La promotora de Guanarteme defiende que se ajustó al desarrollo del Plan General

La polémica por la canalización del barranco de La Ballena sigue su curso. La promotora Almacenes Guanarteme defiende que se ha ajustado en todo momento a lo estipulado en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012. La Fiscalía está investigando, a raíz de una denuncia particular, si la empresa se ha visto beneficiada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la hora de desarrollar la Actuación de Dotación (AD) 09 y la AD 08 entre las calles Vergara y Simancas, en el barrio de Guanarteme.

El plan general recoge un bulevar peatonal entre la plaza de América y la playa de Las Canteras con el propósito de "esponjar" el barrio ante la falta de espacios libres. "Se trata de un plan de ciudad", recalcan desde la empresa; además, subrayan que "en ningún momento" negociaron la ordenación de las manzanas que pone en entredicho la denuncia que está investigando el fiscal; a diferencia de una Unidad de Actuación (UA), donde los promotores tienen mayor libertad para distribuir las parcelas.

Desvío del barranco de 15 metros

La ejecución de la AD09, entre Vergara y Castillejos, arrancó en 2019 con las demoliciones y el desvío del barranco de La Ballena unos 15 metros. El proyecto de modificación del cauce fue redactado por Geursa con el propósito de liberar espacio edificable. La ordenación que hizo el Consistorio plantea así un canje de la superficie disponible para construir, de tal manera que los propietarios cedían parte de su suelo para habilitar el bulevar y, a cambio, el nuevo edificio crecía en altura.

La empresa indica que la edificación en altura es la misma que si lo hubieran hecho en horizontal en las parcelas cedidas

La AD-09 permite construir cinco alturas hacia las calles Vergara y Castillejos y una torre central de 11 alturas en el interior de la manzana. Desde Almacenes Guanarteme indican que esta distribución, que ya han ejecutado, venía dada por el Consistorio y que la superficie edificable que obtuvieron es la misma que si hubieran construido edificios de cinco plantas -que son las permitidas por lo general en Guanarteme- en las parcelas que tuvieron que ceder.

La promotora, además de levantar el edificio, canalizó el barranco y urbanizó el nuevo bulevar bajo los criterios que dictaminaron los técnicos municipales, aseguran. La obra se acordó entre ambas partes para agilizar la operación. Urbanismo marcó un precio de licitación de 889.498 euros, aunque la empresa hizo el proyecto finalmente por 827.822 euros.

El TSJC falló a favor de la empresa el año pasado tras reclamarle al Ayuntamiento el gasto de la obra. El desvío del barranco contaba con la autorización del Consejo Insular de Aguas desde agosto de 2017 y, un mes después, los técnicos municipales dictaminaron que los trabajos debían ser asumidos por el Consistorio al tratarse de un espacio de uso público.

La continuación del bulevar peatonal

La segunda actuación de dotación que el fiscal de Medioambiente y Urbanismo está investigando -la AD 08- ordena el tramo entre las calles Castillejos y Simancas. En este caso, el PGO establece la construcción un edificio de cinco plantas hacia Simancas y Almansa y otro de 11 en el interior de la manzana; además de la canalización del cauce y la continuación del bulevar.

La promotora alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento para ejecutar la canalización del barranco

Almacenes Guanarteme ha presentado un proyecto para esta parcela que cuenta ya con luz verde tras superar la evaluación ambiental; y pese a las alegaciones en contra de vecinos y ecologistas. La idea será hacer un único edificio de 168 viviendas con las diferencias de alturas descritas. Desde la empresa señalan que son las mismas que podrían haber construido en edificios de cinco plantas sobre las parcelas que van a ceder al Consistorio para el paseo peatonal.

La empresa cuenta ya con licencia de construcción y de demolición de las edificaciones existentes -un gimnasio en la esquina entre Simancas y Almansa y la nave adyacente a esta última-. Según estos, están pendientes de una revisión del proyecto de canalización que debe realizar el Consejo Insular de Aguas.

La Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento toda la documentación relativa a estas dos actuaciones de dotación. En especial, se pregunta si se hizo un informe técnico con mediciones del terreno, así como una valoración y tasación del suelo antes de autorizar el desvío del cauce.

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