¿Por qué está investigada Inmaculada Medina? Estos son los hechos clave
La concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido imputada por los posibles delitos de malversación, prevaricación y falsedad
Inmaculada Medina en una foto de archivo. / José Carlos Guerra
El caso Valka vuelve a dar un giro. El juez Rafael Passaro ha acordado investigar a la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina por su presunta implicación en la trama de corrupción que está el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital está investigando. El magistrado imputa a la edila los posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Según el fiscal, Medina, junto a los jefes de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, habría avalado durante años facturas con consumos ficticios o inflados para agotar el presupuesto. Esto habría generado sobrecostes superiores al 70% y un perjuicio al erario público. El ministerio público considera "decisiva" la conducta de Inmaculada Medina, por ser quien firmaba las resoluciones administrativas "sin requerir comprobación técnica alguna ni justificar el consumo acreditado" que habrían dado cobertura formal al supuesto fraude.
2015-2022. Marco cronológico del fraude
La conducta presuntamente constitutiva de corrupción se desarrolló durante más de siete años en el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento capitalino. En este período se emitieron facturas mediante un sistema de facturación «dopado», con consumos inflados o inexistentes, con cargo a los fondos públicos. La concejala Inmaculada Medina firmó las facturas emitidas en ese periodo.
2019. Vínculo económico directo
El 20 de mayo de 2019, Felipe Guerra, titular de la contratista Guerra Patrimonial FGG, otorgó un préstamo de 430.000 euros al funcionario Miguel Ángel Padrón, jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines y responsable técnico del contrato.
2019. Manipulación del pliego técnico
Los funcionarios Miguel Ángel Padrón y Sergio González firmaron el pliego de prescripciones técnicas del expediente 220/19C el 21 de junio de 2019 -un mes después del préstamo-. Este documento alteró el objeto contractual, elevando el suministro estimado anual a 190.839 m³ -casi el triple de la cifra original de 72.000- sin justificación técnica. Esta manipulación se diseñó para crear una cobertura administrativa ficticia que permitiera al contratista facturar hasta agotar el crédito presupuestario anual de 250.000 euros.
2015-2022. Ausencia de control
Durante el período de la trama, no habría existido control técnico ni verificación del suministro de agua. La facturación se realizaba sin lectura de contadores, y los importes se «cuadraban» al céntimo al crédito restante de cada ejercicio para garantizar que el presupuesto de 250.000 euros se agotara, con independencia del agua suministrada.
2022. Prueba del fraude
La práctica de sobrefacturación cesó inmediatamente cuando, a partir de diciembre de 2022, se impusieron la lectura real y verificada de los contadores. Según el ministerio público, la facturación descendió de forma abrupta y drástica hasta niveles coherentes con los consumos reales registrados en 2012 (menos de 5.000 m³ mensuales), revelando que los volúmenes extraordinarios facturados anteriormente eran materialmente imposibles.
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