Las Palmas de Gran Canaria mantiene la petición de zona tensionada para frenar los alquileres

Guerra de informes en Las Palmas de Gran Canaria a costa de la crisis de vivienda. Mientras el informe presentado por el Ayuntamiento de la capital el pasado mes de enero señala que la ciudad cumple tres de los cuatro requisitos para ser declarada zona tensionada, el documento presentado la semana pasada por el Colegio de Economistas de Las Palmas por encargo de la empresa pública Visocan dicen todo lo contrario: que el sector en la ciudad todavía no alcanza dichos parámetros.

Pese a esto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en la declaración de zona tensionada para la totalidad del municipio y que el informe propio «sigue siendo la posición oficial del Consistorio» . Fuentes municipales subrayan que, según establece la Ley 12/2023, para aplicar esta herramienta -que permitiría congelar los precios del alquiler, entre otras medidas- es necesario iniciar un procedimiento preparatorio por parte de la administración competente, que en este caso es el Gobierno de Canarias.

Las mismas fuentes aclaran que «a día de hoy», el Consistorio «no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del Gobierno de Canarias que indique el inicio de dicho procedimiento, ni ha sido requerido [el Ayuntamiento] para participar en él, como establece la normativa vigente». En referencia al informe recién presentado por los economistas, apostillan que «sin esa comunicación formal» no pueden considerar cualquier tipo de análisis como parte de dicho procedimiento legal.

Informe técnico municipal

En este sentido, subrayan que «las administraciones públicas deben regirse por los cauces y garantías establecidos en el ordenamiento jurídico». Desde el Consistorio recuerdan que el Pleno municipal del pasado mes de enero aprobó un informe técnico que avala la petición para convertir el municipio de la capital como zona tensionada, según los parámetros y condiciones establecidas en la estatal de vivienda.

Aprobado con los votos del grupo de gobierno y con el rechazo de PP y Vox y la abstención de CC, el informe fue elaborado por los servicios municipales con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULGPC), «una institución con acreditado prestigio», subrayan desde el Consistorio. El equipo que lidera Carolina Darias apunta que este documento fue remitido al Gobierno canario y que siguen sin recibir una respuesta.

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que dirige Pablo Rodríguez (CC), cartera que encargó el estudio al Colegio de Economistas a través de Visocan, hace referencia al Decreto-ley 3/2025, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. Se trata de una norma autonómica que regula y desarrolla la declaración de zonas tensionadas, figura contemplada en la ley estatal.

Según dicha ley, debe ser el ayuntamiento interesado el que debe presentar una solicitud y elaborar un análisis del mercado inmobiliario que incluya valores como la evolución del nivel de renta de los hogares, los precios de la vivienda o el esfuerzo económico que significa acceder a una. Debe incluir también un plan de medidas. En este caso, el Ayuntamiento capitalino instó al Gobierno canario a dar el paso en abril del año pasado y en enero presentó el informe que requería la cartera que dirige Pablo Rodríguez.

Decreto ley autonómico

El decreto ley autonómico establece que el Gobierno canario puede «recabar la información adicional que considere necesaria» con el objetivo de comprobar que se cumplen los requisitos que establece la ley estatal. Esto es exactamente lo que ha hecho ahora la Consejería. Ahora, los técnicos deberán analizar este nuevo documento. Posteriormente el procedimiento deberá salir a exposición pública. Las mismas fuentes indican que el Gobierno canario tomará una decisión «fundamentada» en la información obtenida, sin entrar a valorar si habrá un informe u otro que pesará más.

El informe elaborado por los técnicos municipales -y que sigue defendiendo el Consistorio-refleja que la carga media de una hipoteca más costes adicionales supera el 30% de la renta media de los hogares de la capital y, además, se ha incrementado tres puntos en dos años. También apunta que las familias dedican de media el 38% de sus ingresos para pagar la renta y suministros básicos, ocho puntos por encima del límite establecido en la ley estatal.

Por otro lado, recoge que los alquileres han subido casi diez puntos en la última década, cuando el límite está en un 3% con respecto al IPC. En cambio, el estudio presentado por el Colegio de Economistas reseña que no se ha producido un incremento en los precios por encima de ese 3%. Además, según estos, la carga de la hipoteca o el alquiler en la capital grancanaria no supera el 30% del nivel de ingresos de las familias. Según el Colegio, el Ayuntamiento aplicó «más gastos» de los que especifica la ley estatal de vivienda.

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