Eva Bajo, nueva directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas: "La escasez de personal es un lastre, necesitamos refuerzos"

Eva Bajo (Madrid, 1972) asume la dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (IMLCF) tras trece años como subdirectora. Especializada en violencia de género y contra la infancia, apuesta por la investigación y la especialización, impulsar el diálogo con administraciones y realizar cambios organizativos que mejoren los resultados del organismo. La nueva responsable pide un refuerzo de plantilla para hacer frente a todos los asuntos que llegan al IMLCF y que van mucho más allá del papel del forense que popularizan las series de televisión. En algunas áreas, explica Bajo, como en auxiliares de autopsia, sería necesario doblar el personal. Ajustar las peticiones a los recursos que poseen, reducir los tiempos de espera —hasta de dos años— y la apertura de la Casa de la Infancia serán algunos de sus caballos de batalla.

Ingresó en el Cuerpo Nacional de Medicina Forense en 2001. ¿Qué le llevó a decidirse por esa especialización?

En la carrera, cuando di la asignatura de Medicina Legal descubrí que era mi vocación. De repente, me enamoré de la especialidad y decidí que cuando terminase la carrera iba a preparar la oposición a médico forense. Digamos que es algo muy vocacional, no llego aquí por descarte.

Tras casi 25 años, ¿cómo describiría la evolución de las ciencias forenses?

En las últimas dos décadas, ha sido espectacular. Pasamos de un modelo de médico forense que prestaba servicio a un juzgado a un modelo de integración en los institutos de medicina legal. A lo largo de mi carrera he vivido esa evolución porque mi primer destino fue en un juzgado de primera instancia e instrucción en Icod de los Vinos. Por otra parte, las ciencias forenses han sufrido un avance muy importante, tanto en técnicas analíticas, por ejemplo, relacionadas con la toxicología o la genética forense, pero también en cuanto a la realización de autopsias y la incorporación de otros profesionales de la psicología o del trabajo social a las evaluaciones forenses. Es decir, una mayor multidisciplinariedad.

Llevaba desde 2012 ejerciendo como subdirectora, ahora asume la dirección. ¿Con qué se queda del legado de su antecesora, María José Meilán?

María José Meilán fue la segunda directora de este instituto. Guillermo Oliver, que fue el primero, se mantenía en un modelo un poco más estático en esa transición inicial entre ese médico forense de juzgado, como yo digo, a médico forense integrado en un instituto de medicina legal. Cuando asume María José Meilán la dirección, ella tiene esa visión mucho más clara de la especialización, del avance, de esa conexión con la evolución que estaban teniendo las ciencias forenses, y es el impulso que le dio al instituto en ese momento.

Hay áreas con más de dos años de tiempo de respuesta. Me toca poner los recursos en causas más urgentes

¿Tomará un nuevo rumbo el IML con usted al frente? ¿Qué aspectos son necesarios mejorar?

Cada cambio de dirección tiene que implicar un nuevo proyecto. En el que yo presenté hay áreas que me parecieron fundamentales. Por una parte, cambios a nivel organizacional para convertirnos en una auténtica administración del siglo XXI. Por otra parte, hay que hacer un esfuerzo por adaptar los procedimientos técnicos al estado de la evidencia científica. Necesitamos homogeneizar la forma en que actuamos. Además, se ha hecho una inversión de medios técnicos muy importante. Tenemos una sala de bioseguridad nivel 3 que muy pocos institutos de medicina legal en España tienen y eso, de alguna manera, nos obliga a tener algo que hasta ahora no ha habido mucho: la investigación. Tenemos posibilidad de analizar una gran cantidad de datos y muestras para aportar nuestra experiencia y que los IML de Canarias pueden ser punteros.

¿Para llevar a cabo estos cambios necesitan un refuerzo de personal?

