La tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria acaba en los juzgados

La tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria se revisará en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha aceptado a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Partido Popular. La implantación del polémico impuesto viene de una ley aprobada en Europa y es obligatorio para todas las ciudades de más de 5.000 habitantes. El objetivo es incentivar el reciclaje y parte de la idea de que quien contamina más debe pagar más.

Normativa europea y plazos de aplicación

La normativa europea fue aprobada en 2018 y el Gobierno de España dictaminó que la nueva tasa debía estar aprobada en todos los ayuntamientos antes de finalizar 2025 y, por tanto, su entrada en vigor es el 1 de enero de 2026. El Ayuntamiento de la capital grancanaria aprobó la medida en el Pleno de abril.

El PP sostiene que el modelo aprobado por el Ayuntamiento carece de "un sistema claro y realizable de bonificaciones que proteja a las familias con menos recursos", lo que podría generar un "impacto desproporcionado" en los sectores más vulnerables. Además, cuestionan que el Consistorio disponga de la infraestructura y la tecnología necesarias para medir con precisión cuánta basura genera cada hogar. Temen, por ello, que se aplique "una imposición indiscriminada que no distinga entre quienes gestionan correctamente sus residuos y quienes no".

Los populares también denuncian que el incremento fiscal no implica una mejora en el servicio: "No se han presentado planes específicos ni detallados que apunten a la optimización del servicio de recogida, ni se han justificado las inversiones en infraestructuras que validen la necesidad de imponer este nuevo gravamen".

Alegaciones de la oposición y justificación económica

Ya entonces la oposición había presentado alegaciones al gobierno municipal para paralizar la norma hasta que no se elaborara un informe técnico-económico que desglosara los costes directos e indirectos del servicio, en el que "se justifique la cuantía de la tasa en relación al coste real del servicio y se garantice su cumplimiento con los principios de proporcionalidad y equidad". El Ayuntamiento resolvió las alegaciones presentadas y aseguró que la norma se aprobaba bajo un "contexto en el que se asegura el coste efectivo en la prestación del servicio" a través de un estudio económico que recogió los costes directos e indirectos.

Cuotas, bonificaciones y tecnología de control

La cuota básica será de 108,45 euros y la cuota por generación, de 40,88 euros, con lo que la cuantificación total será de 149,33 euros. Asimismo, el gobierno municipal ha contemplado bonificaciones para las familias numerosas y las personas en vulnerabilidad social. En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habrá bonificaciones para los que separen correctamente los residuos y, por otra parte, aquellos que generen más, pagarán más. Esto obligará al Consistorio a incorporar nueva tecnología para conocer quién separa bien y quién no.

Recursos legales y conflicto político

El recurso impuesto por el PP municipal sigue un esquema marcado por la dirección nacional del partido. A finales de octubre, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, informó de que habría "una batalla legal contra la tasa de basuras" en todos los ayuntamientos gestionados por el partido. La guerra por este impuesto también salpica del otro lado, ya que Más Madrid recurrió la tasa de basura impuesta por Almeida, al considerar que no reduce los residuos y penaliza más a algunos barrios frente a otros.

Diferentes modelos de aplicación de la tasa

Y es que hay formas diferentes de aplicarla. Por una parte, se puede establecer la tasa a través del valor catastral de cada vivienda. O aplicar criterios como la ubicación, el consumo de agua o el número de habitantes en la vivienda. La organización que representa a los consumidores, Facua, ha denunciado que los ayuntamientos que utilizan la primera medida no responden al principio básico de la norma de que quien más consume es quien más tiene que pagar. Y han abierto un espacio para que los ciudadanos puedan reclamar.

Movilización ciudadana contra la tasa

La tasa no solo ha levantado polémica política, sino también ciudadana. El próximo miércoles 26, las asociaciones vecinales han convocado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en contra de la implantación de esta medida.

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