Los trabajadores de recogida de Las Palmas de Gran Canaria calculan que el 61,55% de las quejas por la basura son del área privatizada

El presidente del Comité de Empresa de los trabajadores del Servicio de Recogida de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Hernández, destacó ayer que el 61,55% de las quejas ciudadanas recibidas en el Negociado de Inspección por el reboso de basura de los contenedores de la ciudad provienen de las zonas que ya gestionaba FCC previamente a la aprobación del contrato de emergencia.

En una reunión mantenida con miembros del PP en el Ayuntamiento, Hernández, acompañado de dos representantes sindicales más, subrayó que los datos recopilados del 1 de enero al 20 de octubre aparecen «sin filtrar ni interpretar» y que tienen como objetivo «hacer más apabullante la percepción de alarma social».

Detallaron que las reclamaciones suman un total de 5.072 quejas vecinales, de las cuales menos de la mitad (2.130) «son las que están relacionadas directamente con la emergencia».

De esas, expusieron que 1.311 (61,55% del total) «son las que tienen que ver con los residuos gestionados directamente por FCC» y que solo 819 (38,45% restante) pertenecen a las áreas atendidas «directamente con medios propios».

A juicio de los trabajadores, las quejas que realmente «sostienen y glosan» la contratación de emergencia son el 16,14% de las 5.072 que figuran en el expediente.

Vía penal

Por todo ello, el Comité de Empresa valora ampliar los días de huelga e interponer una denuncia por la vía penal «por indicios de irregularidades» como el hecho de que "ningún informe esté elaborado por personal técnico", apuntaron.

Por su parte, la portavoz de los populares, Jimena Delgado, añadió que aún están a la espera de la realización de un pleno extraordinario solicitado al equipo de Gobierno para abordar la emergencia, por lo que recabó los datos expuestos por parte de los representantes sindicales para seguir abordando situación actual, a quienes mostró su apoyo.

"Desorganización y mala praxis"

Los trabajadores resaltaron que, a pesar de la entrada en vigor del nuevo contrato de emergencia y la incorporación de personal, "lo único que han hecho es repartirse los fines de semana", aseguró Hernández, quien también denunció "desorganización, mala praxis y falta de formación por parte de los nuevos trabajadores".

Como ejemplo, el presidente del Comité de Empresa del Servicio de Recogida de Las Palmas de Gran Canaria expuso que se están dando casos de "rotura de contenedores", o "mal uso de los camiones", además de asegurar que los vehículos empleados por FCC "están pasando por zonas donde ya hemos pasado nosotros antes". Hizo hincapié también en que los "fallos" de las aplicaciones móviles "persisten" y que son necesarias para continuar levantando incidencias.

Coste económico

El concejal Ignacio Guerra, presente también en la reunión de este jueves en las oficinas municipales, explicó que llevarán a ese pleno extraordinario un estudio económico realizado por su equipo sobre la evolución del coste del servicio al día.

Un informe que contempla desde contratos en la etapa de la pandemia por Covid al actual de emergencia. El edil puso solo un ejemplo: "El servicio de un conductor al día cuesta 89 euros en la parte de gestión directa y 151 euros con el contrato de emergencia, para hacer lo mismo", detalló Guerra.

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