Las 89 facturas que vinculan a la concejala Inmaculada Medina con el ‘caso Valka’

El caso Valka ha sacudido esta semana las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La supuesta trama de corrupción que afecta a diversos servicios y empresas municipales ha implicado por primera vez a un cargo público de la corporación: La concejala Inmaculada Medina ha sido citada por el juez Rafael Passaro a declarar en calidad de investigada por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración. Detrás de todo esto están 89 facturas infladas o ficticias emitidas entre 2015 y 2022.

La cuarta teniente de alcaldesa y concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas entra así en el largo listado de personas investigadas dentro del caso Valka, el cual salió a la luz el verano del año pasado. La supuesta trama de corrupción cuenta con varias ramificaciones, aunque las dos mayores giran en torno a Geursa, la empresa de gestión urbanística de la ciudad, y el servicio de Parques y Jardines, del cual Medina fue titular durante los dos mandatos del exalcalde Augusto Hidalgo.

Parques y Jardines funcionó como «una sucursal bancaria»

El fiscal Javier Ródenas sostiene que durante los siete años que se emitieron facturas supuestamente fraudulentas, el servicio de Parques y Jardines funcionó como «una sucursal bancaria» de Felipe Guerra, empresario vinculado a la trama del Caso Valka. Es más, el escrito que remitió la Fiscalía al juez afirma que, por así decirlo, Guerra recibía de Parques y Jardines «una tarjeta de crédito anual de 500.000 euros», basándose en la suma de los presupuestos de cuatro contratos de suministro de agua adjudicados a Guerra Patrimonial FGG, empresa administrada por Guerra.

Así, el juez cita ahora como investigada a dicha empresa como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos. Suma también al listado de investigados a Sergio González Cubas, jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines desde 2020, momento en el que toma el relevo a Miguel Ángel Padrón, quien ya estaba siendo investigado desde el año pasado. El fiscal sostiene que ambos funcionarios, junto a la edila Inmaculada Medina, mantuvieron vigente el entramado de facturas con un sobrecoste del 70% durante siete años.

Guerra Patrimonial FGG ya estaba bajo la lupa, dado que aparece en las supuestas permutas de parcelas ficticias en Tamaraceite Sur que dieron lugar al caso Valka tras una denuncia presentada a la Fiscalía por la asociación Las Rehoyas Avanza. En el caso de la pieza de Parques y Jardines, la investigación está centrada ahora en cuatro contratos suscritos entre el área de Parques y Jardines y Guerra Patrimonial FGG para suministro de agua en tomadero y para riego de zonas verdes en barrios del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Supuesto entramado de facturas fraudulentas

Según el auto al que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP, durante siete años se mantuvo un supuesto entramado fraudulento con pagos de facturas infladas o ficticias. Medina sería quien firmaría los pagos, en calidad de concejala de Parques y Jardines, dando por válidas unas cantidades que no se correspondían con la realidad al no haber una comprobación de los contadores para verificar el consumo de agua contratada.

Estas 89 facturas fueron emitidas entre abril de 2015 y noviembre de 2022, siete meses antes de que Medina dejara el área en manos de Gemma Martínez Soliño. Esta última también ha sido citada por el juez, aunque como testigo junto al ex director de Servicios Públicos, Bruno Naranjo Naranjo; y el jefe de infraestructuras verdes, Víctor Alonso Martínez, quien entró en el servicio justo cuando dejaron de emitirse facturas infladas.

El fiscal entiende así que Medina contribuía «decisivamente» al desvío de fondos municipales en beneficio de la contratista, puesto que era quien aprobaba los decretos de gasto que «daban cobertura formal al fraude contable». Fiscalía resalta que las 89 facturas emitidas en el periodo señalado estaban dopadas mediante «consumos inflados o inexistentes», algo que se podría demostrar mediante los pagos que se generaron posteriormente al periodo descrito, cuando los consumos de agua estaban muy alejados de lo que se reconocía como válido.

Bajo «una connivencia continuada»

Este pacto fraudulento estaba sustentado bajo «una connivencia continuada» entre los funcionarios públicos encargados de verificar y autorizar los pagos por el suministro real ejecutado y el contratista. Las facturas puestas en entredicho tenían que ser supervisadas por el jefe de la unidad técnica de Parques yJardines; Padrón primero, y González Cubas después. Ambos eran los encargados de verificar y autorizar el pago por el suministro real ejecutado por parte del contratista.

A su vez, Medina era la autoridad competente para aprobar las facturas y emitir las resoluciones de liquidación y reconocimiento de obligación. La concejala de Parques y Jardines fue la encargada de firmar las resoluciones administrativas que autorizaban el pago de las facturas de Guerra Patrimonial, «sin requerir comprobación técnica alguna ni justificar el consumo acreditado», apunta el documento del fiscal.

Pliego de prescripciones técnicas

Según los Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) de los contratos, las facturas debían determinarse conforme al volumen real de metros cúbicos de agua suministrados por la empresa al Ayuntamiento. Los técnicos son los que debían certificarlas mediante la lectura de los contadores. El análisis por parte del fiscal de dos de los expedientes administrativos, así como de la facturación oficial del Ayuntamiento, «demuestra que los responsables técnicos y políticos prescindieron completamente» del procedimiento legal de control de gasto público.

Y es que las facturas se hacían, según Ródenas, «ajustándose al céntimo al crédito restante de cada ejercicio», como si se hubiera gastado toda el agua contratada. Los dos funcionarios habrían alterado el pliego elevando el volumen máximo de consumo hasta los 190.000 metros cúbicos, «cifra muy superior a la demanda real». Esta alteración de los pliegos se produjo en junio de 2019. Un mes antes, Guerra habría otorgado un préstamo de 430.000 euros a Miguel Ángel Padrón.

El que era jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines se habría financiado así la construcción de un edificio de viviendas vacacionales en La Palma. Lo cierto es que el juez ya venía investigando desde el año pasado a Padrón y a Guerra, dentro de la pieza separada número cinco, que ahora se ha visto ampliada a petición del fiscal. Ambos habrían mantenido negocios arbitrarios a través de la empresa Esvertical entre 2014 y 2021.

Fin de la sobrefacturación

A partir de diciembre de 2022 la práctica de la sobrefacturación terminó de manera abrupta. Según el ministerio público, los pagos descendieron hasta niveles coherentes con los consumos reales registrados en 2012 -menos de 5.000 metros cúbicos mensuales-, de ahí que los volúmenes facturados durante los siete años anteriores fueran materialmente imposibles. El juez solicita ahora al Ayuntamiento capitalino la entrega de esas 89 facturas, los ejercicios presupuestarios que les dieron soporte y las lecturas del contador del agua.

Por el momento, la alcaldesa, Carolina Darias, definió el viernes la situación como «compleja», aunque rehusó a valorar la posición en la que queda Inmaculada Medina dentro de su gobierno municipal hasta «acceder a la documentación» para poder pronunciarse al respecto. Por su parte, la portavoz del PP, Jimena Delgado, ha pedido el cese de la concejala y que Darias «le anime a dejar el acta»; o al menos la aparte «de forma temporal».

El exalcalde Augusto Hidalgo, quien mantuvo a Inmaculada Medina como concejala de Parques y Jardines durante sus dos mandatos, apuntó el jueves que «el responsable político» es quien «firma lo que le certifica el funcionario», y que «para que se demuestre que el que firmó en última instancia es responsable [de esos supuestos delitos] tiene que haber una connivencia». La concejala evitó este sábado hacer declaraciones a este periódico.

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