Inmaculada Medina firmó facturas por encima del precio de la adjudicación

La exconcejala de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medinafirmó facturas a favor del empresario Felipe Guerra por el suministro de agua en el área de Parques y Jardines que superaban el precio ofrecido en la adjudicación del contrato. Así lo refleja el informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, en el Área de Delincuencia Patrimonial y Económica, que motivó la ampliación de la investigación de una de las piezas separadas del caso Valka, lo que ha supuesto la primera imputación y posterior renuncia de un representante público del Ayuntamiento.

El magistrado Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción número 2, ordenó un análisis detallado de las licitaciones a Guerra Patrimonial FGG durante los siete años en los que habría operado la presunta trama, desde abril de 2015 hasta noviembre de 2022. Uno de los expedientes examinados es el referido al suministro de agua de riego para los barrios de Tamaraceite, Lomo Los Frailes y La Galera en el año 2016 y en las tres siguientes anualidades.

Guerra resultó adjudicatario del concurso tras realizar una oferta para llevar a cabo las citadas actuaciones por un coste de 1,25 euros por metro cúbico de agua, ascendiendo a un importe máximo de 468.000 euros. Sin embargo, en la factura final por el contrato de los servicios esta cuantía se elevó a 1,35 euros por metro cúbico de agua, lo que incrementó el precio a pagar por la administración pública hasta los 750.000 euros.

La presunta trama logró que el Ayuntamiento asumiera gastos que la entidad ya se había comprometido a atender

Entre los responsables de la elaboración de las prescripciones técnicas del contrato se encontraba el técnico Miguel Ángel Padrón, investigado en la supuesta trama y que mantuvo negocios con el empresario en la entidad Esvertical entre 2014 y 2021. El único criterio establecido para la adjudicación era el "precio más bajo". La oferta que realizó la entidad se situaba por debajo del tope para la licitación, pero finalmente se redactó el contrato sobre el coste máximo previsto.

De igual forma, el informe alude a otro expediente para el suministro de agua de riego en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo en los años 2020, 2022 y 2023. La empresa imputada lanzó una oferta, que resultó adjudicataria, para asumir el servicio a cambio de una contraprestación de 1,25 euros por metro cúbico.

Cambios de precios

Sin embargo, tres de los investigados —Inmaculada Medina, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas— firmaron un mes después una subsanación del informe de justificación de precios, en la que subieron el coste del metro cúbico de agua a 1,31 euros, fundamentándose en el histórico de contratos anteriores similares y en la variación de costes de mantenimiento de la red. Quien debía comprobar que se había prestado el servicio era Padrón, aunque el contrato se vio afectado en parte por la declaración del estado de alarma en marzo de 2020.

El pliego de una de estas adjudicaciones atribuía además al empresario hacerse cargo de la instalación, el mantenimiento y la reposición en caso de avería de las conducciones del suministro, sin que ello afecte al precio de la licitación. Sin embargo, advierte la Policía Judicial que se han localizado una serie de contratos menores en el mismo periodo temporal que pueden contradecir este punto. Aunque el Ayuntamiento los catalogó como contratos de suministro, a la vista de los presupuestos de Guerra Patrimonial FGG se puede deducir que en realidad son de servicios, "generando un sobrecoste para la corporación local", alerta.

El informe advierte que la administración no pidió presupuesto a diferentes empresas para contratar la oferta más ventajosa

Los investigadores indican que quienes firmaron los contratos menores con aparentes incongruencias entre la catalogación por parte de la administración pública y lo que ejecutó la adjudicataria fueron una vez más Miguel Ángel Padrón, Inmaculada Medina y una tercera empleada ajena al procedimiento.

Para los agentes, "también es reseñable el hecho de que dado que para todos y cada uno de los trabajos solo se ha recibido una única oferta, circunstancia que evidencia que por parte de la Administración no se ha solicitado presupuesto de diferentes empresas al objeto de contratar la oferta más ventajosa, encargando estos trabajos siempre a la mercantil Guerra Patrimonial FGG".

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, habla de un fraude de dinero público que superaría los 400.000 euros y que la empresa contratista habría devuelto a Padrón en forma de "retorno encubierto" mediante un préstamo de 430.000 euros. Este último, al que también se le imputa un delito de cohecho por los presuntos beneficios que habría obtenido, construyó un edificio de viviendas vacacionales en La Palma con las supuestas ganancias obtenidas.

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