Vecinos del Risco instan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a reubicar las viviendas junto al Juan Carlos I

La Asociación Sociocultural AmiRisco, del Risco de San Nicolás, ha remitido una carta a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, solicitando una revisión urgente del proyecto de viviendas públicas promovido por Sepes en la parcela contigua al antiguo Hospital Militar Juan Carlos I. La petición se formula tras el anuncio municipal, difundido en prensa, de que la ciudad dispone de suelo público para construir hasta 4.000 nuevas viviendas, de las cuales 1.000 se ubican en suelo urbano consolidado.

Desde AmiRisco se considera que, con esta amplia disponibilidad, no resulta necesario consolidar una actuación que hipotecaría de manera irreversible el entorno del Risco de San Nicolás, uno de los barrios históricos más singulares y frágiles de la capital.

Una edificación intensiva

Según la Asociación, el solar elegido procede de terrenos transferidos desde el Ministerio de Defensa con destino inicial a usos sanitarios, sociosanitarios o administrativos, y se encuentra en el borde del ámbito del Plan Especial de San Nicolás, aprobado en 2023 para preservar la identidad y la morfología tradicional del barrio.

La implantación de una edificación intensiva en este punto, advierten, rompería la coherencia urbanística y paisajística del conjunto, afectando además al cercano barrio de San Francisco, al entorno protegido del Castillo de San Francisco y del Mirador Punta de Diamante, ambos Bienes de Interés Cultural.

AmiRisco insiste en que no se opone a la construcción de vivienda pública, sino a que se haga en un lugar inadecuado que contradice los objetivos de regeneración urbana y social del propio barrio. “Vivienda pública sí, pero no así”, subrayan.

¿Qué propone la asociación?

La asociación propone que los recursos previstos para esta promoción se reorienten hacia viviendas de reposición y alquiler asequible dentro del propio Risco, donde existen suelos y proyectos identificados en el planeamiento vigente. De este modo —afirman— se garantizaría tanto el derecho a la vivienda como la protección de un patrimonio urbano y humano que forma parte esencial de la memoria de la ciudad.

AmiRisco confía en que la alcaldesa atienda esta petición en coherencia con su compromiso de promover un modelo de ciudad centrado en las personas, tal como expresó durante el XV Congreso Canario de Derecho Urbanístico celebrado esta semana.