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La ministra de Vivienda da un paso clave por el alquiler: apoya declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada

El Gobierno central respalda la petición del Ayuntamiento para limitar los precios del mercado residencial en la capital grancanaria

Isabel Rodríguez apoya declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada

Isabel Rodríguez apoya declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, encontrar un alquiler a precio justo se ha convertido en una misión cada vez más difícil. La ciudad, que fue pionera en pedir su declaración como zona tensionada, suma ahora el respaldo de la ministra de Vivienda. Desde Madrid, Isabel Rodríguez ha mostrado su apoyo a la solicitud del Ayuntamiento capitalino, encabezado por Carolina Darias, y abre la puerta a medidas urgentes que alivien la presión del mercado en la novena ciudad más poblada de España.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha expresado este viernes su apoyo a que Las Palmas de Gran Canaria sea declarada zona de mercado residencial tensionado, en línea con lo previsto en la nueva Ley de Vivienda. Esta declaración permitiría aplicar medidas como el control del precio de los alquileres en áreas con alta demanda y escasa oferta asequible.

Rodríguez trasladó su respaldo a la alcaldesa Carolina Darias durante una reunión celebrada en Madrid, donde también analizaron las inversiones estatales ya previstas en el municipio y las oportunidades que ofrecerá el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Con cerca de 380.000 habitantes, Las Palmas de Gran Canaria fue el primer ayuntamiento del archipiélago en solicitar oficialmente esta figura legal. Sin embargo, el Gobierno de Canarias aún no ha dado luz verde a la declaración, pese a las reiteradas peticiones del consistorio.

El respaldo ministerial añade presión al Ejecutivo autonómico, en un contexto de creciente encarecimiento del alquiler, especialmente en zonas céntricas y turísticas. Declarar una zona como tensionada no solo implica límites de precio, sino también bonificaciones fiscales para pequeños propietarios y facilidades en el acceso a la vivienda pública.

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