Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina en el 'caso Valka'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga el 'caso Valka' que cite a declarar como investigada a la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. En un escrito remitido el cuatro de noviembre al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, el fiscal delegado, Javier Ródenas, apunta a la existencia de "serios y poderosos" indicios de la comisión de ilícitos como falsedad en documento público, prevaricación y fraude administrativo.

La petición también se extiende al actual jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, Sergio González Cubas, así como a la propia empresa de Guerra Patrimonial FGG como persona jurídica. Pide, además, citar únicamente como testigos a los actuales responsables del área, incluida la edil Gemma Martínez Soliño. Será el magistrado instructor, Rafael Passaro, quien decida si cede a la petición del Ministerio Público, que ampliaría las responsabilidades penales en la presunta trama de corrupción municipal.

La diligencia solicitada por el fiscal afecta a una de las piezas separadas, la que investiga si hubo trato de favor al empresario Felipe Guerra debido a su vínculo societario con Miguel Ángel Padrón. Ambos mantuvieron negocios juntos en la empresa Esvertival entre 2014 y 2021, incluyendo el periodo en el que Padrón fue jefe del servicio de Parques y Jardines.

El fiscal pone el foco en cuatro contratos relacionados con el suministro de agua en parques y jardines

El Ministerio Fiscal pone el foco en cuatro de los contratos de los que resultó adjudicataria la entidad Guerra Patrimonial FGG, relacionados con el suministro de agua en parques y jardines municipales del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya entre 2015 y 2024. Apunta a que en dichos expedientes intervinieron los dos jefes sucesivos del área de Parques y Jardines, así como la concejala de Aguas para la firma de las facturas.

El Ayuntamiento mantuvo vigentes estos contratos de 2020 a 2022 y, según el pliego de prescripciones técnicas, el precio debía determinarse según el volumen de agua suministrada, la cual se recoge en los contadores y en la certificación mensual del servicio. Quienes debían realizar las comprobaciones y redactaron el pliego fueron los técnicos Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas. Sin embargo, sostiene Ródenas, ambos prescindieron del procedimiento legal y se concertaron con el empresario para aparentar que el servicio se había prestado de forma íntegra, agotando así el crédito presupuestario con independencia de los consumos reales.

Así, según esta parte, se habrían confeccionado facturas con datos de consumo inventados o inflados sin leer los contadores, una práctica que se habría mantenido mientras el área estuvo controlada por Padrón, González y Medina. El presunto fraude se habría consolidado con la connivencia del contratista y con la firma de los señalados, lo que dio via libre al pago con el consecuente perjuicio para el erario público.

Sobrecostes superiores al 70%

El pliego refleja un consumo de 190.000 metros cúbicos con un gasto de 250.000 euros anuales, pese a que, conforme señala Anticorrupción, la demanda real no alcanza estas cifras. La solicitud de nuevas diligencias habla de actas de prestación ficticia del servicio y documentos de conformidad que avalaron sobrecostes de más del 70% respecto a los consumos reales.

El papel que el Ministerio Público atribuye a Inmaculada Medina se basa en la firma de resoluciones administrativas que autorizaban el pago de las facturas emitidas por la empresa sin supuestamente requerir comprobación técnica alguna ni justificar el consumo y en la aprobación de derechos de gasto que habrían dado cobertura formal al supuesto fraude contable. Considera en este sentido que su conducta fue "decisiva".

La empresa contratista supuestamente realizó un "retorno encubierto" de 430.000 euros a Padrón

"Las actuaciones de todos ellos durante más de siete años parece que fueron conscientes, reiteradas y coordinadas, constituyendo una trama funcional orientada a simular la ejecución completa del contrato, justificar contablemente los pagos indebidos y agotar las partidas presupuestarias", señala Ródenas. A partir de diciembre de 2022, con la entrada como responsables de la concejala Gemma Martínez Soliño, Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez, la facturación se redujo drásticamente y los volúmenes de agua se situaron muy por debajo del máximo.

Por último, la Fiscalía mantiene que la empresa contratista, con parte del beneficio obtenido, financió un préstamo personal a favor de Padrón por valor de 430.000 euros que habría servido como un "retorno encubierto" para la desviación de caudales públicos.