La Fiscalía investiga si el desvío del barranco de La Ballena se hizo para beneficiar a una promotora
El Ministerio Público recaba documentación ante un posible delito de cohecho y de ordenación del territorio por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Geursa
Bulevar peatonal entre las calles Castillejos y Vergara. / José Carlos Guerra
La Fiscalía investiga si el desvío del barranco de La Ballena en Guanarteme fue legal o si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cometió algún tipo de irregularidad. El cauce fue modificado en 2019 entre las calles Vergara y Castillejos para albergar el paseo que conectará la plaza de América con el paseo de la playa de Las Canteras. La obra la realizó Almacenes Guanarteme como parte de la ejecución de la Actuación de Dotación (AD) 09 para poder construir después una torre de 11 plantas y 109 viviendas en el solar adyacente.
La denuncia de un particular, de la que parten las pesquisas del Ministerio Público, pone en entredicho la obra. El proyecto supuso desviar el cauce del barranco 15 metros para que este no afectara a la construcción del nuevo edificio y, posteriormente, soterrarlo con el bulevar peatonal por encima. Los denunciantes entienden que esta modificación se hizo "en beneficio de una empresa particular". Además, se cuestiona el aumento de edificabilidad de la manzana -hasta 11 plantas en la torre central- y la reagrupación de parcelas.
Posible delito de cohecho y de ordenación del territorio
La Fiscalía ha abierto diligencias previas ante un posible delito de cohecho y de ordenación del territorio; por lo que ha iniciado una investigación contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa municipal Geursa por haber permitido la obra en cuestión en el primer mandato de Augusto Hidalgo como alcalde.
El fiscal de Medioambiente y Urbanismo, Miguel Ángel Hernández González, ha solicitado al Ayuntamiento de la capital y a Geursa toda la documentación relativa a la AD-08 entre las calles Simancas y Castillejos y a la AD-09, entre Castillejos y Vergara. Ambas forman parte del futuro paseo peatonal entre la plaza de América y la playa. El Ministerio Público quiere saber si el Consistorio realizó un informe técnico de manera previa con mediciones del terreno, así como una valoración y tasación del suelo, antes de autorizar el desvío.
La obra, ante los tribunales
La AD-08 comenzó a ejecutarse en 2019 con el desvío del barranco que el denunciante pone ahora en cuestión ante la Fiscalía. La actuación fue ejecutada y sufragada en un principio por la promotora. No obstante, esta reclamó ante los tribunales el coste de la obra al Ayuntamiento capitalino. El TSJC falló a favor de la empresa por lo que el Consistorio tuvo que desembolsar 827.822 euros por la canalización ejecutada en el tramo entre Vergara y Castillejos.
Promoción de un edificio de 11 plantas entre Simancas y Castillejos / Juan Castro
Según la sentencia del TSJC, el Consejo Insular de Aguas autorizó el desvío del barranco el 31 de agosto de 2017. Menos de un mes después, un técnico de Urbanismo emitió un informe dictaminando que la ejecución de los trabajos debía realizarla el Ayuntamiento, de ahí que la Justicia fallara a favor de la empresa. Los trabajos no salieron a licitación, sino que fueron ejecutados directamente por la promotora, hecho que el denunciante particular pone en entredicho en esta ocasión.
Esta no es la primera denuncia que recibe el desvío del cauce entre Vergara y Castillejos. La plataforma vecinal Guanarteme se mueve y el Pacto Vecinal llevaron en 2023 a la Fiscalía el soterramiento y canalización del barranco tras haber provocado malestar entre los vecinos. La querella fue archivada al no encontrarse indicios de delito.
Segunda actuación en el barranco de La Ballena
La documentación que el fiscal ha solicitado al Ayuntamiento y a Geursa también hace referencia a la AD-08. Esta segunda actuación de dotación corresponde con el tramo del barranco de La Ballena entre las calles Simancas y Castillejos. El desvío del cauce realizado realizado en 2019 también afectó a la misma, puesto que las aguas de escorrentías, en su camino hacia el mar, pasaron de salir por un costado del número 22 de Castillejos -vivienda cuya expropiación forzosa inició casualmente el Consistorio la semana pasada- a hacerlo por el opuesto.
Salvo esta nueva boca del barranco, la AD-08 todavía no ha sido ejecutada. El Ayuntamiento dio luz verde a la operación urbanística el pasado mes de septiembre tras superar el periodo de exposición pública. La idea por parte también de Almacenes Guanarteme será canalizar este tramo del cauce para continuar el paseo peatonal hasta la playa y construir dos edificios, uno de 11 y otro de cinco plantas. Vecinos y asociaciones ecologistas presentaron un total de 119 alegaciones en contra de esta operación, sin éxito.
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