Sin duda. Uno de los problemas endémicos es la escasez de personal y eso ha sido un lastre en los últimos tiempos. Tenemos que poder ajustar las peticiones al personal que tenemos, porque si no no vamos a poder dar respuesta. Hablas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y parecemos esa especie de pozo sin fondo, de agujero negro donde entra un asunto y no sabemos cuándo sale. Hay que intentar eliminar esa sensación. Cuando se creó en el año 2007, contaba con una plantilla de 18 médicos forenses. Ahora mismo somos 20 en Gran Canaria, cuatro en Lanzarote y tres en Fuerteventura. Es decir, se ha incrementado el trabajo y la necesidad de especialización, pero los forenses seguimos siendo los mismos. 

¿En cuánto está el tiempo medio de respuesta de los asuntos?

Depende del área. Hay algunas donde no hay tiempo de espera, como la estimación forense de la edad para los menores sin acompañamiento, por la naturaleza de esa prueba que tiene que ser rápida. En patología forense también porque es un servicio que tiene que funcionar sí o sí. Pero luego hay otras áreas en las que podemos tener un tiempo de respuesta que supera los dos años. Me toca poner el grueso de mis recursos en las causas más urgentes: causas con preso, temas penales, víctimas de violencia de género y víctimas de violencia contra la infancia. Y aun así tenemos hasta más de un año de respuesta. Una pericia extrajudicial en un accidente de tráfico no deja de ser privada. Mientras yo tenga mis listas de espera de niños aguardando a ser valorados por lesiones o maltrato, no puedo tener médicos forenses haciendo informes de valoración de daño corporal para un litigio en un procedimiento civil. Es un servicio que tenemos que prestar, pero cuando tengamos la plantilla saneada.

Para poder asumir todo, ¿hay una estimación de cuánto personal necesitan?

Sí, hicimos un informe hace dos años y hablábamos de un incremento de médicos forenses aproximadamente de un 11%, para pasar de 27 a 30. Nosotros tendríamos que tener con nuestro volumen de autopsias el doble de auxiliares, pasar de cinco a nueve. También de psicólogos, tenemos 10 y necesitamos otros 12. Igualmente con los trabajadores y educadores sociales. Sabemos que no nos van a dotar de todo, pero esas son las estimaciones que se les han pasado a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. 

Está especializada en malos tratos y violencia de género. ¿Cómo actúan los forenses en la valoración integral de estas víctimas? ¿Han aumentado las intervenciones?

Ha habido un incremento, por ejemplo, en las solicitudes que nos hacen en violencia hacia la infancia. Pero eso tiene un sentido y es por la creación del juzgado especializado. Hay más sensibilización y más respuesta, la sociedad es más proclive a denunciar esta forma de violencia. Hasta este año, en violencia de género han ido incrementándose las solicitudes que se nos hacen, excepto alguna bajada, que no es porque no haya violencia sino porque los jueces nos piden menos porque saben que no damos respuesta. Hemos reforzado el primer examen médico forense que se hace a la víctima de violencia de género. Tanto a la víctima como al agresor si se nos pide. Ya no solo se ciñe a las lesiones, sino que se hace una entrevista exhaustiva donde se valoran otras formas de violencia, es decir, si ha sufrido violencia económica, violencia sexual o si es una situación habitual. 

Esperemos que en breve empiece a funcionar la Casa de la Infancia, pronto estará todo listo

¿Qué diferencia ha habido desde la apertura del juzgado de violencia contra la infancia?

Ha cambiado de una manera espectacular. Antes la violencia contra la infancia, si no eran situaciones de abuso sexual denunciadas o situaciones de violencia muy graves, la mayor parte de las lesiones eran manejadas con informes a la vista de las partes. Con la creación del juzgado especializado, se investiga todo y se llega a que detrás de pequeños indicadores aparecen grandes formas de violencia. Esta es quizá una de las grandes lecciones que hemos sacado. Que la violencia contra la infancia hay que rascar un poco para sacarla a la luz porque no es fácil que se denuncie, sobre todo la violencia sexual. En un estudio que estamos pendientes de hacer, tenemos algunos datos, como que se pasa de una tasa de archivo cercana al 60% a un 0,7%. Todo lo demás sigue adelante y la mayor parte de casos llegan a juicio y la mayor parte de ellos a una condena. 

