Carolina Darias: "El Gobierno de Canarias no tiene interés en declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada"

"El Gobierno de Canarias no tiene interés en declarar a Las Palmas de Gran Canaria, al menos ya no declararla zona tensionada, sino abrir el procedimiento, porque hasta ahora no tenemos constancia de que se haya abierto", resaltó este miércoles la alcaldesa, Carolina Darias, en declaraciones dadas a los medios de comunicación. El Ayuntamiento de la capital grancanaria solicitó la declaración de zona tensionada a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en enero de 2025 para poder intervenir el mercado de la vivienda, adjuntando un informe que así lo justificaba. Desde entonces han estado a la espera de una respuesta, según han declarado Darias y el edil de Urbanismo, Mauricio Roque, en varias ocasiones.

La alcaldesa resaltó que la respuesta por parte del ejecutivo autonómico ha sido "nula" y precisó que "lo único que hemos podido saber ha sido a través de una pregunta realizada en sede parlamentaria o bien el último informe que hemos conocido por los medios de comunicación del Colegio de Economistas". Este último estudio al que Darias hizo referencia fue presentado a finales de julio y ha desatado la polémica, dado que, según sus conclusiones, la ciudad no cumple ninguno de los requisitos para ser zona tensionada. El estudio es un encargo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a través de Visocan.

"Un informe riguroso, exhaustivo"

"Nosotros adjuntamos un informe riguroso, exhaustivo donde analizábamos pormenorizadamente la situación de la ciudad, su evolución sociodemográfica en una proyección a 20 años vista", desarrolló Darias. Al mismo tiempo, recordó que dicho informe, elaborado en colaboración con la ULPGC, reflejaba que la capital grancanaria cumple con tres de los cuatro requisitos que establece la Ley de Vivienda 12/2023 para declarar una localidad como zona tensionada: un porcentaje de la renta superior al 30% para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler o un crecimiento en los precios de más del 3% con respecto al IPC de los últimos cinco años.

"Yo pienso en las personas que están destinando una parte importantísima de su sueldo, más del 30, el 40 o incluso el 53% al alquiler de una vivienda. Creo que esto no puede demorarse más", matizó Darias, haciendo referencia a estudios publicados recientemente por diferentes portales inmobiliarios. De ahí que les haya parecido "sorprendente" el resultado del estudio del Colegio de Economistas, "cuesta entenderlo", al tiempo que reafirmaba que el informe presentado por ellos en enero es de la "máxima fiabilidad".

El caso de A Coruña

La alcaldesa solicitó, una vez más, al Gobierno de Canarias "que responda, que abra el procedimiento y que podamos argumentar y seguir trabajando de manera conjunta y colaborativa para dar una solución o al menos una respuesta" al problema de la vivienda. "Lo que quiero es que se nos atienda", insistió. La declaración de zona tensionada debe ir acompañada de la apertura de un procedimiento por parte de la Consejería, que es quien las competencias. Esta debe ir acompañada de un informe y la Comunidad Autónoma, a su vez, puede presentar los suyos propios a modo complementario. Todo esto debe ir sometido a un periodo de exposición pública.

Darias recordó que la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, sí ha tramitado la declaración de zona tensionada para A Coruña, con una alcaldesa del PSOE. Una declaración que entró en vigor a principios de agosto y que estará vigente los próximos tres años. "Una ciudad con menor población, que no es tan turística como la nuestra, donde la vivienda vacacional no tiene el peso que tiene aquí, y aún así, ¿A Coruña ha sido declarada zona tensionada y Las Palmas Gran Canaria no? Creo que los argumentos están de nuestro lado", incidió.

También señaló que en Cataluña esta herramienta ya ha servido para bajar los alquileres, aunque de forma modesta. Según estudios recientes de la Generalitat, han bajado de un año a otro un 8,9%; aunque los pisos que se están alquilando son más pequeños. La Cámara de Propietarios limita el descenso al 3,2%.