El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre la sentencia del 'caso de Emalsa': "Pone en entredicho la manera de actuar del PP"

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reprochado al Partido Popular la denuncia presentada en su día por un exalcalde de la formación y que dio origen al caso Emalsa. Ayer, la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió a los 15 acusados, que se enfrentaban a cargos de delito continuado de apropiación indebida o, de forma alternativa, de administración desleal. La corporación municipal considera que la sentencia "pone en entredicho la manera de actuar del PP".

Juan José Cardona, alcalde de la ciudad entre 2011 y 2015, impulsó la acusación contra los 15 directivos de la parte privada de la empresa mixta que gestiona el servicio de agua en la capital. La Fiscalía solicitaba penas de hasta seis años de prisión por un supuesto fraude de 23 millones de euros al Consistorio entre 2008 y 2013.

"Una situación injusta"

Sin embargo, la sentencia descarta que las cuentas municipales resultaran perjudicadas por las actuaciones de los acusados. En este sentido, el Ayuntamiento valora positivamente el cierre del caso, al considerar que restituye "la imagen y reputación de Emalsa y de su equipo humano". "La Audiencia Provincial cierra una etapa marcada por un importante desgaste personal para muchas personas que han tenido que soportar durante años una situación injusta", destacan fuentes municipales.

Emalsa es una empresa mixta, cuyos accionistas se reparten entre una parte pública y otra privada. El Ayuntamiento posee el 34% de las participaciones, mientras que Saur Internacional y Valoriza controlan un 33% cada una. A lo largo de los 13 años que duró el proceso judicial, los magistrados investigaron si las compañías privadas contrataron a la empresa Sercanarias -constituida por los socios privados de Emalsa- sin cumplir la normativa que obliga a obtener la aprobación de otro socio y a redactar un libro de actas de las reuniones.

Acusaciones

La Fiscalía, el comité de empresa de Emalsa y la asociación cívica El sol sale para todos sostenían que, al no respetar estos procedimientos, los socios privados habrían causado un perjuicio económico millonario a la entidad. No obstante, el tribunal concluyó que la contratación no constituyó una ilegalidad y que la ausencia de actas del comité de gerencia no suponía infracción alguna. También determinó que no hubo daño económico, ya que todos los contratos fueron necesarios y ejecutados por Sercanarias. Además, los auditores de las defensas -ejercidas por los letrados Noelia Afonso Marrero, Julio Cabrera Barreto, Mónica Godoy Suárez, José Joaquín Díaz De Aguilar, Nicolás González-Cuellar y José María Palomino- concluyeron que los precios adjudicados se ajustaban a los habituales del mercado, por lo que no existió un enriquecimiento indebido.

"El caso demuestra la necesidad de actuar siempre con rigor y fundamento antes de presentar denuncias ante la Fiscalía o los tribunales", subraya el gobierno municipal. La reciente resolución judicial sobre la empresa de aguas fue abordada durante el Pleno del Ayuntamiento celebrado ayer. En él, el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, preguntó al principal partido de la oposición cómo pensaban reparar la "injusticia" vivida por los acusados. La portavoz del PP, Jimena Delgado, respondió que la denuncia no fue presentada por el partido, sino por "un alcalde", en referencia a Cardona, quien en 2024 dejó el PP y se unió a Coalición Canaria.

Por su parte, Emalsa ha preferido no pronunciarse sobre el fallo al ser todavía susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

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