La ex vicerrectora de la ULPGC, Rosario Berriel, a juicio por lucrarse con el alquiler de pisos al Instituto Confucio

La ex vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rosario Berriel, se sentará el martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por presuntos delitos de negociación y actividad prohibida a funcionaria pública y abuso en el ejercicio de su función. Berriel, durante su etapa en la ULPGC, alquiló pisos pertenecientes a su familia a profesores chinos del Instituto Confucio de Chanchung para obtener, presuntamente, beneficio personal.

Los hechos, que se enjuiciarán el martes en una vista de conformidad tras llegar a un acuerdo, se remontan a enero del 2010. El día 8, se firmó un acuerdo entre el Instituto Confucio de la Universidad china de Changchun y la ULPGC para reforzar la cooperación educativa entre China y España y promover el desarrollo de la educación del idioma chino y aumentar la comprensión mutua y la amistad entre los pueblos de China y España.

A final de ese año, en diciembre, se creó para el buen funcionamiento y desarrollo de las finalidades un consejo asesor del Instituto Confucio (un centro en Las Palmas de Gran Canaria) del que Berriel formaba parte como vicepresidenta, debido a su cargo como vicerrectora de la universidad.

Entre las obligaciones de la ULPGC, recoge el escrito de acusación fiscal, se establecía la de buscar y asignar alojamiento a los profesores que desempeñaban funciones docentes para cumplir los objetivos del acuerdo. Entre otras, era labor de Berriel la autorización y supervisión final de los pagos relacionados con los gastos derivados de la actividad del Instituto Confucio, entre los que se encontraba el pago de los arrendamientos de las viviendas del profesorado, añade el Ministerio Público.

Berriel tuvo claro quién sería el casero: su marido, Luis Barber Doreste. Con él formalizó "tres contratos de arrendamiento de cuatro viviendas, en fechas de septiembre y diciembre de 2012 y junio de 2013, con los representantes del Instituto Confucio". Berriel, dice la Fiscalía, autorizó los pagos que se pactaron. Los inmuebles se sitúan en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario.

Las cuatro viviendas son copropiedad de Luis Barber y de la ex vicerrectora, ya que forman parte de la sociedad de gananciales del matrimonio.

Igualmente, "y con idéntica mecánica operativa", la hermana de Berriel firmó un contrato de alquiler de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2016. "La participación de Berriel, tanto en el nacimiento como en el desarrollo de las citadas relaciones contractuales, fue realizada aprovechando su condición y cargo funcionarial faltando así al transparente ejercicio de la función pública y la probidad que le es exigible", afirma la Fiscalía, que especifica que el procedimiento judicial sobre los hechos cometidos en los años 2012 y 2013, e iniciado en 2018, se "ha visto prolongado en su tramitación en el tiempo bastante más allá de lo razonable y necesario", con varios períodos de tiempo en que por circunstancias ajenas a la acusada.

Berriel se enfrenta a los delitos de negociación y actividad prohibida a funcionaria pública y abuso en el ejercicio de su función. Por ello, tras llegar a un acuerdo, la Fiscalía pide para ella dos multas de tres meses con cuota diaria de diez euros (1.800 euros), además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis meses.