El comité de Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria critica el contrato de emergencia

El Comité de Empresa del Servicio Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha expresado su rechazo e indignación ante las declaraciones de la alcaldesa, Carolina Darias, y los informes municipales que califican la situación actual como una «emergencia o riesgo para la salud pública». De acuerdo con un comunicado de prensa difundido este martes por el comité, esta crisis ha sido «creada por la inacción y la falta de planificación» tanto del actual como del anterior grupo de gobierno.

El órgano sindical considera que el contrato de emergencia aprobado por el consistorio incurre en un posible «fraude de ley», y solicita la paralización inmediata del mismo. Además, exige la apertura de un trámite de audiencia conjunta como parte afectada. De no atenderse esta petición, el comité advierte que pedirá la dimisión de los responsables políticos y técnicos implicados, a quienes acusa de «haber prolongado y encubierto» una situación que afecta tanto a la salubridad pública como a la seguridad de los trabajadores municipales.

Incumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo

Entre las causas del deterioro del servicio, el comité señala el incumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2019, que preveía la reposición de personal por jubilaciones o fallecimientos, así como la creación de una bolsa de sustitución.

La falta de personal, argumentan los trabajadores, ha generado una sobrecarga entre los empleados, que se ven obligados a cubrir bajas médicas, vacaciones y permisos.

De acuerdo con la Memoria del Presupuesto Municipal de 2023, el servicio de limpieza requiere 623 trabajadores para garantizar su correcto funcionamiento. Sin embargo, el comité asegura que la plantilla actual no alcanza esa cifra, lo que limita la eficacia del servicio.

Asimismo, el órgano sindical cuestiona el desempeño de la empresa FCC, subcontratada para tareas de limpieza, y recuerda que ha recibido numerosas quejas vecinales. Aun así, el Ayuntamiento le ha adjudicado un nuevo contrato valorado en dos millones de euros mensuales, algo que el comité considera «injustificado».