La obligación de mediar llega a Canarias para descongestionar sus juzgados

Una demanda civil o mercantil no podrá llegar a los juzgados sin haber intentado primero un acuerdo extrajudicial. Es una de las medidas que, desde el tres de abril, ha entrado en vigor con la ley de eficiencia de la justicia, que vuelve obligatorio acudir a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) para intentar reducir la alta litigiosidad que sufren regiones como Canarias, al frente del Estado en la tasa de pleitos desde hace seis años. En concreto, el Ministerio de Justicia prevé que la aplicación de esta norma permitirá agilizar uno de cada cuatro litigios en estas jurisdicciones y que, a nivel nacional, la carga se reduzca en 500.000 asuntos.

La ley persigue fomentar el uso de mecanismos que permitan resolver los conflictos sin necesidad de que un juez medie para dictar una solución. Las negociaciones se pueden llevar a cabo de forma directa entre las partes o con la intervención de un tercero neutral e independiente y se traduce en la práctica en figuras como la conciliación, la mediación o la oferta vinculante.

"Sabemos de antiguo que en España, y en Canarias en particular, no tenemos gran cultura de la conciliación o de buscar medios alternativos de solución de conflictos", explicó el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas (Icalpa), Rafael Massieu, en declaraciones a este periódico. Y es que las acciones específicas para evitar llegar a los tribunales solo han cuajado hasta la fecha en la jurisdicción social, que queda fuera de la ley porque ya cuenta con un acto de conciliación preceptivo. Solo en el año 2024, de cada 100 asuntos que entraron en juzgados de lo social, 41 terminaron en sentencia y 23 fueron conciliados.

Los letrados de Las Palmas ven con cierto "escepticismo" la norma, que en el pasado no ha tenido éxito

Lo que se retoma es una reforma que ya se intentó en el año 1985 y que ahora cuenta con distintos medios para intentar llegar a acuerdos sin pasar a los juzgados, con lo que se persigue reducir tanto la carga de trabajo de estos órganos como los tiempos de espera. Sin embargo, en el pasado los resultados no fueron lo suficientemente positivos y terminó desapareciendo como requisito. "Esperemos que ahora sí que puedan ser de ayuda porque el riesgo que existe es que si efectivamente no se alcanzara el suficiente número de acuerdos estaríamos incluso retrasando la acción de la justicia y evitando que el justiciable pueda acceder a la petición en el ejercicio de los derechos a los tribunales", aseguró Massieu.

El decano del Colegio cree que la ley debería inspirarse en el modelo anglosajón, donde sí que existe una cultura del acuerdo y este tipo de medios son muy requeridos. Señala que el porcentaje de asuntos conciliados en la jurisdicción social "no lo hay en otras jurisdicciones" y apunta a que quizás es así porque "nunca se ha planteado la mediación en un sentido positivo". Para conciliar cree que es necesario buscar un incentivo para que todos los operadores jurídicos estén estimulados positivamente.

Previsiones "poco realistas"

En cuanto a las previsiones que hace el Ministerio, Massieu lo ve "poco realista a corto plazo" porque, aunque "sería ideal que eso ocurriera", es "muy difícil alcanzar ese nivel de éxito". El propio Colegio de Abogados de Las Palmas desarrolló un proyecto piloto en el año 2024 junto a la Consejería de Justicia que intentaba impulsar la mediación civil y mercantil. La iniciativa fue muy demandada en asuntos de familia, donde ya existe una tradición, pero en el resto de jurisdicciones no tuvo el mismo éxito. "Los resultados fueron poco alagüeños. Esperábamos mucho mejor acogida a este proyecto y en la práctica no ha sido así", afirmó.

De cara a estos cambios, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia elevó una propuesta que persigue unificar criterios en la aplicación de los MASC para evitar que los operadores jurídicos difieran en cómo aplicarlos. "Eso es fundamental porque, en el siglo XXI, que los criterios unificadores no sean de ámbito estatal no me resulta de recibo y es lo que venía ocurriendo con los letrados de los partidos judiciales de la provincia de Sevilla o Granada", aclaró el letrado.

En líneas generales, los abogados de la provincia de Las Palmas ven con "cierto escepticismo" esta normativa porque en el pasado no ha tenido éxito. "A mí me gustaría que la experiencia realmente fuera positiva y que poco a poco se extienda esa cultura conciliatoria de la jurisdicción social al resto de las jurisdicciones, y creo que con el tiempo vamos a conseguirlo", reflexionó Massieu. La prioridad ahora, añade, es establecer unos criterios comunes porque cada letrado de la Administración de Justicia tiene su propia opinión de lo que quiere hacer en su juzgado y eso "lo único que hace es desorientar a los profesionales".

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