Las Palmas de Gran Canaria debe pagar 14 millones por terrenos expropiados en La Isleta en 1989
El Ayuntamiento ocupó unos terrenos en Las Coloradas de manera ilegal para dotar de servicios al barrio sin dar compensación a los propietarios
Vista de Las Coloradas, con el suelo ocupado ilegalmente por el Ayuntamiento en primer término. / José Carlos Guerra
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar 14,5 millones de euros como indemnización por la expropiación de unos terrenos en La Isleta efectuados en 1989 sin compensación alguna. La parcela en cuestión corresponde con el suelo donde se encuentra el campo de fútbol de Las Coloradas. La sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió el pasado 13 de marzo un auto fijando la cantidad que debe abonar el Consistorio por un plan urbanístico de hace cuatro décadas.
El procedimiento tiene su origen en una sentencia de 2006 que reconocía los derechos de la Comunidad de Bienes Isleta Alta por unos terrenos ocupados por el Ayuntamiento capitalino en 1989 en Las Coloradas con el propósito de dotar al barrio de viales y otros equipamientos públicos. Dicha resolución indica que el consistorio denegó el pago de la indemnización «por silencio administrativo» en 2002. En aquel momento, los antiguos propietarios reclamaban 11,4 millones de euros por una finca de 43 hectáreas.
Según expone la sentencia, el Ayuntamiento indicó que esas parcelas «venían dadas de obligada cesión para estar al servicio del barrio» al generarse este «de forma clandestina y al margen de una ordenación y ejecución urbanística». Los propietarios no reconocieron la tasación del Consistorio, por lo que este consideró que «no» resultaba «admisible» que los terrenos «de cesión gratuita» resultaran «reivindicados por quienes incumplieron sus más elementales obligaciones».
Ocupación ilegal
Los terrenos en cuestión sirvieron para la construcción del campo de fútbol de Las Coloradas a partir de 1989, además de viales, un espacio libre con zona de merendero y el palmeral Nuestro Señora de Fátima, cuyos ejemplares murieron todos con el tiempo y no fueron retirados, ya secos, hasta el verano del año pasado. Todas estas intervenciones acreditan que el Ayuntamiento ocupó los terrenos, además de las facturas aportadas Endesa-Unelco al suministrar electricidad al campo.
A pesar de los argumentos del Ayuntamiento de la capital grancanaria, los tribunales aceptaron el recurso de los demandantes y les dieron la razón. El Contencioso-administrativo dictaminó que la ocupación de estos terrenos por parte del Consistorio fue ilegal por haberse realizado sin estar sujeta a «procedimiento alguno». De esta manera, instaba a restablecer «físicamente la realidad alterada y transformada» con el desmantelamiento de los equipamientos y una indemnización.
Palmeral muerto en Las Coloradas. / José Carlos Guerra
El auto emitido por el TSJC el pasado mes de marzo hace mención a una resolución de 2022 que establece la imposibilidad de ejecutar esta sentencia de 2006 puesto que la totalidad de los terrenos en disputa están calificados como dotacionales en el Plan General de Ordenación (PGO) vigente -espacios libres, deportivo, viales y cultural-. De esta manera, en lugar de restituir el estado original de los terrenos, apuesta por establecer una indemnización.
Las Coloradas
Los propietarios que demandaron al Ayuntamiento solicitaron por último 28,2 millones de euros a modo de idemnización. Esta cifra incluye el valor de los terrenos -se trata de suelo urbanizado para el que se tuvo en cuenta la edificabilidad existente en Las Coloradas-, un 5% adicional como premio de afección -es decir, compensación adicional a la expropiación- y otro 25% en concepto de daños.
El Contencioso-administrativo rechazó dicha cuantía y tras realizar su propio peritaje la rebajó a 14,5 millones de euros. El auto especifica que ambas partes «discrepan» de dicha valoración. Ante esta última resolución judicial no cabe recurso, por lo que la última cantidad fijada por el TSJC es la que deberá abonar el Ayuntamiento de la capital a los anteriores propietarios del suelo.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, apuntó este miércoles en Comisión de Pleno Económico-Financiera que la alcaldesa ha emitido un decreto que insta a agilizar el pago de sentencias pendientes, entre las que se encuentra este procedimiento. Durante su comparecencia, el edil hizo alusión a este pago de Las Coloradas por remontarse «a la época de Soria», en referencia al año en el que el Ayuntamiento denegó la indemnización por silencio administrativo.
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