La Fiscalía abre diligencias por presunta corrupción en el concurso del Paseo Guiniguada

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por Portela International Arts & Architects, uno de los finalistas del concurso para renovar el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, que atribuye a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y al concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, presuntos delitos de corrupción. El estudio, que recibió la valoración más baja del jurado, alega que ha habido "un amaño" en el concurso y que este partía de una "intención de adjudicación previa" al proyecto AWA del equipo Batlle i Roig Arquitectura, elegido ganador con un presupuesto de 1,57 millones de euros.

El Ayuntamiento, que aún no tiene constancia de la apertura de las diligencias, ha expresado su "máximo respeto" a los procedimientos judiciales y su puesta a disposición. Mantiene la "convicción de que se ha actuado conforme a la legalidad vigente" y a lo "estipulado en las bases del concurso, que no fueron recurridas por ninguno de los equipos participantes".

El Ministerio Público abre así una fase preprocesal en la que solicitará la práctica de las diligencias que considere oportunas para averiguar si se ha cometido algún tipo de infracción penal. Esta fase puede concluir con el archivo de la causa o con la presentación de una denuncia o querella en el juzgado contra los cargos públicos y arquitectos investigados.

Supuestos vínculos con los adjudicatarios

La firma atribuye presuntos delitos de prevaricación administrativa y de fraude contra la administración pública a los dos representantes del Ayuntamiento; tráfico de influencias y revelación de secretos o utilización de información privilegiada a Carolina Darias y a los representantes de MPC Arquitectos Flora Pescador Monagas, Jin Javier Taira y Vicente Mirallave; y malversación de caudales públicos a Mauricio Roque, al que acusa de destinar fondos municipales mediante cargos paralelos y adjudicaciones irregulares a personas y entidades de su entorno.

Además, Portela considera que debe ser objeto de investigación la actuación de los miembros del jurado designados para adoptar la decisión Miriam García, Jordi Mansilla, Ricardo Devesa y Marina Cervera por sus supuestos vínculos con el estudio de Batlle i Roig. Sus responsables, Enric Batlle y Joan Roig, también están denunciados como adjudicatarios.

El despacho ya reclamó la adjudicación del proyecto mediante un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, que desestimó sus pretensiones de parar el procedimiento como medida cautelar o bien retrotraer el concurso al momento anterior a la deliberación del jurado. Esta decisión ha permitido al Ayuntamiento avanzar en el contrato de redacción y dirección del proyecto.

La denuncia habla de una "extensa relación de irregularidades" en la adjudicación

La denuncia habla de una "extensa relación de irregularidades" y hechos que, a juicio de estos finalistas, deben implicar la anulación del concurso. Resaltan la salida de una figura clave del jurado, la directora de la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, que sostienen que alteró el órgano de valoración y dejó al jurado sin una voz experta en la disciplina central del proyecto.

La Fiscalía también tendrá que analizar si hubo un "trato desigual" en la gestión de la sustitución de finalistas tras las renuncias de algunos equipos seleccionados porque, pese a que en un primer caso se permitió el acceso de Portela como suplente, en la siguiente renuncia similar no se aplicó el mismo criterio, lo que condujo a una reducción del número de propuestas.

La votación ciudadana, a examen

Otro aspecto que pone en tela de juicio el despacho es la pérdida de anonimato debido a la publicación anticipada del resultado de la votación ciudadana, lo que sostiene que comprometió la imparcialidad del fallo. Tampoco ve proporcionado que la votación popular cuente un 10% pese a que solo se registraron 380.436 votos y critica que la alcaldesa lo tome como referencia para emitir su voto como presidenta del jurado y lo anuncie públicamente antes de la reunión.

El Ministerio Público indagará, por otra parte, en si fue irregular el anuncio del Ayuntamiento el día de la revelación del premiado de que MPC Arquitectos, junto con IC3 Ingenieros consultores, serían los encargados de realizar el proyecto definitivo y la dirección de obras pese a que los ganadores, Batlle i Roig Arquitectura, se presentaron en solitario al concurso.

El Ayuntamiento defiende que se ha actuado conforme a lo estipulado en las bases, que no fueron recurridas

Los denunciantes cuestionan a su vez que el Ayuntamiento y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos no facilitaran el informe de valoración ni las actas de puntuación del jurado por una cláusula de las bases que las considera confidenciales.

Portela asegura que existe una "red de relaciones internas" entre el jurado y los ganadores, así como con el Ayuntamiento. En concreto, apunta a una "relación directa" entre la alcaldesa y Flora Pescador por compartir charlas sobre la ciudad y el urbanismo y por participar en un estudio sobre el Guiniguada.

Falta de motivación en las puntuaciones

Para esta parte, hubo una "falta de trazabilidad y motivación real" en las puntuaciones otorgadas por el jurado y critica que se diera la máxima puntuación a una propuesta que incluye actuaciones como el soterramiento de la GC-1 y un museo dentro del aliviadero de un barranco y que deja atrás el trazado de la Metroguagua, de obligado cumplimiento en las bases. No entiende, en cambio, las bajas puntuaciones de su proyecto.

El despacho considera que el fallo estuvo condicionado por las declaraciones previas de Darias en las que anunciaba que votaría en función del resultado de la consulta ciudadana, lo cual alega que debilitó la función deliberativa y técnica del jurado.

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