Nuevos empleados de UGT Canarias dicen que su labor en los cursos de Fundescan era "mínima"

Las acusaciones centran el juicio por el presunto fraude de subvenciones en demostrar que el sindicato justificó gastos de trabajadores que no se correspondían con la realidad

La Sala en un momento de la quinta sesión del juicio por el 'caso Fundescan'

La Sala en un momento de la quinta sesión del juicio por el 'caso Fundescan' / B. M.

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Una nueva tanda de empleados de UGT Canarias ha declarado este martes que las horas que les computaron por asistir en la organización de los planes de formación e inserción profesional que realizaba una empresa vinculada, la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), no estaban bien cuantificadas porque sus tareas en estos cursos eran "mínimas" o, en algunos casos, inexistentes. Las acusaciones que sientan en el banquillo a la cúpula del sindicato han centrado el juicio que se celebra ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en intentar demostrar que los gastos propios que justificaron con nóminas de sus trabajadores intentan ocultar mordidas de las subvenciones públicas que recibieron del Servicio Canario de Empleo entre 2006 y 2010.

Por el contrario, las defensas de los 13 cargos y ex altos cargos que se sientan en el banquillo basan su tesis en que UGT recibía unas ayudas públicas que derivaba en un alto porcentaje a Fundescan, pero reservaba una parte para sufragar los pagos a los trabajadores que promocionaban las actividades entre los empleados que pedían orientación, realizaban tareas administrativas para llevar un control de los alumnos o labores de contabilidad. Afrontan penas de entre uno y 16 años de cárcel por presuntos delitos de estafa y contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones.

En concreto, una testigo que trabajó para el sindicato desde 2007 hasta 2011 aseguró que sus funciones se ceñían a contabilizar los gastos generales y no se pudo explicar por qué le computaron hasta 1.570 horas anuales, la totalidad de su jornada laboral según el convenio colectivo, para la organización de los cursos. Para ella, los planes de formación suponían una "mínima parte" de su trabajo y su salario no varió pese a que se triplicó el número de horas que se le imputaron en concepto de formación. Además, permaneció un año y medio de baja médica y su nómina se incluyó, pese a ello, en la justificación de la subvención anual.

Trabajos puntuales

Otra empleada de los servicios jurídicos de la formación se enteró a raíz de la judicialización del caso de que le habían computado horas por estos planes, pese a que sus labores se limitaban a asistir a juicios y pasar consultas de afiliados. Los únicos trabajos para este fin consistían en recomendar a los trabajadores y responsables sindicales "que se formaran simplemente" y en acudir a las aulas para "explicar cosas puntuales".

El juicio continuará este miércoles con otros trabajadores del sindicato.

Tracking Pixel Contents