La concejala Inmaculada Medina, investigada por malversación, prevaricación y falsedad documental en el 'caso Valka'

El juez Rafael Passaro ha acordado investigar a la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina por su presunta implicación en el denominado caso Valka, relacionado con una trama de corrupción. El magistrado imputa a la edila los posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

Medina actualmente es cuarta teniente de alcaldesa y concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas. En el periodo que está bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 2, que abarca de 2015 a 2022, tenía a su cargo el área de Parques y Jardines. La línea de investigación del Caso Valka que ahora se ve ampliada a petición del fiscal Javier Ródenas se centra en una presunta trama ilícita de malversación de fondos en este último servicio municipal.

Cuatro contratos de suministro de agua de riego

La edila tendrá que comparecer ante el juzgado junto al actual jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, Sergio González Cubas, que también será investigado por los mismos delitos, según consta en un auto al que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. La investigación tiene como objetivo aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a Guerra Patrimonial FGG -la empresa también será investigada como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos-. En concreto, por una serie de facturas del periodo comprendido entre abril de 2015, cuando todavía era concejal de Parques y Jardines Óscar Mata bajo el mandato de Juan José Cardona, y noviembre de 2022, siete meses antes de que Medina dejara el área de Parques y Jardines en manos de Gemma Martínez Soliño.

Según el fiscal, Medina, junto a los jefes de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, habría avalado durante años facturas con consumos ficticios o inflados para agotar el presupuesto. Esto habría generado sobrecostes superiores al 70% y un perjuicio al erario público. Además, la empresa contratista habría financiado un préstamo de 430.000 euros a Padrón como “retorno encubierto”. El ministerio público considera "decisiva" la conducta de la concejala.

Negocios entre Padrón y Guerra

Miguel Ángel Padrón y Felipe Guerra, gerente de la empresa Guerra Patrimonial FGG, ya estaban siendo investigados desde el año pasado dentro del caso Valka. Ambos habrían matenido negocios entre 2014 y 2021 a través de la empresa Esvertical. Este periodo incluye los años en los que Padrón fue jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, de 2014 a 2020; en julio de ese mismo año fue sustituido por Sergio González Cubas.

Ahora, además de declarar como investigados a Medina y a González Cubas, el juez cita como testigos a Bruno Naranjo Naranjo Pérez, ex director general de servicios públicos; Víctor Alonso Martínez, actual jefe de servicio de mantenimiento de infraestructuras verdes; y a Gemma Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía y sucesora de Medina al frente de Parques y Jardines. El magistrado ofrece al Ayuntamiento de la capital la posibilidad de emprender acciones legales por los hechos descritos por la Fiscalía.

Solicitud de documentación a la alcaldesa

El juez solicita a la alcaldesa, Carolina Darias, que traslade a la Intervención General y a la Tesorería Municipal que recopile la siguiente documentación: una relación individualizada de todas las facturas emitidas entre abril de 2015 y noviembre de 2022 vinculadas con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero o de riego de jardines para el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya; copia del original y de la validez técnica de cada una; y la autorización del pago de cada una. También pide los ejercicios presupuestarios con los que se dio soporte a dichas facturas y las lecturas del contador de agua.

El escrito remitido por la fiscalía el pasado cuatro de noviembre indica que el pliego de prescripciones técnicas de los citados contratos establece que el precio debía determinarse según el volumen de agua suministrada. Esto se recoge mediante los contadores y la certificación mensual del servicio. Padrón y González Cubas son quienes debían hacer las comprobaciones y quienes redactaron los pliegos. El ministerio público sostiene que estos prescindieron del procedimiento legal y de manera consensuada con el empresario Felipe Guerra se hicieron facturas con datos de consumo inventados o inflados sin leer los contadores.

Consumo con sobrecostes del 70%

La demanda real no alcanzaría las cifras reflejadas en los pliegos -190.000 metros cúbicos con un gasto de 250.000 euros-, según Ródenas. En cambio, se habría mantenido un consumo ficticio con unos sobrecostes del 70% con respecto al real. En todo esto, el ministerio público considera "decisiva" la conducta de Inmaculada Medina, por ser quien firmaba las resoluciones administrativas "sin requerir comprobación técnica alguna ni justificar el consumo acreditado" que habrían dado cobertura formal al supuesto fraude.

La resolución, firmada por el juez Rafael Passaro este miércoles, no es firme y las partes pueden interponer un recurso de forma o de apelación en el plazo de tres a cinco días respectivamente.

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