Las Palmas de Gran Canaria, epicentro de la represión LGTBI en la dictadura franquista

Las Palmas de Gran Canaria fue el epicentro de la represión LGTBI durante la dictadura franquista en Canarias. Bajo el amparo de la Ley de Vagos y Maleantes, el juzgado abrió 192 expedientes de presuntos homosexuales desde 1954 hasta 1970, de los cuales 161 eran de Gran Canaria —y mayormente de la capital—, 28 de Tenerife y tres de Lanzarote. El activista e investigador Víctor Manuel Ramírez estudió este fenómeno en su reciente artículo El expediente especial de invertidos. La represión de las disidencias sexo-genéricas en Canarias tras su inclusión en la Ley de Vagos y Maleantes.

Ramírez explica estas desproporcionadas cifras por varios factores. Primero, la capital grancanaria era la ciudad más poblada del Archipiélago, sobrepasando a principios de los años 50 los 150.000 habitantes. La mayor densidad de población suele atraer a las personas disidentes, que prefieren el anonimato de las grandes urbes para expresarse libremente. Además, el Puerto de Las Palmas, pilar en la economía palmense, transformó la urbe en una metrópoli internacional, lo que la convirtió en una ciudad de mente más abierta. «También contribuyó la influencia de los ingleses, que instalaron sus empresas de importación y exportación aquí en las islas. Es decir, hubo una serie de factores diversos que crearon una dinámica en la propia ciudad en la que la diversidad era un valor importante», refleja Ramírez.

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Modificación de la ley

Por otra parte, el investigador apunta que Santa Cruz de Tenerife era la capital única del Archipiélago hasta 1927. En la isla vecina se reunían los centros administrativos y burocráticos, lo que lleva a Ramírez a pensar que eso provocó una menor visibilidad de la diversidad, un hecho que sí ocurría en Las Palmas de Gran Canaria.

Este ensañamiento con la capital grancanaria tuvo como consecuencia el exilio de las personas homosexuales, aunque es difícil de cuantificar. «Por ejemplo, Carla Antonelli se trasladó primero de Tenerife a Gran Canaria y luego a la Península. Barcelona fue uno de los lugares a donde se dirigieron porque pensaron que ahí había un poco más de libertad», destaca Ramírez.

La Ley de Vagos y Maleantes se modificó para incluir la homosexualidad en 1954 y fue derogada en 1970, pero fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que representaba una actualización y estuvo en activo hasta 1995. «Hay sentencias hasta los años 90 por prácticas homosexuales, es decir, que la represión duró mucho más allá de la finalización del franquismo y ya entrada la democracia», destaca.

Una represión clasista

La represión tuvo un carácter clasista, ya que la mayor parte de los encarcelados eran personas de estratos sociales más bajos, aunque se creaban expedientes de personas adineradas como abogados, médicos o empresarios. «El archivo inicialmente fue bastante amplio, pero si nos vamos luego a qué expedientes llegaron al Juzgado de Vagos y Maleantes, ahí la cosa cambia bastante», señala. Realmente fueron los casos excepcionales los que fueron condenados y encarcelados, ya que la mayoría fueron absueltos o tuvieron que pagar una multa. Sin embargo, el juicio popular nunca desaparecería, pues eran señalados y maltratados por sus propios vecinos o familiares. Sin ir más lejos, uno de los factores para que la policía abriera una línea de investigación sobre una persona eran los rumores que había sobre ella. «La condena social era inmediata. En muchos casos, la gente dejaba de estudiar por el acoso escolar que recibían y se iban de sus casas porque sus familiares no les reconocían o también llegaban a reprimir su identidad», señala Ramírez. Aquellos que dejaban sus hogares estaban destinados a la marginación y terminaban ejerciendo la prostitución o viviendo de la delincuencia.

A los afectados se les detenía por su expresión de género, en la mayoría de ocasiones porque tenían ‘pluma’, ya que era casi imposible encontrarlos in fraganti. «El mero hecho de expresarse de esa forma muy exagerada, con maneras de refinamiento, ya se consideraba un escándalo público y se les imponían unas multas, que si no pagaban eran sustituidas por 15 días de arresto», detalla el investigador. Si los arrestos eran varios, la Delegación del Gobierno remitía un informe al Juzgado de Vagos y Maleantes.

Aquellos que no tenían tanta suerte de ser absueltos o poder pagar eran dirigidos a alguna de las cuatro prisiones que existían en el Archipiélago. «La más conocida es la colonia agrícola penitenciaria de Tefía por la dureza del régimen, con malos tratos, humillaciones y trabajos forzados», expresa Ramírez. Pero no todos los sentenciados como invertidos iban a este centro penitenciario, sino también a aquellos ubicados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La ley establecía que la reclusión debía ser entre uno y tres años, por lo que la falta de una condena más concreta provocaba incertidumbre entre los presos. «No tenían un plazo específico porque se supone que ese tiempo era para ser rehabilitado y, en virtud de ese proceso, podrían estar más tiempo o menos», apunta. «Pero su rehabilitación era absurda e imposible», añade Ramírez. En las notas identificativas de estas personas, los policías hablaban de ‘incorregible invertido’ o de gustos personales como que tenían una ‘debilidad por los marineros’.

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