El margaritazo: el desahucio de una mujer de 71 años evidencia el colapso de la vivienda en Canarias

El colapso de la vivienda deriva hacia modalidades imprevistas o relacionadas con épocas de insalubridad que considerábamos superadas: desde el retorno a los poblados de chabolistas (los hoovervilles de Las uvas de la ira) al incremento de la construcción ilegal en suelo rústico, pasando por la caravana, el alquiler de cuartos, cuchitriles sin ventilación, casetas de campaña, el cajero automático de un banco... Hasta llegar al caso de Margarita, una mujer mayor extraída a la fuerza de un velero del Muelle Deportivo, bajo la coacción de un dispositivo policial desproporcionado y con la oposición insuficiente de varias plataformas a favor de los sintecho. ¿Manda Donald Trump?

Este episodio para restablecer (o exhibir) la potestad institucional en un amarre (y una porción del Atlántico) constituye un clásico en el escenario de la precariedad habitacional, aunque en tierra. El organismo afectado se acerca con sus agentes del orden intentando no despanzurrar ningún cuerpo, aunque si hay que hacerlo se procede caiga quien caiga y con antidisturbios. Lo deseable es sacar a Margarita o a otro u otra en una especie de envoltorio de plástico de burbujas, untado en la vaselina de un poder aparentemente paternalista: te desalojamos de una embarcación ruinosa, en la que peligra la seguridad de la persona dada su inutilidad para navegar (sin mástil ni motor) y el consiguiente riesgo de que el barco se vaya a pique en el pantalán mientras su única tripulante duerme.

Es deseable la proporcionalidad para hacer el desalojo, pero también para que la institución no parezca el casero de un fondo buitre

Pero todo esta mermelada es un cuento chino. La administración competente en el asunto quiere limpiar su instalación portuaria de esta adaptación al terruño de los péniches del Sena, esos barcos que un día dejaron de navegar y ahora son casas flotantes de familias o solitarios. Prohibida esta opción de vida, hacía falta una demostración de poder frente a los que se resisten a abandonar el puerto y están dispuestos a llegar hasta el final en defensa de su alternativa habitacional.

Pero la supuesta fábula de la protección lo es más por el evidente desinterés humano. El ejecutor o ejecutora cumple con su responsabilidad, pero en modo alguno se siente comprometido con la búsqueda de una solución social para el día después. No les corresponde a ellos, sino a los servicios que tienen los medios para atender a las personas sin recursos, suelen argumentar. Si el ordenante y el benefactor no han hablado de la humanitaria intervención, Margarita queda en una especie de limbo hasta que le adjudican un colchón en el escaso hemisferio de los lugares donde dar cobijo a los necesitados.

La irresponsabilidad de los políticos, las orejeras que mantienen contra viento y marea, les permite la gracia de actuar como si realmente no ocurriese nada. Mandar a un comando de policías para desalojar a una señora de 71 años de un velero es una provocación: primero por su edad; segundo, la oposición que se iba a encontrar la policía, como se pudo comprobar, resultó testimonial, y tercero, la proporcionalidad necesaria a efectos represivos también debe estar presente a la hora de operar en el contexto de la crisis habitacional. No queda más remedio que exigir comprensión al estamento público cuando este ve afectado su patrimonio, dando lugar a un código de comportamiento diferente al que ejercita el titular privado por una acción invasiva de su propiedad.

La escandalosa crisis habitacional en la que estamos inmersos por dejadez política merece el enfoque de la excepcionalidad. Una institución bien trufada de recursos financieros como es el Puerto de La Luz no puede actuar como un fondo buitre cualquiera, especialmente en casos donde queda patente el carácter vulnerable de las personas. Pero algunos confunden la tranquila bahía de Las Palmas de Gran Canaria con las calles de Minneapolis, o a una septuagenaria con un fornido delincuente que esconde en las entrañas de su barco un mortífero Remington 700.

Repetimos, algunos gestores, sean de derechas o de izquierda, tienen el gatillo flojo (o los nervios flacos) a la hora de utilizar el aparato represivo que les corresponde. Da igual que sea una anciana. Se le da un buen margaritazo y a vivir que son dos días, siempre en coche oficial y sin el olfato (o sensibilidad) suficiente para oler que nos encontramos en la gran crisis de la vivienda. Les da absolutamente lo mismo. Lo importante es demostrar que van sobrados de ordeno y mando.

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