Mejorar el acceso a la vivienda, una prioridad para la capital

Garantizar el acceso a una vivienda digna se ha consolidado como uno de los principales retos sociales de Las Palmas de Gran Canaria. En un contexto marcado por el encarecimiento del mercado residencial y las dificultades de amplios sectores de la población para acceder a un hogar, el Ayuntamiento ha situado la política de vivienda como una prioridad estratégica del mandato.

Esta línea de actuación se ha traducido en una inversión pública superior a los 100 millones de euros, que combina la promoción directa de vivienda pública, el apoyo económico a las familias con menos recursos y la adopción de medidas fiscales y normativas orientadas a facilitar el acceso a una vivienda asequible.

La alcaldesa, Carolina Darias, ha señalado en diversos foros que garantizar el derecho a la ciudad implica también asegurar el derecho a la vivienda, dos ámbitos estrechamente vinculados.

En esta línea, el Consistorio ha desplegado una política integral de vivienda que aborda la rehabilitación del parque existente, la construcción de nuevas promociones públicas y medidas para contener la escalada de precios.

Uno de los hitos más recientes ha sido la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria para la construcción de 240 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible.

El acuerdo supone una inversión de 39,6 millones de euros financiada por la institución insular a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.

La futura promoción se desarrollará sobre una parcela en el barrio de Las Torres, en un entorno urbano consolidado. El Ayuntamiento asumirá la redacción del proyecto y la promoción de las obras, cuyo inicio está previsto para 2027.

Las 240 viviendas serán de titularidad pública y se destinarán al alquiler asequible, con el objetivo de ampliar el parque municipal y ofrecer una alternativa real al mercado libre.

Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento ha superado los 100 millones de euros de inversión en vivienda pública y se acerca al objetivo de alcanzar 1.000 viviendas en alquiler previstas al inicio del mandato.

A estas 240 viviendas se suman otras promociones en ejecución o con financiación garantizada, reforzando una hoja de ruta para incrementar la oferta pública.

Esta política se ha reforzado con la licitación de las 36 viviendas públicas de alquiler asequible en Tamaraceite Sur, con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

La actuación permitirá culminar un edificio al 90% ejecutado, optimizando recursos públicos y acelerando su puesta en uso.

A esta estrategia se suma una política de rehabilitación del parque residencial existente, orientada a mejorar habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética.

Se han licitado actuaciones como la rehabilitación del grupo de viviendas Fermín Sanz Orrio, en La Isleta, con una inversión de cerca de 1,5 millones de euros.

Esto permitirá mejorar las condiciones de vida de 168 familias mediante modernización de fachadas, cubiertas e instalaciones y la incorporación de paneles fotovoltaicos.

También se ha impulsado la rehabilitación integral de 446 viviendas del Polígono de Jinámar, con más de cinco millones de euros y fondos europeos para resolver deficiencias estructurales.

Estas actuaciones se complementan con el Plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada en La Paterna, con una inversión de 20 millones de euros para mejorar accesibilidad e instalar ascensores.

Junto a la promoción directa, el Ayuntamiento mantiene una línea de ayudas municipales al alquiler, orientada a las personas y familias con mayores dificultades económicas.

Este año se ha abierto un nuevo plazo con 1,5 millones de euros, para garantizar la estabilidad residencial y prevenir situaciones de emergencia y exclusión.

Las ayudas cubren hasta el 80% del alquiler mensual, de forma excepcional hasta el 100%, y pueden extenderse hasta 24 o 36 meses en casos extremos.

El marco de actuación municipal incluye medidas fiscales y normativas para vivienda protegida y rehabilitación, con bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

También se han incorporado deducciones para puntos de recarga de vehículos eléctricos, apoyando así la sostenibilidad urbana.

El Consistorio ha impulsado la aplicación de la Ley estatal por el derecho a la vivienda y ha solicitado la declaración de zona tensionada para Las Palmas de Gran Canaria.

Con suelo público disponible para 1.000 viviendas en suelo urbano y 3.000 en urbanizable, la ciudad sienta las bases de una política a medio y largo plazo.

Esta estrategia está orientada a garantizar el acceso a un hogar digno como eje esencial del proyecto de ciudad.