar la incorporación de nuevos profesionales y equiparar oportunidades entre los aspirantes. Los cambios se traducirán en suprimir la prueba oral que debían superar hasta ahora por un análisis de un caso práctico e introducir un sistema de becas de cuatro años de duración con una cuantía que no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Otras medidas, como la agilización del cuarto turno o la regularización de los jueces sustitutos, persiguen aumentar el número de profesionales de la Administración de Justicia para poder hacer frente a la alta litigiosidad que sufren regiones como Canarias.

Sin embargo, algunos aspectos de esta reforma han sido cuestionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces exigió en un informe que el cambio cuente con suficiente tiempo de adaptación para que no perjudique al sistema primario de acceso a la carrera judicial. "Son unas oposiciones difíciles que conllevan años de preparación. Lo que se solicita es la existencia de un periodo de un vacatio legis para que la gente se vaya adaptando porque no puedes cambiar el sistema una vez que empiezas a estudiar, de forma sorpresiva o inopinada" apuntó el juez decano de Las Palmas, Juan Avello Formoso.

Los ejercicios consistirán así en un primer examen tipo test eliminatorio que evaluará a los aspirantes sobre el temario y las novedades jurisprudenciales y doctrinales. La segunda prueba que se mantiene es de tipo oral y versará sobre derecho constitucional y de la Unión Europea, derecho civil y penal, pero se busca no reducirla a una mera exposición memorística. La novedad radica en una tercera prueba escrita en la que los opositores deberán resolver uno o varios casos prácticos sobre derecho civil y penal. Se valorará su capacidad de redacción y argumentación, la aplicación de la lógica, el razonamiento y la motivación de los supuestos que se valoran.

Canarias necesita al menos siete nuevos juzgados y cuatro plazas para afrontar la sobrecarga de pleitos

Las críticas se enfocan, por otra parte, en las modificaciones del cuarto turno al reconocer a los juristas de reconocida competencia cinco años de servicios prestados en el orden jurisdiccional por el que hubieran accedido a la carrera judicial. El CGPJ considera que este reconocimiento automático introduce un factor discriminatorio que perjudicaría a quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez y accedan por el turno libre.

Otro de los cambios que está en el punto de mira es el bloque de medidas destinadas a evitar un uso abusivo de los contratos temporales y a reducir la figura de los jueces sustitutos y magistrados suplentes a casos excepcionales de estricta necesidad. "En esta ley se afronta de una forma que no nos gusta a los jueces titulares y, por lo que tengo entendido, las asociaciones de jueces sustitutos tampoco están conformes. Al incorporarlos de esa manera se integran en el escalafón en un puesto que a lo mejor no se corresponde porque puede que hayas estado 10 años de juez pero no hayas estado los 10 años completos trabajando. Hay una posibilidad intermedia que es regularizar el empleo temporal de los jueces sustitutos mediante la creación de un cuerpo específico para esto", explica Avello.

Nuevas ayudas públicas

Lo que sí aplaude la carrera judicial es el nuevo sistema de becas. El juez decano de Las Palmas señala que "es una medida necesaria para favorecer la igualdad entre todos los ciudadanos porque no nos podemos permitir que quede talento en el camino por falta de posibilidades". Distintas asociaciones judiciales cuentan hasta la fecha con sus propios sistemas de becas, que se suprimirán para que estas ayudas pasen a ser asumidas por el sector público.

En el caso específico de Canarias, las medidas para aumentar el ratio de jueces son más necesarias que nunca al tratarse de la comunidad autónoma que concentra la tasa de litigiosidad más alta de España por sexto año consecutivo. En concreto, las últimas reclamaciones del Tribunal Superior de Justicia apuntan a la necesidad de implantar al menos siete nuevos juzgados y cuatro plazas en órganos colegiados para hacer frente a la sobrecarga de trabajo. 

"No solo hace falta la creación de nuevas plazas, sino que además van a hacer falta por las jubilaciones de los compañeros", apunta el juez decano de la provincia de Las Palmas. Con independencia de que los cambios puedan repercutir en un proceso más rápido o más lento, el magistrado señala que "lo importante es que haya una continuidad" y que todos los años salgan promociones con un número suficiente de plazas para, por lo menos, cubrir la tasa de reposición.