¿Quién está detrás del uso de drones para meter móviles en la prisión de Salto del Negro?
El uso de drones para introducir teléfonos en cárceles españolas pone en jaque la seguridad penitenciaria
El centro penitenciario Las Palmas I ya ha registrado más de 150 incautaciones
Vista general de la prisión de Salto del Negro. / ANDRES CRUZ
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Más de 150 móviles incautados en cinco años en la prisión de Las Palmas I (Salto del Negro). Una cifra que revela una tendencia creciente: el contrabando de dispositivos móviles dentro de los centros penitenciarios, cada vez más sofisticado y difícil de detener. El uso de drones para introducir estos aparatos plantea nuevas amenazas a la seguridad interna.
Un mercado negro que no deja de crecer
Los teléfonos móviles están estrictamente prohibidos en las cárceles españolas. Sin embargo, su presencia dentro de los muros se ha disparado. Entre 2020 y 2024, se incautaron 152 terminales solo en Las Palmas I. A nivel nacional, en centros gestionados por Instituciones Penitenciarias, la cifra se dispara hasta 12.882 móviles decomisados.
En 2024, ya se han requisado 2.884 dispositivos móviles en prisiones de toda España, 14 de ellos en Salto del Negro. Muchos de estos aparatos acaban en manos de internos especialmente peligrosos, incluyendo condenados por terrorismo, violencia de género o crimen organizado.
Drones: el nuevo método para introducir móviles en prisión
Las organizaciones criminales han empezado a utilizar drones como método para introducir teléfonos en los centros penitenciarios. Estos aparatos no tripulados permiten lanzar con precisión paquetes desde el aire, superando muros, controles y torres de vigilancia sin ser detectados. Para los funcionarios, suponen un riesgo prácticamente invisible y de difícil neutralización con los sistemas actuales.
Desde el sindicato ACAIP-UGT se alerta del peligro que representa esta técnica, aún poco documentada pero en crecimiento, que aprovecha la falta de tecnología moderna en las cárceles para burlar la seguridad.
Tecnología obsoleta frente a métodos cada vez más sofisticados
Los inhibidores de señal instalados en las prisiones ya no son eficaces frente a las redes actuales, ya que fueron diseñados para tecnología 3G. Los funcionarios denuncian la insuficiencia de medios humanos y materiales para frenar el tráfico ilegal de móviles, especialmente cuando los dispositivos son cada vez más pequeños, ligeros y fabricados con materiales que no activan los detectores de metales.
Este contexto obliga al personal penitenciario a realizar requisas exhaustivas, con una carga de trabajo elevada y sin garantías suficientes de detección.
Riesgos reales: violencia, extorsiones y control delictivo desde dentro
El acceso de los internos a móviles no solo pone en jaque la seguridad del centro, sino que permite continuar con actividades delictivas desde el interior, como el control de bandas, amenazas o violencia de género. Además, estos teléfonos generan deudas, conflictos y episodios de violencia entre presos.
La presencia de móviles afecta de forma directa al objetivo constitucional de reeducación y reinserción de los reclusos. Por ello, desde ACAIP-UGT se insiste en que este problema no puede recaer exclusivamente sobre la vocación y esfuerzo de los trabajadores penitenciarios.
¿Qué pide el sindicato penitenciario?
ACAIP-UGT reclama una respuesta urgente y coordinada por parte de la Administración:
- Inversión en tecnología de inhibición actualizada.
- Medidas contra el uso de drones en zonas restringidas.
- Refuerzo de personal y formación especializada.
- Planificación estratégica a largo plazo.
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