Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Rodríguez Neyra, el gerente de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria ausente de sus funciones

El ex director de Turismo LPA ya protagonizó una gerencia polémica al frente del 112 y el Servicio de Urgencias Canario entre 2013 y 2019 hasta ser cesado

Consejo de administración de Turismo LPA, con Rodríguez Neyra en detalle.

Consejo de administración de Turismo LPA, con Rodríguez Neyra en detalle. / Ayuntamiento LPGC

Las Palmas de Gran Canaria

El cese a principios de diciembre de Luis Rodríguez Neyra, exgerente de la Sociedad de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, ha sacudido a esta pequeña empresa dependiente del Ayuntamiento. Graduado en empresariales y con una trayectoria polémica al frente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) -empresa autonómica de la que depende el 112, entre otros servicios-, su despido fue motivado por ausentarse de su puesto de trabajo en el último año y una gestión deficitaria que está ahora en el ojo del huracán.

Rodríguez Neyra llegó a la sociedad municipal que gestiona el hotel Santa Catalina en julio de 2020. Por aquel entonces esta era una empresa sin casi actividad, aunque el Ayuntamiento capitalino ya estaba preparando una transformación que se haría efectiva a comienzos de 2022. Es entonces cuando esta asume las funciones de Turismo LPA, hasta entonces integrada en la Sociedad de Promoción, que se quedaría solo con el Carnaval, las fiestas de la ciudad y la actividad cultural propiamente dicha a partir de ese momento.

Un suelto neto de 60.000 euros

El cese se produjo, por tanto, cuatro años y medio después del nombramiento como gerente. Según el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, los problemas con este directivo -con un sueldo neto de 60.000 euros anuales- comenzaron a agravarse a comienzos de 2025. Una situación que, pese a las advertencias, se volvió insostenible el pasado mes de noviembre, cuando resultó «imposible de localizar», ausentándose de su lugar de trabajo y haciendo dejadez de sus funciones como empleado de una empresa pública.

Turismo LPAbaraja que Rodríguez Neyra puede haber dejado un desfalco de unos 115.000 euros, según desvelaron en el segundo consejo de administración celebrado en diciembre. Se trataría de un desfase en las cuentas que corresponde principalmente a 2025, pero cuya cifra final no está cerrada. Para ello, la entidad ha encargado una auditoría forense que analice el balance presupuestario de 2022 a 2025.

Estudios y experiencia laboral

Rodríguez Neyra es graduado en Ciencias Empresariales por la ULPGC. Cuenta con un máster en Administración y Dirección de Empresas y en Dirección y Gestión Comercial. Su primera experiencia como gerente fue en la empresa Smurfit Kappa, con sede en el polígono industrial de Arinaga, donde trabajó entre 1998 y 2007. De 2008 a 2011 hizo lo propio en Gran Canaria Motor (GC Motor).

Sería en 2013 cuando da el salto por primera vez a una empresa pública. En octubre de dicho año asume como gerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC); corporación dependiente de las consejerías de Sanidad y Justicia del Gobierno de Canarias. Su paso por dicha entidad no pasó desapercibido.

Las principales marcas o servicios que integran esta empresa son el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad Cecoes-112 y el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Con una plantilla media de 246 empleados y un presupuesto de 70 millones, presta otros servicios, como la atención del teléfono 016 para ayudar a víctimas de violencia de género.

Tensión en el 112 entre altos mandos

En 2016 las tensiones en el seno de la entidad estallaron con la dimisión de Luis Santacreu, director del 112, tras un año de pugna entre este y Rodríguez Neyra. Las polémicas se estaban acumulando en la entidad: concursos para renovar servicios públicos aplazados o pendientes de las bases, la retirada de la concesión a Cruz Roja para dotar al servicio de ambulancias, así como retirar durante un mes la ambulancia permanente del municipio de Tejeda -con las consiguientes protestas de Ayuntamiento y vecinos tildando este hecho de «temeridad»-.

Lo cierto es que Luis Rodríguez Neyra fue acaparando funciones poco a poco: la dirección económica, recursos humanos, unidad administrativa y otras responsabilidades, por lo que todo pasaba por sus manos y bajo su consentimiento. Una situación que causaba malestar, especialmente entre la plantilla, confusa por las peleas entre altos mandos de la entidad.

Con el cambio de gobierno y la entrada del pacto de la flores, Rodríguez Neyra fue cesado de sus funciones en octubre de 2019 dentro de un proceso de renovación de las empresas públicas iniciado por el nuevo consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Decide entonces postularse para ocupar la gerencia del hotel Santa Catalina, que llevaba varios años vacante. Adquirió la plaza gracias a su experiencia al frente del 112, superando así a otros 20 aspirantes.

Llegada a Turismo LPA

La sociedad del hotel Santa Catalina -cuya función principal era gestionar el canon de 600.000 euros anuales que paga Barceló por la concesión del hotel- carecía de empleados. Todo cambió al transformarse ésta en Turismo LPA en el primer trimestre de 2022, asumiendo las actividades organizadas por dicha concejalía y la promoción turística de la ciudad.

Turismo LPA es una empresa pública con una plantilla reducida que en 2025 contaba con solo dos millones de euros de presupuesto. Los problemas con la gerencia de Rodríguez Neyra se volvieron «insostenibles» en primavera, cuando el edil del área, Pedro Quevedo, le hizo una advertencia. Pese a una «leve mejoría», la situación en noviembre se tradujo en una «total falta de gestión», de tal manera que era ilocalizable por parte de los técnicos que requerían la facturación del año para cerrar el ejercicio. Tampoco pagó las nóminas.

Quevedo despidió a Luis Rodríguez Neyra a primeros de diciembre. Han encargado una auditoría forense que desgrane las cuentas entre 2022 y 2025 para conoccer hasta donde alcanza el supuesto desfalco que habría hecho, que rondaría los 115.000 euros. De confirmarse la pérdida de dinero público, esto supondría un posible delito de malversación. Dada esta situación, Turismo ya ha activado a sus servicios jurídicos.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents