Juan Carlos Lorenzo, coordinador provincial de CEAR: "Los indicadores han mejorado, pero hay una profunda desigualdad estructural en Canarias"

El coordinador de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo de Armas, intervino este martes en el acto de firma de los convenios sociales de Las Palmas de Gran Canaria, en representación de las 14 organizaciones beneficiarias. Destacó que la diversidad de colectivos representados responde a una "realidad social poliédrica" que requiere una intervención colaborativa en alianza con las administraciones públicas. Matizó que las entidades sociales aportan un "valor diferencial" gracias a su capacidad de innovación, si bien todavía tienen un "camino largo y pedregoso" frente a una "profunda desigualdad" que persiste de manera estructural. Por ello, subrayó la importancia de no perder de vista el contexto general aunque los indicadores mejoren.

¿Cuál es el contexto actual en el que trabajan las entidades sociales de la ciudad?

Las 14 organizaciones que estamos aquí, que tenemos convenios de larga duración y estables con el Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria, podemos trabajar racionalizando la acción y no estar pensando en cada momento cómo sostener algo que es importante para la ciudadanía en situación vulnerable. En el último informe Aropemejoraban los indicadores de esta última década, pero aún estamos hablando de casi 700.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Estamos hablando de un contexto de mejora de ciertos indicadores, pero de profunda desigualdad. Canarias es una de las comunidades autónomas donde esa profunda desigualdad se ha convertido en estructural desde hace mucho tiempo. Por tanto, tenemos que intervenir. No podemos estar en un contexto de escasez restrictiva en que la gente tiene dinero, pero no suficiente para vivir.

¿Hay algo que echen en falta desde el sector social por parte de la administración pública?

Venimos arrastrando unas realidades sin intervenir de manera profunda, estructural y transformadora. Las situaciones que tienen que ver con la inclusión social deben estar fuera de la ley política. El 40% de los niños y las niñas en Canarias están riesgo de pobreza y exclusión social. Eso va aparejado una realidad social muy compleja que no se resuelve con fórmulas simplistas y temporales. Hablamos de un gran pacto de Estado y también en el territorio para afrontar con verdadera contundencia la pobreza y la exclusión social en Canarias. Las personas en situaciones vulnerables merecen que esté fuera de aquello que es partidista. Por otro lado, necesitamos una buena construcción de política pública en bienestar social que saque a la gente de la pobreza y no la mantenga allí. A la gente hay que darle alternativas: rentas mínimas, política de vivienda, proteger la educación y la sanidad.

¿Y en lo que respecta al refugio y las políticas de extranjería?

Estamos en un momento crucial. A mitad del año que viene entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y no es una directiva que adopta un estado, sino reglamentos de obligado cumplimiento y aplicación inmediata. Puede que, de alguna manera, fragilice la garantía jurídica de las personas refugiadas. Puede ser que estemos hablando de espacios de contención donde la ley no esté tan presente y, por tanto, la defensa de derechos sea mucho más frágil. Tenemos un contexto muy polarizado a nivel europeo. Nos parece que para Canarias es fundamental porque el pacto está pensado para territorios isleños de la frontera sur que hacen que la gente encuentre una especie de cárcel y no pueda salir de ahí. Por tanto, creo que Canarias debería poner un acento especial en este pacto, que puede fragilizar el derecho y lesionar la cohesión social.

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