La Fiscalía pide hasta seis años de cárcel para la trama que sacó de Canarias a un centenar de migrantes con papeles falsos

La Fiscalía de Las Palmas ha pedido penas de entre 10 meses y seis años de cárcel para cuatro miembros de una organización criminal que presuntamente facilitó documentación falsa para el traslado a la Península u otros países de la Unión Europeade más de un centenar de migrantes que llegaron a las costas canarias de forma irregular entre noviembre de 2021 y julio de 2022. El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y se les imputan presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

Las investigaciones de la Comisaría General y de la Brigada de Extranjería y Fronteras permitieron desmantelar una red familiar y de origen magrebí que presuntamente cobraba un mínimo de 200 euros a cada interesado a cambio de facilitarles el tránsito. La cuantía podía ser superior si finalmente se quedaban más tiempo en Las Palmas o si eran internados en un centro.

La supuesta líder o jefa del grupo era S. B., quien habría contado con la ayuda de sus dos hijos, pero solo se dirige acusación contra Y. M. porque el segundo se encuentra huido. Según el escrito de acusación, contactaba con personas que organizaban la salida de pateras para ofrecer sus servicios a quienes emprendían la ruta canaria o a aquellos familiares que les esperaban en la Península o en otros lugares de Europa. La conocían como "la abogada" porque pensaban que ejercía la profesión, si bien ella se ocupaba de desmentirlo.

La líder presuntamente también facilitó el tránsito de menores fugados de centros con documentación falsa

Cuando cerraban el trato, los interesados debían realizar el pago a través de compañías de transferencias monetarias a nombre de alguno de los encausados. Hecho esto, supuestamente identificaba a cada migrante con su nombre y apellido y el número de patera en la que habían llegado y acudía al Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) de Barranco Seco, a los hoteles donde eran alojados o bien al Centro de Internamiento de Extranjeros para recogerlos y hacerse cargo.

La organización presuntamente les alojaba en casas de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, les facilitaba la compra de ropa nueva, les cambiaba la imagen personal y les reservaba un billete de avión, llevándoles hasta el aeropuerto para asegurarse de que embarcaran. Si no lo hacían, les facilitaban el tránsito en barco hasta Huelva, donde los controles eran más laxos. Lograron viajar así al menos 47 migrantes.

Solicitudes de asilo

En la solicitud de asilo, sostiene la Fiscalía, les instruían con que debían manifestar ser homosexuales para que se admitiera a trámite. En el caso de que carecieran de documentación, la líder supuestamente les decía que sacaran una fotocopia de un documento de identidad y que lo plastificaran para intentar pasar los controles.

La red se ocupaba de acogerlos en varias casas de Gran Canaria, les compraba ropa y reservaba los billetes

El escrito del Ministerio Público también sostiene que la encausada facilitó el tránsito de menores, instándoles a que se fugaran de sus centros de acogida para recogerlos por algún miembro de la organización y llevarlos hasta sus casas. Después presuntamente les facilitaba el viaje con documentación de otra persona mayor de edad.

La Fiscalía relaciona esta actividad con la que supuestamente realizaba M. S. M. de facilitar autorizaciones de residencia de forma fraudulenta a ciudadanos marroquíes y mauritanos por más de 4.000 euros. Para ello, según el escrito, presentaba documentos manipulados como certificados del registro civil o de empadronamiento con la ayuda de E. B. P. Según la Fiscalía, volaba después hasta dichos países para recoger y traer al menos a 58 migrantes.