El Gobierno llega a un acuerdo con UGT y se retira del ‘caso Fundescan’

El Gobierno de Canarias retiró ayer su acusación en el ‘caso Fundescan’ por el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas por UGT en los años 2006, 2008 y 2009 para cursos de formación a trabajadores ocupados, tras haber llegado a un acuerdo extrajudicial por el que ha recibido una compensación del sindicato de 430.000 euros.

En la última sesión del juicio contra los catorce acusados del caso, las otras dos acusaciones particulares que representan a 40 trabajadores de Fundescan también retiraron los cargos al haber recibido el pago de 232.634 euros por parte de UGT, responsable civil subsidiario que ha asumido el total de las indemnizaciones acordadas, que suman 662.634 euros.

La Fiscalía, sin embargo, se reafirma en la acusación por tres delitos contra la Hacienda Pública porque considera que esta «conducta de los procesados no puede quedar impune», al tratarse del «despilfarro de dinero de los contribuyente», si bien retiró el delito continuado de estafa, por lo que el tribunal absolvió a los tres procesados a los que solo se imputaba estos cargos: Carlos Ucha, Miguel Pérez y Jesús Trancho.

El fiscal Ricardo de Mosteyrin ha pedido al tribunal que tenga en cuenta como atenuantes los 15 años que ha durado el procedimiento a la hora de imponer la condena que reclama de dos años y medio de prisión por cada uno de los delitos de fraude, así como la reparación parcial del daño que se ha producido, ya que cifra en 778.249 euros la responsabilidad civil. En su informe final, Mosteyrin consideró que hay prueba suficiente para condenar a los acusados por haber destinado a un fin distinto el dinero de las subvenciones recibidas para cursos de formación y señaló a la secretaria general de UGT entre 2005 y 2009, Alicia Rodríguez —que también fue presidenta de Fundescan—, como la «máxima responsable».

La Fiscalía mantiene su acusación por tres delitos contra la Hacienda Pública retira el de estafa

«Quien mandaba era Alicia Rodríguez», enfatizó.

Además, señaló que el hecho de que se adhiriera al inicio del juicio a la acusación del Gobierno de Canarias, que ahora se ha retirado, no «genera indefensión» a los procesados ni le impide a él ahora defender el escrito presentado en su momento por el Ejecutivo, ante la oposición manifestada por los letrados de los acusados, que consideran que «ha quedado vacío».

La abogada de Alicia Rodríguez ha reclamado su absolución y ha señaló que no puede ser condenada solo por los puestos que desempeñó en UGT y Fundescan: «Ninguna acusación ha logrado probar hechos delictivos». Argumentó que de las subvenciones recibidas en 2006, el sindicato devolvió 424.000 euros al Servicio Canario de Empleo y «no ha quedado acreditado» el fraude que se le imputa.

En cuanto a las referidas a 2008, recordó que su defendida ya no era secretaria general cuando se justificaron, igual que las de 2009. Asimismo, subrayó que los fines de los contratos programas de formación se cumplieron y que, para ello, el sindicato puso todos sus medios y logró formar a 7.500 trabajadores en 2006 y a una cantidad similar en 2007.

El resto de las defensas también reclamaron la absolución de sus clientes y, en caso de ser condenados, uno de los letrados pidió que se tenga en cuenta las dilaciones indebidas muy cualificadas y la reparación del daño. Entre los argumentos esgrimidos, señalaron que las subvenciones fueron dadas por el SCE a UGT, que contrató el 100 % de la actividad formativa a Fundescan, salvo en 2009, y que el sindicato llevó a cabo acciones y justificó los importes que percibieron los trabajadores por difundir los cursos de formación. También incidieron en que los planes de formación se cumplieron.

El tribunal absuelve en la última sesión a tres de los imputados, Carlos Ucha, Miguel Pérez y Jesús Trancho

Además, alegan que no se entiende el motivo por el que debe responder Fundescan y «castigar a todos los miembros de su patronato» cuando las subvenciones se dieron a UGT, lo que tampoco implica la responsabilidad implícita de los miembros de la comisión ejecutiva del sindicato en esos años.

Las defensas también argumentaron que las acusaciones de la Fiscalía son genéricas y que no existe una participación individualizada sobre los hechos. Desde su punto de vista, no se puede «imputar de forma colectiva» a todos los patronos de Fundescan y los acusados no tenían competencias para justificar las subvenciones recibidas por UGT.

El presidente del tribunal, Emilio Moya, adelantó que en la sentencia analizarán y responderán a la cuestión planteada por las defensas en relación a que el fiscal no puede seguir con la acusación al haberse retirado el Gobierno de Canarias.

La sala tiene previsto dar a conocer su fallo la próxima semana, en consideración a la duración que ha tenido este procedimiento para los acusados. De las trece personas que se han sentado en el banquillo en este juicio, la mayoría se corresponde con antiguos cargos de UGT en Canarias.