Un informe revela que el borrón en las cuentas de la fundación de UGT Canarias fue intencionado
Los auditores rechazaron la nueva contabilidad aportada por Fundescan al no poder comprobarse si los datos eran reales o no

La Sala escucha la declaración de uno de los administradores concursales de Fundescan. / B. M.

La contabilidad que reflejaba cómo gestionó la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), creada por UGT Canarias, las ayudas públicas que recibió en 2007 y 2008 para la impartición de cursos formativos fue borrada de forma intencionada, según un informe policial. Los administradores concursales que solicitaron esta revisión declararon este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Las Palmas que rechazaron las nuevas cuentas presentadas por la entidad al no poder constatar si los datos se correspondían o no con la información desaparecida.
La vista oral que sienta en el banquillo a la cúpula del sindicato se ha centrado hasta la fecha en intentar demostrar que 13 cargos y ex altos cargos se quedaron con mordidas de las subvenciones que recibían del Servicio Canario de Empleo, a las que habrían intentado dar una apariencia de legalidad justificándolas como gastos propios de sus empleados. En este sentido han citado a declarar antiguos trabajadores de UGT, algunos de los cuales han afirmado que sus tareas en los planes de formación eran mínimas o inexistentes pese a que les computaron cientos de horas bajo estos conceptos.
Según sostienen las acusaciones ejercidas por la Fiscalía, el Gobierno de Canarias y antiguos trabajadores de Fundescan que impartieron cursos que no pudieron cobrar, estos gastos iban en realidad destinados a cubrir actividades del sindicato ajenas al propósito de la subvención. Para negar que hubo un fraude y evitar responsabilidades, cree esta parte que los encausados colaboraron en la desaparición de la documentación de la fundación.
UGT pagó 1,3 millones de euros a alrededor de 200 acreedores por la vía mercantil
El responsable del área de contabilidad ya detalló que en junio de 2009 se encontraba preparando las justificaciones anuales de los planes de formación en su ordenador cuando, al cabo de un fin de semana, volvió a su lugar de trabajo y se encontró con que los documentos habían desaparecido. La semana anterior hubo un cambio de dirección y uno de los acusados, José Antonio Montesdeoca, salió de la fundación. Ante este incidente, el nuevo gerente, Carlos Ucha, le pidió al contable que reconstruyera una parte de los archivos y encargó el resto a una empresa externa.
Las irregularidades en los registros fue puesta de manifiesto en la auditoría a la que fue sometida Fundescan en 2011. Juan Ignacio S. G., el economista que actuó como administrador concursal en dicho procedimiento, recordó que solicitaron al juez de lo mercantil un embargo preventivo de 8,8 millones de euros, pero finalmente llegaron a un acuerdo por el que UGT Canarias asumía el pago de 1,3 millones de euros para los alrededor de 200 acreedores personados, en su mayor parte extrabajadores de la fundación.
En dicha resolución se reconoció el embargo contra el sindicato y, como responsables, contra los miembros de los patronatos anterior y posterior a la concesión de la subvención. Estos eran Alicia Rodríguez, Manuela Fernández, Antonio Martín, Juan Raúl, José Lorenzo López, Carmen Dumpiérrez, José Yanes y Carmen Guadalupe Parrilla, aunque el magistrado Emilio Moya matizó que dicho procedimiento no guarda relación con los hechos que se enjuician.
Concurso de acreedores
Los auditores señalaron la culpabilidad por una serie de causas como la tardanza en presentar el concurso, que la contabilidad no reflejaba una imagen fiel o el retraso en la colaboración con la administración concursal. En este mismo proceso se declaró como cómplice a la UGT Canarias y se fijó la cuantía final, en la que no se incluyó ninguna partida para la comunidad autónoma.
En dicho procedimiento voluntario, conforme manifestó el letrado de UGT Canarias, el sindicato renunció al cobro de los créditos a su favor que no fueron percibidos y que se correspondían con 2,5 millones de euros por salarios de trabajadores, especialmente de la isla de Tenerife. El otro administrador concursal que participó como abogado señaló que UGT pagó las responsabilidades fijadas.
El juicio continuará este martes con nuevos trabajadores del sindicato y se prevé que el próximo lunes, día 5, comiencen las declaraciones de los acusados.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Fiscalía Anticorrupción admite a trámite una segunda denuncia contra la Sociedad de Promoción
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria