El Ayuntamiento carece de registros sobre los pagos a la empresa de Felipe Guerra y Miguel Ángel Padrón

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha respondido al magistrado que investiga la presunta trama de corrupción del caso Valka que carece de registros de pago por los trabajos que supuestamente realizó la empresa Esvertical, de la que fueron administradores el empresario Felipe Guerra y el ex jefe técnico de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial, en el Área de Delincuencia Patrimonial y Económica, tacha esta contestación de "cuando menos sorprendente" porque la corporación local dice desconocer qué entidad instaló la mayor parte de los jardines verticales de la ciudad.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Rafael Passaro, pidió a los agentes que indagaran estas obras bajo sospecha, que sustentan gran parte de la investigación de esta pieza separada por un presunto quebranto para las arcas municipales de más de 400.000 euros, que habría sido compensado mediante un "préstamo encubierto" al jefe del servicio.

El director general de Contratación y Patrimonio, Rafael de Francisco Concepción, contestó por escrito al requerimiento judicial. "En relación con los trabajos ejecutados por la mercantil Esvertical, consultado el programa de contabilidad municipal no constan pagos realizados por el Ayuntamiento a la citada empresa. Tampoco constan trabajos realizados por dicha mercantil, en particular en los jardines verticales que se indican", respondió el técnico.

El jefe del servicio envió una foto al empresario sobre unas obras que el Ayuntamiento no reconoce quien realizó

Sin embargo, la empresa FCC Medio Ambiente, adjudicataria del contrato de servicio de mantenimiento y conservación de los espacios verdes, áreas caninas y arbolado urbano de la ciudad, informó en una consulta telefónica de que los jardines verticales de Ciudad Alta y del parque de Don Benito fueron ejecutados como mejoras al contrato y, por tanto, no fueron facturadas al Ayuntamiento.

"Respecto de los restantes jardines verticales, consultada la cuestión con la Unidad Técnica de Parques y Jardines, con los distintos Distritos, así como con la Sociedad de Promoción, no consta la empresa que procedió a su instalación, si bien su mantenimiento se realiza en el marco del mencionado contrato" adjudicado a FCC Medio Ambiente, apunta el escrito.

Análisis de los dispositivos

Sin embargo, en el análisis de los teléfonos incautados a los investigados que realizó el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (EDITE), los agentes encontraron una fotografía enviada por Padrón a Guerra en la que se observa el Jardín Vertical de San Lorenzo, sobre el cual el Ayuntamiento dice desconocer quién ejecutó los trabajos.

En el móvil del jefe del servicio también se halló un documento que hace referencia al préstamo de 430.000 euros emitido por la empresa Guerra Patrimonial FGG para la construcción de un edificio de viviendas vacacionales en la localidad de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma.

El juez advierte una "posible causa de prohibición" para contratar a la mercantil Guerra Patrimonial FGG

La Policía Judicial destaca una serie de aspectos irregulares sobre este pago realizado por una mercantil cuyo objeto social no es la actividad financiera. En las condiciones del préstamo no se establece un plan fijo de amortización periódica del capital, se da plena libertad para la devolución de la cuantía según le permita su liquidez y se fija un interés del Euribor del +0% sobre el capital pendiente, lo que implicaría que el prestamista no obtendría ningún beneficio económico.

Miguel Ángel Padrón y Felipe Guerra fueron administradores mancomunados en la empresa Esvertical desde octubre de 2014 hasta octubre de 2021. El objeto social de esta entidad es la proyección, el diseño y la construcción de jardines, en especial de tipo vertical. En medio de ese marco temporal, en marzo de 2018, Padrón asumió la jefatura del servicio de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Relación económica

Mientras el técnico municipal y el empresario mantenían negocios conjuntos en una empresa perteneciente al sector, Padrón firmó numerosos documentos como miembro de la corporación que facilitaron la contratación de la mercantil investigada, Guerra Patrimonial FGG.

Presuntamente, entre el jefe del servicio, su sucesor Sergio González Cubas y la exconcejala Inmaculada Medina formaron un tándem que habría firmado 89 facturas infladas o ficticias en un periodo de siete años, entre 2015 y 2022, a favor del empresario.

El juez que dirige la investigación acordó liberar un oficio a la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias, integrada en la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, para poner en su conocimiento la "existencia de una posible causa de prohibición" para contratar a la mercantil Guerra Patrimonial FGG.

Ocultación del vínculo

Cedió así a la petición del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, que justificó la necesidad de adoptar esta medida porque en dos de los expedientes —relativos al suministro de agua en tomaderos del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya y al suministro de agua de riego para jardines de Tamaraceite, San Lorenzo y La Galera— Guerra omitió "la existencia de un vínculo económico directo" con el responsable técnico de la contratación.

El representante del Ministerio Público recuerda que el empresario suscribió el Documento Europeo Único de Contratación en junio de 2019, declarando no estar incurso en causa de prohibición ni mantener vínculos económicos con los funcionarios intervinientes. Sin embargo, un mes antes, el 20 de mayo, el contratista otorgó el préstamo privado a Padrón, con fecha de vigencia hasta el año 2035.

Ródenas mantiene que el hecho de omitir deliberadamente la relación económica durante toda la vigencia del contrato configura una presunta falsedad por omisión que vulnera los principios de integridad, imparcialidad y transparencia recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Esto, añade, podría "constituir causa directa de prohibición de contratar con cualquier entidad del sector público".

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