"Nosotros sabíamos, con datos en la mano, que Emalsa no cumplía", declara un técnico municipal

Un funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que "eran constatables" los incumplimientos de Emalsa con las tasas de depuración y reciclaje del agua entre 2008 y 2012, así como la falta de limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento, a pesar de que la auditoría encargada a una empresa externa concluyó que las condiciones del contrato se estaban satisfaciendo. "Nosotros sabíamos, con los datos en la mano, que no cumplía", remarcó ayer en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial. 

Según sus cálculos dentro del grupo de trabajo que comprobó la gestión de la empresa mixta, un 60% del agua se vertía al mar sin depurarse, lo cual considera que "era un perjuicio" para los vecinos, que pagaban una tasa por este servicio y "esa agua no se depuraba". También terminaban en el mar, añadió, los lodos de la estación de Barranco Seco, a pesar de que contaban con una planta de biometanización en Salto del Negro que cree que nunca se llegó a emplear. 

Cardona mantiene que hubo un incumplimiento de los contratos con Emalsa

Para verificar sus sospechas decidieron encargar informes a dos empresas: uno de carácter técnico que debía elaborar Análisis Ingenieros y otro de asesoramiento jurídico a cargo de KPMG. 

El Ayuntamiento no podía ejercer acciones sancionadoras, según las condiciones de la concesión

El análisis encargado al equipo de ingenieros concluyó que no se hacían los trabajos según las condiciones estipuladas en el contrato que firmó el Ayuntamiento con Emalsa en los años 90. Aunque, según manifestaron las defensas, no se les permitió a los expertos realizar comprobaciones in situ con los técnicos de la empresa mixta. 

La segunda auditoría falló en sentido contrario y sus resultados fueron desestimados por el grupo de trabajo municipal . A criterio de este empleado público, el informe "pasaba de puntillas", no tuvo en cuenta la facturación de Sercanarias (empresa constituida por los socios privados de Emalsa) y "no sirvió de nada" porque les confundió. "Pensamos que nos equivocábamos nosotros, pero al someterlo a una serie de preguntas nos dimos cuenta de que no", aseguró. 

Dos informes

El Ayuntamiento pagó 94.000 euros a la empresa por realizar estos trabajos, aunque después les informaron de que Emalsa también les había abonado 240.000 euros por un segundo informe, un extremo que no llegó a comprobarse. 

A pesar de que el Ayuntamiento, en este punto, albergaba serias sospechas de que las condiciones del contrato no se estaban cumpliendo, no tenía soporte para poder incoar un procedimiento sancionador, ya que el pliego de adjudicación no contemplaba esta figura. También se ratificaron en las conclusiones de los informes otros tres técnicos que formaban parte del grupo de trabajo.

El cambio de sede fue aprobado por unanimidad

José Miguel Bravo de Laguna fue llamado a testificar por su etapa como secretario del consejo de administración de Emalsa y de Sercanarias, entre 2008 y 2011, antes de retomar su carrera política. Afirmó que el traslado de la sede a unas oficinas de Las Ramblas respondía a una petición del entonces alcalde, Jerónimo Saavedra, para recuperar las instalaciones del Obelisco para la capitalidad europea de la cultura. Esta decisión, añadió, fue ratificada por unanimidad en el consejo de administración, donde solo se expuso que el precio de la renta les parecía alto. 

En esa época era socio a su vez del despacho de abogados Gómez Acebo, al cual se le encargó un informe para evaluar si era viable contratar a Sercanarias. Solo votaron en contra dos concejales del Ayuntamiento, que por razones políticas preferían un concurso abierto, pero no vieron conflictos legales.

El juicio continúa este jueves con las declaraciones de nuevos testigos.

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