¿Cuándo empezará a funcionar finalmente la Casa de la Infancia?

Esperamos que en breve. Recientemente se ha instalado todo el sistema informático que nos faltaba. En los próximos días, nos va a llegar también una unidad de documentación forense. Entonces, prácticamente estará todo para poder empezar a trabajar. Nuestra situación ideal es crear un proyecto funcional de puesta en marcha de la Casa de la Infancia, contemplando opciones para dotarla de personal propio. Además, vamos a tener participación infantil. En ese diseño funcional va a participar VOPIA, un grupo de adolescentes y niños que colaboran en el desarrollo de las políticas del Ayuntamiento.

Eva Bajo asume la dirección del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas

En su ámbito la cooperación entre administraciones es fundamental. ¿Aboga por un mayor diálogo?

Otro de los ejes del proyecto habla de la necesidad ineludible de coordinación interinstitucional para muchos aspectos. Uno de ellos, en los casos de abordaje de maltrato infantil. Ahora en la atención a los niños hemos cambiado el modelo. Canarias esperó a sacar su protocolo a que estuviera publicado el nacional, pero es que el autonómico es mucho más firme. El diálogo entre administraciones nos ha permitido crear una serie de instrumentos de coordinación que hacen que ahora mismo estemos todos a golpe de teléfono. Yo estoy enterada de un caso de maltrato infantil en Fuerteventura donde tengo que activar un determinado recurso, pero conozco el caso a fondo porque la coordinadora ha hablado con el pediatra, ha hablado con las fuerzas y cuerpos de seguridad. El IML habla con ellos directamente. Eso ha mejorado muchísimo, da unos resultados espectaculares y no se puede abordar de otra manera. 

¿Qué hay de cierto en el papel forense que se ve en series como CSI?

Eso es real, es la parte que resulta más atractiva a la gente, quizá porque hay muchísimas series. De hecho, tenemos una avalancha de solicitudes de institutos y ciclos de formación superior donde en sus itinerarios curriculares tocan de refilón algo de medicina legal. Tenemos alumnos en prácticas siempre y se nos incorporan ya de cualquier especialidad. De repente aparece una estudiante de arte que está muy interesada en hacer fotografía forense. ¿Por qué hay ese interés? Porque hay un montón de series sobre toda la parte de investigación y de crímenes que resulta muy atractiva. Es una parte de nuestro trabajo que atrae vocaciones, pero el trabajo de médico forense es mucho más amplio. 

¿Algún caso que se le haya quedado especialmente grabado?

Muchos, muchísimos. Si hablamos en el ámbito de la patología forense, uno de los más interesantes fue el caso del Talio, hace ahora 12 o 13 años. Fue un envenenamiento progresivo de un enfermero a su mujer, que también era enfermera, con una historia clínica que era un auténtico rompecabezas. Nos permitió ver hallazgos que ya ningún médico forense moderno vería, como es una intoxicación por talio o por metales, que solamente se describe en los tratados de medicina legal porque la seguridad ambiental es muy alta. Y desde el punto de vista de clínica, lógicamente, el caso Kárate es el que más recuerdo por toda su repercusión. Además, tiene la peculiaridad de que hice la valoración de imputabilidad junto con otro compañero en el momento en el que iban a ir a juicio y pude valorar ese mismo caso 10 años después, cuando los juzgados de vigilancia penitenciaria lo solicitaron a otros efectos. Entonces, pude ver cómo ha evolucionado la sociedad respecto a ese hecho. 

La parte de la crisis migratoria que nos toca, la gestionamos bien, no nos supone un colapso

¿Cómo han hecho frente a la crisis migratoria y a esa avalancha de casos, por ejemplo, cuando hay un cayuco con muchos fallecidos, como ocurrió en El Hierro?

