Cardona mantiene que hubo un incumplimiento de los contratos con Emalsa
El entonces alcalde encargó una investigación a un grupo de técnicos que reveló una triplicación de las deficiencias del servicio de aguas en 2011 y 2012

El exalcalde de la ciudad Juan José Cardona declara como testigo ayer en el juicio. / Elvira Urquijo / Efe

El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardonaha mantenido este martes a la reanudación del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Las Palmas que hubo un incumplimiento de los contratos de Emalsa con el Ayuntamiento entre 2008 y 2012, aunque no puede afirmar de forma categórica que se produjera un perjuicio millonario para las arcas municipales. El entonces regidor puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y designó a un grupo de técnicos para analizar la actividad de la empresa mixta de aguas y las relaciones con sus socios privados. Los resultados de estos informes confirmaron sus sospechas y revelaron que un tercio del agua estipulada en las condiciones del contrato no se estaba depurando.
Uno de los técnicos municipales que evaluó la situación, Juan Manuel Betancor, evidenció que las deficiencias anuales se triplicaron, al pasar de 3.000 a 9.000 al final del periodo analizado. Tampoco se completaban las dos limpiezas que debían realizarse cada año en los 700 kilómetros de la red de saneamiento, las cuáles se quedaban en una primera acción preventiva y apenas alcanzaban un 15% de media. Todo ello debía acometerse, eso sí, con los mismos medios con los que contaban en 1997 cuando se establecieron las condiciones de prestación del servicio.
La conclusión del grupo, ratificada en la vista oral, es que estas aparentes irregularidades supusieron unos sobrecostes de más de 20 millones de euros, ya que se dejaban de depurar alrededor de 8.000 metros cúbicos de agua cada día. "Si había un déficit diario, había zonas en las que no se estaban depurando", aseguró el funcionario, que era por la fecha el más antiguo en el área de aguas del Consistorio, al tiempo que matizaba que no tenían "un procedimiento sancionador" ni podían "cuestionar la prestación de servicios, que en algúnas áreas no era correcta".
Un tercio del agua estipulada en el contrato no se depuraba, según el informe municipal
La intención de este informe, según aseguraron tanto Cardona como Betancor, era buscar un punto de encuentro entre la concesionaria y el Ayuntamiento, aunque el técnico cree que "no fue posible" porque conforme se fue investigando aparecieron "serias deficiencias". El deficiente mantenimiento provocó a su vez un "estado ruinoso" de las galerías de servicio de agua de abasto de Luis Doreste Silva y Las Canteras.
Esta causa sienta en el banquillo a 13 ejecutivos que enfrentan penas de entre cuatro y seis años de cárcel como presuntos autores de un delito de apropiación indebida o, subsidiariamente, de administración desleal: Pablo Abril Martorell, Laura Rivero Padrón, Gerard Thierry, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, José Manuel Calderero, Guy Christian Fournier, Oliver Brousse, Pierre Jose Claude, Alfonso Ignacio López Díaz de Durana, Juan Miguel Sanjuán Jover, Jesús Blanco García, José Luis Pérez Talavera y Rafael González Bravo de Laguna. Dos ejecutivos más están acusados de los mismos delitos en grado de cooperadores necesarios y son Pedro José Higueras Dávila y José Julio Artiles Moragas.
Costes desproporcionados
En el periodo denunciado el Ayuntamiento ostentaba el 34% de las acciones de Emalsa, Saur Internacional el 33% y Valoriza Agua el 33% restante, lo que constituía un 66% de participación de los socios privados. Cardona presentó su denuncia en diciembre de 2012 movido por una escalada de publicaciones en los medios de comunicación que ponían en duda la proporcionalidad de los costes de las adjudicaciones a Sercanarias, constituida por socios de Emalsa, Saur y Valoriza.
En ese momento, señaló el exregidor, Sercanarias estaba prestando "casi de manera monopolista" trabajos para la empresa de aguas de la ciudad. "Temíamos que pudiera ir en contra de Emalsa y del interés público", remarcó sobre el motivo de la denuncia, pues en ese momento sospechaba que podía existir un perjuicio de entre ocho y diez millones de euros, a falta del informe técnico para comprobarlo.
Los servicios se prestaban
En 2016, con los resultados en la mano, decidió presentar una segunda denuncia, pero en este caso contra el grupo de Gobierno presidido por Augusto Hidalgo. "El nuevo alcalde lo metió en un cajón y nunca más se supo", afirmó sobre la actividad del grupo designado, ya que sostiene que "no hubo ningún interés en continuar el trabajo de control" a pesar de cómo estaba la situación.
También matizó que los servicios contratados "se prestaban" y no había una "sensación de desastre". Cuando entró en 2011, según especificó, la deuda del Ayuntamiento con Emalsa era "importante" y "difícilmente podía exigirle el cumplimiento del contrato" cuando el Ayuntamiento aparecía como moroso, aunque la intención era reducir dicha cuantía.
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