Desahucios en el Puerto de Las Palmas: los usuarios del Muelle Deportivo llevan al Consejo de Administración su expulsión

Las personas que residen en sus barcos en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas han elevado la defensa de sus derechos al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que este jueves aprobará las primeras ocho resoluciones a los recursos de alzada presentados a las órdenes de desahucio emitidas por la entidad.

Los afectados por la medida adoptada por la institución que preside Beatriz Calzada anunciaron en febrero que no se quedarían quietos ante lo que consideraban una injusticia y que no atenderían a la exigencia de abandonar en un plazo de diez días la Dársena de Embarcaciones Menores, tal como se les instaba a través de una notificación escrita, para evitar una multa que podía llegar a los 60.000 euros y que el Puerto trasladara la embarcación a tierra.

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El principal argumento para negarse a acatar la orden de desalojo ha sido durante estos más de tres meses que no hay ninguna ley estatal que prohíba que una persona pueda residir en un barco y que ellos cumplen periódicamente con los requisitos para estar atracados en uno de los pantalanes de la marina, aunque -añaden- desde principios de año la entidad ha dejado de pasarle los recibos domiciliados y se han visto obligados a ingresar por otras vías las cuotas.

Un artículo de la ordenanza

Por su parte, la Autoridad Portuaria asegura que esta decisión está amparada en el artículo 4 de la Ordenanza para la gestión, uso y explotación de la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 22 de enero. El texto recoge que «está terminantemente prohibido el uso del puesto de amarre por embarcaciones de recreo destinadas a vivienda o residencia habitual». También lo están aquellas que estén «en explotación con fines de alquiler vacacional, ya sea entre particulares o a través de plataformas electrónicas o empresas».

Asimismo, Beatriz Calzada, que asegura que la situación que se ha generado tras las órdenes de desahucio es «complicada», defiende que «la marina no es un barrio residencial de Las Palmas de Gran Canaria» y que es preciso regular su uso, algo que conlleva el desalojo de los barcos que están siendo utilizado como vivienda residencial en esta zona del Puerto de Las Palmas, algo que bajo su juicio se ha permitido durante muchos años.

No obstante, recalca que no se retirará ningún barco ninguna embarcación sin una orden judicial previa.

Camino al Juzgado

Precisamente en el Juzgado es a donde van encaminados los recursos de las personas afectadas, si el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria sigue los mismos criterios y la misma postura dela presidencia de esta institución, y este jueves rechaza las reclamaciones presentadas de forma individual por los propietarios de los barcos Clea, Acrobat, Bañaderos I, Catiago, Esperance, Mabelle, Nipper y Out of here, las primeras que llegan a este órgano.

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Decenas de las personas que recibieron esta notificación o están pendientes de recibirla han advertido que llegarán hasta el Juzgado, seguros de que la falta de legislación al respecto, les ampara. Entre los afectados se encuentran varias familias con hijos menores de edad y aunque la mayoría reside allí por decisión propia, hay quienes lo hacen por encontrarse en una situación de vulnerabilidad social.

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