La exconcejala Inmaculada Medina no se abstuvo en la firma de facturas pese a la "amistad" con Felipe Guerra

El Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Policía Judicial ha advertido que la exconcejala de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, no se abstuvo de firmar contratos con el empresario Felipe Guerra a pesar de que guardaba una "estrecha relación personal" con él y con el técnico del área de Parques y Jardines, el también investigado Miguel Ángel Padrón. Las diligencias practicadas han mostrado que los tres implicados en la presunta trama corrupta mantenían una relación de "amistad" que se evidencia en conversaciones y fotografías donde comparten comidas fuera del entorno laboral.

Fruto del registro practicado por la Guardia Civil en el marco de la investigación judicial, se incautaron los teléfonos móviles de Felipe Guerra y Miguel Ángel Padrón. Al analizar los dispositivos, el Equipo de Investigación Tecnológica halló una serie de imágenes y archivos de la vida personal y lúdica de los investigados y de los encuentros que estos mantenían con la exedila y con otras personas ajenas al procedimiento.

Los investigadores observan "la existencia de una relación personal entre los sujetos investigados, circunstancia que se evidencia con la localización de fotografías y chats de WhatsApp en los que ambos participan y cuyo contenido no se centra en relaciones comerciales o profesionales sino todo lo contrario, muestran relaciones sociales o de amistad de los partícipes".

Relaciones sociales

Además, apuntan a la "reiterada presencia" de Medina, de especial interés por su cargo en ese momento como concejala del área de Parques y Jardines y porque había participado en prácticamente todos los expedientes de contratación de la corporación con Felipe Guerra. Los investigadores señalan un posible incumplimiento de sus funciones por no inhibirse a pesar de los vínculos que mantenía con el principal adjudicatario.

Durante los siete años en los que actuó la presunta trama corrupta, entre abril de 2015 y noviembre de 2022, el empresario investigado facturó por cinco contratos mayores con la administración pública un total de 3.872.000 euros debido a los trabajos de suministro de agua de riego para las zonas de Tamaraceite, Lomo Los Frailes, La Galera y San Lorenzo.

Falta de comprobación del servicio

Antes de las licitaciones públicas, la mercantil presentó en el Ayuntamiento una oferta para suministros de agua de riego en noviembre de 2009. En la misma informaba de que dispone de un pozo y de la explotación de la presa de Tamaraceite, por lo que puede suministrar agua de riego en condiciones ventajosas para el Parque de la Mayordomía, las zonas verdes de Tamaraceite y la zona de Siete Palmas. Sin embargo, la Policía Judicial no localiza "documento alguno entre los distintos expedientes de contratación relativo a la certificación de lo expuesto o diligencia de comprobación por parte de la administración" en este sentido.

Por otra parte, el empresario también ha sido beneficiario de 13 contratos menores con la unidad técnica de Parques y Jardines. Estos fueron catalogados por la corporación local como actuaciones de suministros, servicios u obras y supusieron una facturación total de 29.672 euros.

Firmas bajo sospecha

El análisis de los expedientes de contratación también expone la firma de manera reiterada del investigado Miguel Ángel Padrón en "documentos de vital importancia". Entre ellos, los informes de necesidad de contratación o pliegos técnicos que dieron inicio a la contratación pública y al establecimiento de los requisitos.

Respecto a los contratos por los cuales la entidad lleva suministrando agua de riego a las zonas de Tamaraceite, La Galera, Lomo Los Frailes y San Lorenzo desde 2012, los investigadores no han localizado "parte de lectura o control de consumo de agua que acredite el efectivo consumo facturado por parte de la mercantil adjudicataria del servicio". Por tanto, no se ha podido contrastar la veracidad de lo expuesto en las facturas emitidas, quedando pendiente la comprobación.

Medina será el primer cargo público en declarar como investigada en el caso Valka el próximo 19 de diciembre. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, le imputa posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

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