Un Minion no pudo evitar la multa: retiran un coche del Negrín por usar tarjeta PMR caducada
El muñeco intentaba ocultar que la acreditación para aparcar en plaza de movilidad reducida llevaba más de un año caducada. El coche acabó en el depósito
El Minion que no pudo evitar la multa
En ocasiones, la realidad supera a la ficción... o al menos a los dibujos animados. Esta semana, en el aparcamiento del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, un coche fue sancionado y retirado por estar aparcado en una plaza reservada para personas con movilidad reducida (PMR) utilizando una tarjeta caducada desde 2023. Lo insólito del caso es que la tarjeta estaba estratégicamente tapada por un muñeco Minion, como si el famoso personaje amarillo pudiera burlar la inspección.
El vehículo fue localizado en una zona PMR del hospital, y a simple vista parecía cumplir con los requisitos... salvo por un pequeño detalle: la tarjeta estaba vencida desde hacía más de un año. Y para más inri, estaba medio cubierta por un peluche del personaje de animación, probablemente en un intento creativo (pero inútil) de evitar que se viera la fecha de expiración.
Los agentes que patrullaban el recinto no tardaron en darse cuenta de la artimaña. Tras verificar la caducidad del documento, se procedió a interponer una denuncia y trasladar el coche al depósito municipal, dejando la plaza nuevamente disponible para quien realmente la necesite.
¿Qué dice la normativa sobre estas tarjetas?
Las tarjetas PMR son un derecho para personas con discapacidad que presentan problemas de movilidad. Están reguladas a nivel nacional por el Real Decreto 1056/2014 y permiten aparcar en plazas reservadas, siempre que se cumpla un requisito esencial: estar en vigor y bien visible.
Ocultarla parcial o totalmente, y más aún si está caducada, puede considerarse una infracción grave o incluso uso fraudulento, dependiendo del caso. En este episodio del Hospital Dr. Negrín, el intento de esconder la fecha de expiración bajo un muñeco infantil no sirvió de excusa ante la ley.
Además de la retirada inmediata del vehículo, el propietario se enfrenta a una sanción económica significativa, que puede superar los 200 euros, y posibles consecuencias legales si se detecta reincidencia o falsificación.
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