El juez aplaza las declaraciones por la pieza del 'caso Valka' que investiga a Inmaculada Medina

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha aplazado hasta el próximo año la toma de declaración a los primeros testigos de la pieza del caso Valka que investiga por presuntos delitos de corrupción a la exconcejala Inmaculada Medina, a los anteriores jefes del servicio Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas y al empresario Felipe Guerra. En concreto, se trata de las comparecencias que estaban previstas para este miércoles de la edila Gemma Martínez (Podemos) y los técnicos Víctor Alonso Martínez y Bruno Naranjo. 

La citación se debe a la ampliación de la denuncia solicitada por el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, que supuso la primera imputación y posterior dimisión de un cargo político a raíz de la supuesta trama. El Ministerio Público apunta a un tándem formado por Medina, Padrón y González para favorecer a la empresa Guerra Patrimonial FGG en los contratos de suministro de agua con datos de consumo inventados o inflados sin leer los contadores. Según esta parte, las prácticas fraudulentas se habrían extendido desde abril de 2015 hasta noviembre de 2022, durante los años en los que el área estuvo controlada por los tres responsables públicos.

El magistrado Rafael Passaro, que instruye la causa, considera necesario para el avance de la investigación que declaren los actuales gestores de Parques y Jardines. A partir de diciembre de 2022, cuando la gestión pasó a Naranjo, Alonso y Martínez, las facturaciones se redujeron drásticamente hasta niveles coherentes con los consumos de 2012. Esto, según el fiscal, se debe a que comenzaron a exigir lecturas verificadas de los contadores de los tomaderos. 

Un fraude de 400.000 euros

Ródenas apunta que los actuales funcionarios y la concejala no han aprobado ninguna factura que no viniera acompañada de un registro del volumen de metros cúbicos de agua suministrada por el contratista. Si este cumplimiento se hubiera exigido durante los años anteriores, cuestiona, "no se habría producido el expolio de, al menos, 400.000 euros de fondos públicos". 

La investigación se cierne en estos momentos sobre 89 recibos de suministro de agua. El Ministerio Público sostiene que estaban inflados mediante una "práctica de dopaje contable" que consistía en desistir de las labores de fiscalización. Tacha así de "determinante" la actuación de los testigos citados a declarar para "poner fin a un mecanismo continuado de facturación mendaz", de una forma que evidencia que "el control efectivo no solo es posible, sino imprescindible para la protección del erario público". 

También han sido suspendidas las declaraciones de los primeros investigados, Felipe Guerra y Miguel Ángel Padrón, que estaban previstas para el próximo miércoles, 17 de diciembre, y las fijadas para dos días después, el 19 de diciembre, cuando debían comparecer la exedila Inmaculada Medina, el técnico Sergio González Cubas y un representante de Guerra Patrimonial FGG. 

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