Adiós a la planta de gas en el Puerto de Las Palmas: Transición Ecológica la rechaza por sus "riesgos inaceptables"
El departamento autonómico emite una declaración ambiental desfavorable que en la práctica supone el bloqueo del proyecto
Infografía elaborada por Totisa en la que aparecen la central eléctrica y el 'barco' de almacenamiento de gas licuado / La Provincia / DLP
No habrá planta de gas en el Puerto de Las Palmas, ya que su presencia causaría un «impacto local permanente» en la ciudad. La Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable para el proyecto promovido por Totisa Holding, un documento técnico y vinculante que pormenoriza los riesgos «inaceptables» que supondría para la población de Las Palmas de Gran Canaria la puesta en marcha de la infraestructura entre la dársena de África y el dique Reina Sofía. El documento es determinante para la tramitación administrativa, lo que en la práctica supone el punto final para el proyecto, que aspiraba a generar 70 megavatios quemando gas natural para alimentar a los barcos atracados en el Puerto y suministrar electricidad al resto de la Isla.
Ubicación y riesgos para la población de Las Palmas
La principal objeción a la planta de gas radica en su localización en el Puerto, a sotavento y cerca de los 380.000 habitantes de Las Palmas de Gran Canaria. A este respecto, la DIA basa su argumentación en un informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que alerta sobre el incremento de la exposición a contaminantes atmosféricos que supondría su instalación a poco más de un kilómetro de La Isleta, así como la especial afectación que tendrían estos en una población especialmente vulnerable. Además, la ciudad ya presenta niveles de contaminantes por encima de los límites de protección de la salud que establece la nueva normativa europea, por lo que la activación de una nueva fuente de emisiones agravaría la situación.
El viento y la ubicación agravan el impacto ambiental
«Una de las principales problemáticas del proyecto», detalla la DIA, «radica en su localización respecto a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria», ya que la ubicación de la urbe en la dirección de los vientos dominantes «favorece el transporte de contaminantes hacia las zonas habitadas». De hecho, Salud Pública argumenta que su informe no habría sido desfavorable si la planta hubiera estado emplazada en un lugar donde el perímetro de influencia no incluyera una localidad de la magnitud de la capital grancanaria.
La Isleta, una zona especialmente afectada
La declaración analiza específicamente el caso del barrio de La Isleta, localizado a poco más de un kilómetro del emplazamiento previsto para la planta de gas. En este espacio existen zonas de uso sanitario e infantil, así como el área industrial de El Sebadal, lo que «sitúa a un sector importante de la población» dentro del área de influencia directa de las emisiones. A esto se añade, además, que en dos kilómetros se ubican otros espacios sensibles, como zonas residenciales, centros educativos, instalaciones sanitarias y áreas recreativas o deportivas. En la zona hay, asimismo, una elevada densidad de actividad turística, comercial, alimentaria, automotriz e industrial, lo que implica la presencia continua de personas en el área. En este contexto, la instalación supondría un impacto sobre la salud y la calidad de vida.
Un proyecto con contestación social
La primera vez que se oyó hablar del proyecto de Totisa para instalar una planta de gas en La Luz fue en 2018, cuando solicitó a la Autoridad Portuaria una concesión de suelo entre el Reina Sofía y La Esfinge. Un año después, en 2019, logró superar en el trámite de competencia de proyectos a Endesa y Enagas, que presentaron propuestas más concebidas para el suministro a buques que para la generación de energía eléctrica. A partir de entonces, la compañía comenzó la tramitación administrativa que ha culminado en esta Declaración de Impacto Ambiental con resultado desfavorable.
El proyecto contó desde el principio con la oposición de colectivos vecinales y grupos ecologistas, a los que después se sumaron administraciones públicas como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. La elaboración del documento ambiental ha sido larga -en un primer momento, la promotora trató de lograr una evaluación simplificada- pero en última instancia se han cumplido las palabras del consejero autonómico de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, que en noviembre de 2024 aseguró ante el Parlamento de Canarias que la salud y la seguridad de las personas estarían «por encima de todo».
Alta vulnerabilidad de la población canaria
El informe de Salud Pública en el que se basa Transición Ecológica también dedica un apartado específico a la existencia en la ciudad de un porcentaje «considerable» de habitantes especialmente sensibles a la exposición a contaminantes en el aire, grupo que se vería muy afectado por la planta de gas. La población con asma en Canarias se sitúa en torno al 15%, a lo que se suma aquella con enfermedad pulmonar oclusiva crónica (EPOC), que aun estando infradiagnosticada tiene una prevalencia del 7,3%, además de las personas con problemas cardiovasculares, que son la principal causa de defunción. «Cualquier incremento, tanto en sustancias emitidas como en el nivel de exposición de las personas a ellas, tendrá mayor impacto que si la prevalencia de esta población sensible fuera menor» y por tanto «puede constituirse en un problema de salud pública para la ciudad».
La calidad del aire en la ciudad ya supera los límites europeos
La instalación de la planta de gas en el Puerto empeoraría también los ya de por sí malos datos de calidad del aire de la ciudad. El informe hace referencia a los datos obtenidos en la estación de medición del Mercado Central, que en la actualidad ya superan los valores límite para partículas PM10 y PM2.5 establecidos en la directiva europea de 2024. En el caso del dióxido de nitrógeno, el margen para la superación del valor límite anual es de 3 microgramos por metro cúbico y de acuerdo con las estimaciones de Totisa, el proyecto acumularía 2,3 microgramos, lo que resulta «muy limitado». En otras palabras, dejaría a la ciudad con un margen de 0,7 microgramos para el resto de fuentes contaminantes, desde el tráfico rodado a otras actividades portuarias o las grandes industrias ya existentes en el entorno urbano.
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