Podemos en Las Palmas de Gran Canaria plantea una inmobiliaria pública para seguir en el pacto de gobierno local

Una inmobiliaria municipal para frenar el alza de los alquileres en Las Palmas de Gran Canaria. Podemos presentará a la próxima mesa del pacto un decálogo de medidas a tomar en materia de vivienda. El objetivo será intentar paliar la crisis habitacional que vive la ciudad. La portavoz y única concejala de la formación morada, Gemma Martínez Soliño, puso el problema de la vivienda como condición para seguir en el pacto de gobierno tras la dimisión de Inmaculada Medina al ser citada como investigada por el Caso Valka el pasado mes de noviembre.

Los morados presentarán al pacto con el PSOE y NC-BC un décalogo de 10 medidas en materia de vivienda «absolutamente aterrizadas a la realidad municipal», según ha expuesto a este periódico Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estretégico, Energía y Sostenibilidad. Este decálogo ha sido elaborado por un despacho especializado en urbanismo y vivienda, «ya teníamos una serie de idea planteadas, pero nos las han definido e incluido otras nuevas».

Sacar viviendas vacías al mercado inmobiliario

Sin querer definir el resto de medidas que barajan -otras están relacionadas con la legislación vigente-, el objetivo de esa inmobiliaria pública sería sacar viviendas vacías al mercado inmobiliario con alquileres asequibles. Para ello, su implementación sería posible mediante usufructos, de tal manera que los propietarios cederían al Consistorio capitalino el uso de sus inmuebles para que este gestione los arriendos.

El objetivo de esta inmobiliaria será sacar al mercado viviendas vacías para alquilarlas a precios asequibles

«Sería un incentivo para quien considere engorroso alquilar su vivienda o tenga miedo a un impago o a que se la ocupen a raíz de ese mensaje que se ha difundido», resalta Martínez Soliño y añade que, «de esa forma te garantizo [al propietario que dé el usufructo] que vas a cobrar cada mes y que tu vivienda va a estar cuidada».

El último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) del pasado mes de septiembre refleja que en Las Palmas de Gran Canaria existen unas 24.822 viviendas sin uso aparente. Eso sí, otra cuestión sería analizar las condiciones de habitabilidad de estos hogares.

Según la concejala de Podemos, «la política de vivienda no tiene que ser solo construir promoción pública, también movilizar lo que ya tenemos». Martínez Soliño destacó en noviembre que implantar medidas en materia de vivienda será su condición para seguir en el pacto de gobierno.

Zona tensionada

Según esta, ayuntamientos como el de Barcelona ya han adoptado la implantación de una inmobiliaria pública, «consistorios donde también hay gobiernos de progreso» El Ministerio de Vivienda también ha anunciado una plataforma similar a los portales inmobiliarios Idealista o Fotocasa.

En lo que va de mandato, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno canario declararse como zona tensionada, petición que por ahora no ha logrado caminar. También está inmerso en una política de construcción de vivienda pública, aunque buena parte de estas promociones están teniendo problemas para salir adelante y muchas están paralizadas por modificaciones en los proyectos de obra.

Cambios en el Ayuntamiento

El decálogo se lo presentarán al pacto «en la próxima reunión» que mantengan y donde se abordarán los cambios que ha habido en el Consistorio en los últimos meses. Yes que, desde el verano, el grupo de gobierno ha vivido un auténtico terremoto. En julio, el concejal delegado de Movilidad y Empleo, José Eduardo Ramírez, número dos hasta ese momento de NC en la capital, anunció su salida del partido canarista para unirse a las filas de Primero Canarias. Se trata de una decisión que no sentó bien al portavoz nacionalista, Pedro Quevedo. Por su parte, Martínez Soliño también se ha mantenido crítica.

«Sería un incentivo para quien considere engorroso alquilar su casa o tenga miedo a un impago o que lo ocupen»

Sería en noviembre cuando todo cambió. El juez instructor del Caso Valka decidió citar a Inmaculada Medina (PSOE) en calidad de investigada por diversos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Esta dimitió apenas unos días después, decisión que su partido y los socios de gobierno de Carolina Darias reconcieron como acertada.

Medina era concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, además de cuarta teniente de alcaldesa, por lo que ha supuesto una necesaria reestructuración del gobierno. No obstante, Darias no ha terminado de desvelar esta nueva configuración, que ha ido anunciando a cuenta gotas sin terminar de definirla.

Suscríbete para seguir leyendo