¿Habrá topes al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria? El Ayuntamiento insiste en la declaración de zona tensionada ante el Gobierno de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria insiste ante el Gobierno de Canarias para tramitar la declaración de la ciudad como Zona de Mercado Residencial Tensionado. El Ayuntamiento ha vuelto a reiterar ante el Ejecutivo de Canarias esta petición, imprescindible para establecer topes a los precios del alquiler de las viviendas, y lo hace por cuarta vez desde que lo solicitó por primera vez hace un año y medio.

Un proceso amparado en la Ley de Vivienda

La solicitud, realizada en el marco de la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en 2023, recuerda todas las reiteradas ocasiones en las que el gobierno local se ha dirigido al autonómico para lograr la declaración. La primera tuvo lugar el 10 de mayo de 2024, días después de que el Pleno aprobara una proposición de la Alcaldía al respecto, aunque el Ejecutivo advirtió a continuación sobre la necesidad de que fuera el propio consistorio el que elaborara el informe justificativo de la medida.

El informe municipal, clave en el proceso

Este documento llegó a comienzos de este año. El 16 de enero, el Ayuntamiento remitió a la Consejería de Obras Públicas un informe que recogía un análisis del mercado residencial, la declaración del ámbito afectado (toda la ciudad), la memoria justificativa y un plan de medidas específicas. De acuerdo con esta documentación, la capital en conjunto cumple con tres de los cuatro requisitos contemplados en la ley: la carga media destinada al pago de hipotecas en relación con la renta media aumentó del 30,52% al 33,55% -es decir, más del 30% previsto en la ley- entre 2021 y 2023.

El alquiler supera los límites

Además, las unidades familiares que viven en régimen de arrendamiento destinan de media el 30,08% de sus ingresos al abono de la renta y los servicios básicos -ocho puntos por encima del tope marcado por el Estado- y los alquileres han aumentado por encima del 3% con respecto al Índice de Precios al Consumo. «Ya no hay más excusas», insistió entonces la alcaldesa, Carolina Darias, en palabras dirigidas al Gobierno de Canarias.

Colaboración con la Universidad

En el pleno municipal del pasado enero, el Ayuntamiento aprobó un acuerdo en el que instaba una vez más al Ejecutivo autonómico a valorar el informe y la documentación, elaborada en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, según ha recordado este miércoles el consistorio.

Discrepancias en los informes

El informe de la Ulpgc y el Ayuntamiento, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto Canario de Estadística, tuvo respuesta a través de otro análisis realizado por el Colegio de Economistas de Las Palmas por encargo de la empresa pública Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias. Esta otra evaluación sobre el mercado residencial considera que la ciudad no supera los indicadores clave, como la carga del alquiler o la hipoteca y el aumento continuado del precio de compra o arrendamiento, y achaca al Ayuntamiento la aplicación de más gastos que los señalados por la ley, según recriminó durante su presentación la coordinadora, Rosa Rodríguez.

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