La gestión de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria: una historia de 28 años
El informe desvelado por el Ayuntamiento en octubre es el último episodio de una relación de altibajos entre la empresa Canaricem y el Consistorio
Desterioro en las istalaciones del cementerio de San Lázaro / Andrés Cruz
La gestión de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria ha quedado en entredicho. El informe hecho público por el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en el pleno del pasado mes de octubre, dibuja un escenario en el que la empresa Canaricem está cometiendo, al menos según figura en la auditoría, irregularidades de carácter grave. El Ayuntamiento de la capital estudia desde abrir un expediente sancionador a abrir uno de resolución del contrato.
Pero, ¿de qué contrato se trata? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudicó a Canaricem la gestión de los cementerios de San Lázaro, el Puerto, Vegueta y Tafira en 1997 por 50 años. Entonces se trataba de la unión temporal de empresas (UTE) de Cementerios de Tenerife y Mapfre Guanarteme. La privatización de este servicio esencial y sensible -para las familias de los fallecidos- nació ya bajo la polémica y en estos 28 años se han producido numerosos desencuentros.
1997. La concesión, a pleno
El Ayuntamiento aprueba en sesión plenaria la privatización del mantenimiento y gestión de los cuatro cementerios municipales. La operación tuvo el voto a favor de los concejales del equipo de José Manuel Soria, del PP, y en contra de la oposición (PSOE, CC, IU y PGC). Entre las condiciones del contrato, que la empresa estuviera disponible para construir un quinto cementerio, idea descartada años después.
La concesión a 50 años vista de Canaricem comenzó el 1 de noviembre de 1997, día de Todos los Santos. Una de las primeras medidas fue subir las tarifas, que llevaban congeladas desde 1994. Los empresarios del sector llegaron a manifestar su intención de judicializar la operación, anunciando un posible monopolio.
1999. Primer informe negativo
La inspección municipal hizo un primer informe negativo del estado de los cementerios en manos de la nueva empresa en el verano de 1999. No obstante, algunos desperfectos ya estaban contabilizados de cuando la gestión era pública. Cuando asumió la gestión, la adjudicataria prometió una inversión de mil millones de pesetas -seis millones de euros-.
2006. Multa de 6.000 euros
La ciudad vivió en el verano de 2006 un hallazgo macabro: restos humanos, lápidas y féretros tirados en un solar anexo a San Lázaro. La alcaldesa, Pepa Luzardo, anunció poco después una sanción de 6.000 euros a Canaricem por una infracción grave.
Además, el Ayuntamiento de la capital aprobó en 2006 la implantación de una tasa de mantenimiento, cláusula contemplada en el contrato.
La Provincia
2007. Tasa de mantenimiento
La nueva concejala de Servicios Públicos, Nardy Barrios, decidió suspender la tasa. Comenzó entonces un tira y afloja entre ambas partes que duró años hasta que finalmente el Consistorio decidió anular definitivamente la tasa. El conflicto se judiciliazó y los tribunales le han dado la razón a la empresa en reiteradas ocasiones, obligando al Ayuntamiento a pagarles.
2010. Pleito por los nichos nuevos
Nardy Barrios llegó a plantear la remunicipalización del servicio. El desencuentro entre la empresa y el Consistorio en ese momento era total. Se llegaron a derivar enterramientos de San Lázaro a otros camposantos ante el riesgo de colapso, se paralizó la construcción de nichos nuevos y se inhumaron enterramientos de suelo. Barrios acusó a la empresa de no haber construido los 1.700 nichos que prometió en 2000, tres años después de obtener la concesión, y en su lugar comenzar a hacerlos en una zona que no era la adecuada.
2022. Actualización de las tarifas
El Ayuntamiento incrementó las tarifas en 2022 un 21% equivalente al Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado desde 2005, cuando se congelaron. La modificación de la ordenanza cierra la puerta a la tasa de mantenimiento y, además, las tasas dejan de serlo y pasan a denominarse prestaciones patrimoniales públicas no tributarias.
2024. Pago de 4,27 millones
La ciudad aprobó los últimos pagos por vía judicial a Canaricem en octubre de 2024. La ciudad ha desembolsado 25 millones a la empresa por la tasa de mantenimiento anulada tras una veintena de denuncias por parte de la concesionaria. En ese mismo Pleno, el concejal de Hacienda anunció el informe cuyas conclusiones se han dado a conocer ahora.
2025. Informe de la concesión
El concejal de Hacienda desveló en el pleno de octubre el informe encargado un año antes en el que se desvela una serie de irregularidades: Inversiones no ejecutadas, opacidad contable, cambios en la estructura operativa o externalización de servicios sin autorización.
Spínola puso sobre la mesa cuatro medidas: abrir un expediente sancionador, requerir al concesionario la regularización contable y la entrega de cuentas desagregada e identificación completa de los ingresos y servicios, suspender o anular la tasa de mantenimiento y una cuarta más contundente, comenzar un expediente de resolución del contrato.
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