Triana clama por la orden de cierre de una panadería histórica: “Caen lugares emblemáticos en lugar de limpiar las calles”

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una resolución municipal por la que requiere a la propietaria de la panadería Miguel Díaz, ubicada en la calle Viera y Clavijo desde 1920, la paralización voluntaria o cese de actividad del establecimiento por carecer, tanto de la licencia de apertura como de la declaración responsable que le habilite para ello.

«El motivo viene por una denuncia formulada por la comunidad de vecinos contra las molestias ocasionadas por cenizas y hollín procedentes de la chimenea de este establecimiento. Tras consultar los archivos obrantes, no constan las licencias», explican a este periódico fuentes municipales.

«Aunque la denuncia inicial se refiere a las molestias producidas por el funcionamiento de la actividad, de oficio, por este Ayuntamiento, se constata la inexistencia de título habilitante, infracción contra el orden jurídico de mayor gravedad que la denunciada, lo cual margina a un segundo plano los hechos descritos por el denunciante aunque no le resten importancia.

Por ese motivo, detallan, «se le ha remitido una orden de paralización de la actividad, que cuenta con dos días para ello una vez la haya recibido».

Alegaciones desestimadas

El documento elaborado por la Dirección General de Edificación y Actividades aclara, además, que desestima las alegaciones presentadas previamente por la dueña el pasado 20 de agosto. En ellas, aportaba una fotocopia de un recibo de pago municipal de 1990 donde se lee «recaudación ejecutiva» con el que se abonaba 22.690 pesetas.

La resolución municipal explica que «dicho documento en modo alguno faculta para el ejercicio de la actividad» y añade que "se ignora la motivación del actuar de esta Administración en la fecha señalada para la emisión de un documento de tal índole, que evidentemente ha llevado al interesado a encontrarse en la creencia de contar con licencia de apertura".

Entre los documentos presentados hay, también, liquidaciones del Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones de 1989, "pero ninguno de ellos constituye licencia de apertura", se recoge en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

La documentación de naturaleza tributaria "no faculta ni avala la apertura del establecimiento".

Sobre la instalación de medidas correctoras para evitar los hechos denunciados por la comunidad de propietarios del Edificio Kühner, "no se aporta certificación técnica sobre su ejecución". Al respecto, la resolución deja claro que "no cabe admitir la adopción de medidas correctoras cuando no existe un proyecto técnico previo y habilitado por el necesario título habilitante".

Recogida de firmas de clientes, en apoyo

María es una clienta habitual. «Es una vergüenza que sigan cerrando lugares emblemáticos de la ciudad en lugar de limpiar las calles. Lo mismo ha pasado con el Café Madrid, un sitio al que iba mucho con mis amigas y que nos lo han quitado». Visiblemente molesta, ayer acudía con premura a comprar el pan ante el «rumor» del cierre inminente.

Las caras de las trabajadoras reflejaban el desánimo y la preocupación, pero recibían el ánimo de los usuarios. Muchos de ellos se enteraban de la noticia sobre la marcha ante la presencia de los medios de comunicación que acudieron al lugar -aún abierto y atendiendo al público con normalidad -.

José Antonio y Teresa es un matrimonio que viene cada semana desde Telde. «Nos gastamos en promedio 30 euros en pan de trigo sarraceno, que es una harina especial para los que tenemos problemas digestivos y que aquí hacen buenísimo. Lo compramos, ellas nos lo cortan y lo congelamos en casa para ir sacándolo. Siempre está igual de bueno que recién comprado porque son productos de calidad».

Teresa es, además, nieta de panadero, y sabe apreciar la materia prima. La sorpresa se convierte rápidamente en indignación. «¡¿Cómo es posible que no tengan licencia, si están abiertos desde 1920?! Esto sería algo así como tener las escrituras de una casa. Si las tienes desde hace años ha de tener la misma validez pasen los años que pasen», cuestiona.

«Otra cosa es que el problema de la denuncia haya venido por el estado de los hornos. Si lo tuvieran que mejorar para evitar esa molestia a los edificios vecinos, entonces sí es diferente, pero seguro que hay maneras de solucionar esto antes de cerrar un negocio».

Las colas para comprar el pan son habituales en el exterior del obrador, pero ayer sirvieron, además, para promover iniciativas ciudadanas como la recogida de firmas de los clientes con las que intentar frenar el cierre de otro de los pocos comercios históricos que aún quedan en la ciudad.

Tras conocerse la noticia del aviso de cierre, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, solicitó al grupo de gobierno la puesta en marcha de un plan integral de protección para los comercios y espacios emblemáticos de la ciudad. “Las Palmas de Gran Canaria no puede permitirse que sus referentes cotidianos desaparezcan por falta de acompañamiento. Sucumbir sería perder nuestra identidad”, concluyó.

La resolución municipal, emitida el miércoles, establece que la propietaria tiene un plazo de dos días para paralizar la actividad una vez que haya recibido la comunicación y añade que es "con advertencia de clausura y precinto en caso de incumplimiento".

Ante ella, podrá interponer en el plazo de dos meses, una vez recibida la notificación, recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

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