La gente piensa que son situaciones que nos colapsan y no es así. Esta semana estábamos en un ensayo de un accidente aéreo, el simulacro Canasar y ese tipo de situaciones con un número importante de víctimas sí que nos generan un colapso. El número de cadáveres que puede venir en una oleada pueden ser siete, ocho, diez o incluso más, pero eso no supera la capacidad de un instituto como este. Nos colapsaron en su momento las valoraciones de estimación de la edad, pero se desarrolló un protocolo y ahora mismo no se están realizando pruebas radiológicas innecesarias a las personas menores de edad, sino solamente las que son necesarias, con lo cual ahorramos tiempo. Es de lo que hacemos más rápido. Otras administraciones probablemente tengan muchos más problemas, pero nosotros esta parte que nos toca, lo gestionamos bien. 

El año pasado hubo polémica por el ortopantomógrafo guardado en una caja sin usar en Tenerife.

Canarias es una única comunidad autónoma con dos institutos de medicina legal con líneas funcionales y organizativas muy diferentes. No ha habido una coordinación de las formas de funcionar. Entonces, lo que es bueno para uno, a lo mejor no lo es para el otro. Me consta que va a haber un esfuerzo por parte de la viceconsejería de coordinar las actuaciones y que los dos institutos de medicina legal compartan líneas de trabajo comunes para que todos trabajemos igual, que no se puede decir que un niño en Canarias recibe una atención diferente si está en Tenerife o si está en Las Palmas. 

El Instituto de Medicina Legal acogerá a la Casa de la Infancia

Los fallecidos por llegadas en cayucos no suponen un colapso, pero, ¿representa una dificultad o la ha representado en algún momento el poder hacer frente a esa identificación o cotejar esa edad?

Primero hay que entender bien el tema de la estimación de la edad. Tienes que establecer una horquilla que te permita decir: esta radiografía es compatible con alguien entre esta edad y esta otra, y esta otra radiografía entre esta otra y esta otra. ¿Y qué hacen los fiscales? Lógicamente, siempre intentan tirar para abajo por garantías hacia el menor. No es lo correcto a nivel técnico, hay una observación del Consejo del Comité de los Derechos del Niño que dice que se deben minimizar las pruebas óseas que se realizan, y hacerlas solo en interés superior del menor. El enfoque de determinación de la edad tiene que ser biopsicosocial. Tienes que poder reunirte con ese niño, hablar con él, intentar indagar en sus antecedentes, sus expectativas, su edad psíquica. Pero también teniendo en cuenta los elementos culturales de sus países de origen. Nosotros hemos establecido una forma de determinación de la edad que nos hace ser eficientes, pero no quiere decir que estemos haciendo el trabajo como sabemos que se nos va a exigir que lo hagamos.

¿Cuántas actuaciones anuales asume el IMLCF?

La cifra de informes periciales, es decir, de expedientes que nos entran al año están en torno a los 10.000 de valoraciones de clínica. Las autopsias rondan las 1.000, por lo que suponen un 10% de las actuaciones totales del IMLCF. El resto son de medicina, clínica, laboratorio, etcétera. 

¿Y los suicidios?

Es otro tema que despierta mucho interés, tanto desde el área sanitaria como desde otros ámbitos. Ha habido un incremento estos últimos años, especialmente en la franja de población infantojuvenil. Cuando empecé a ejercer como médico forense, tardé más de una década en encontrarme un suicidio de un menor de edad. El primero que tuve me impactó, pero a día de hoy no es infrecuente. Se ha observado que es la primera causa de muerte no natural en población infantojuvenil. Hay un problema de salud mental importantísimo. Y las conductas suicidas o la ideación suicida consumada, es algo que estamos viendo con mucha frecuencia. Hay que abordarlo desde el punto de vista de la prevención y la detección, lo antes posible.

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