La peste que Las Palmas de Gran Canaria decidió ocultar

Murieron cinco en menos de dos meses, y a saber si no más. Entre febrero y marzo de 1923, Las Palmas de Gran Canaria sufrió un nuevo brote de peste bubónica, una enfermedad que nunca había desaparecido del todo. El foco se concentró en el entorno del Puerto de La Luz y del barrio de La Isleta, y desató un contubernio en el que se mezclaron, cada uno a su manera, la política, la prensa y los estamentos sanitarios. Desde Tenerife también participaron en la refriega, para no perder la costumbre.

Casi un siglo después, el historiador Juan Francisco Martín del Castillo reconstruyó lo ocurrido. En las actas municipales encontró la prueba de que el Ayuntamiento había tratado el brote en secreto para no poner en riesgo la actividad del puerto, vital para la ciudad. En ese documento, el alcalde José Mesa y López admitía cinco muertes por peste bubónica y un último caso que la propia familia había intentado ocultar.

Las condiciones aún precarias del puerto y de muchas zonas de La Isleta propiciaron los nuevos casos. Los primeros contagios se dieron en familias pobres, en viviendas donde la presencia de ratas era habitual y la limpieza resultaba difícil. Los médicos municipales confirmaron la causa y notificaron las muertes, pero las autoridades insistieron en que el foco estaba controlado.

Nadie quería contar

En pocos días se contaron cinco fallecidos, y se sospecha que pudieron ser más, porque muchas familias decidían ocultar a sus muertos, o la causa de su muerte, para evitar que las autoridades declararan sus casas contaminadas, lo que podía implicar una desinfección forzosa y la pérdida de lo poco que tenían. El Ayuntamiento solo reconoció oficialmente los casos cuando el brote había terminado, nunca mientras estaba activo.

Aunque el brote se consiguió ocultar dentro de la ciudad, fuera no pasó del todo inadvertido. La Sanidad Marítima, dependiente del Ministerio de la Gobernación, fue informada y ordenó medidas preventivas: inspecciones, anotaciones de sospecha en las patentes de los buques y restricciones temporales en el puerto. Aquellas órdenes apenas duraron unos días, tras las protestas del consistorio.

La prensa fue un colaborador necesario. Sin su silencio no habría habido tal secretismo. Ningún periódico capitalino publicó una sola línea sobre la peste. Ni La Provincia ni el Diario de Las Palmas informaron de los casos, ni siquiera cuando el Ayuntamiento los reconoció en sesión secreta. El mutismo fue absoluto hasta que los diarios de Santa Cruz de Tenerife publicaron la noticia. Entonces la prensa grancanaria reaccionó, no para desmentir los hechos, sino para acusar a sus colegas de dañar los intereses del puerto.

Pleito insular a cualquier escala

En una pieza titulada La prensa tinerfeña contra el Puerto de Las Palmas, el Diario de Las Palmas publicó, el 16 de marzo, el mismo día en que el Ayuntamiento reconocería oficialmente lo sucedido, un editorial en el que negaba los hechos y acusaba a los periódicos de Santa Cruz de Tenerife de inventarlos «para dañar los intereses del puerto». Todo ocurrió en plena efervescencia del pleito insular, apenas unos años antes de la división provincial de 1927, cuando cualquier asunto servía para medir fuerzas entre las dos grandes islas.

El silencio institucional tenía una lógica. Reconocer la peste habría supuesto declarar el puerto «sucio» y, con ello, la paralización del tráfico marítimo. Ningún barco podría atracar, las mercancías quedarían en cuarentena y la ciudad perdería su principal fuente de ingresos durante semanas, quizá meses. El Ayuntamiento, quizá convencido de actuar en favor de un bien mayor, prefirió callar. Todos se alinearon alrededor del mismo miedo: que unos pocos muertos bastaran para romper la frágil estabilidad de la economía local.

Reproches a posteriori

Una semana y media después de que se diera por cerrado el brote, el Diario de Las Palmas publicó un largo editorial en el que, por primera vez, se mencionaba lo ocurrido, ya sin riesgo alguno de contagio. El texto reprochaba a la Sanidad Marítima y a las autoridades de Madrid haber exagerado los hechos. Sostenía que uno, dos o tres enfermos no justificaban medidas que ponían en riesgo el comercio del puerto y que el verdadero «caso de conciencia» era no dañar los intereses económicos de la ciudad.

Después de aquello, el episodio desapareció de la memoria colectiva, si alguna vez existió realmente. Durante décadas no volvió a mencionarse ni en los archivos ni en la prensa. Quizá la población, ajena a lo ocurrido mientras sucedía, lo asumió después como un episodio menor, uno más entre las enfermedades que visitaban la ciudad de tanto en tanto, sobre todo al tratarse de un número de muertes reducido.