Un juez investiga si un hombre falsificó la firma de su madre enferma y permitió la construcción de 468 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria

La Justicia ha abierto una investigación para averiguar si la cesión de la explotación de tres parcelas con el fin de levantar un edificio de 468 viviendas en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, se hizo con la firma falsificada de la anterior arrendataria, una anciana de 83 años con deterioro cognitivo. El hijo de la mujer supuestamente suplantada presentó una querella contra su propio hermano y contra una abogada, a los que acusa de urdir un plan fraudulento para aprovecharse de la vulnerabilidad de su madre y sustraerle alrededor de un millón de euros.

El magistrado Javier García García-Sotoca, titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, abrió diligencias previas el pasado lunes por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento privado, en el caso de la letrada en concepto de cooperadora necesaria. Queda pendiente la toma de declaración a los dos investigados, que responden a las iniciales de H. E. F. y D. A. L.

La perjudicada regentó durante décadas un negocio de aparcamiento y mantenimiento de vehículos en varios locales de la capital, amparándose en contratos de arrendamiento de renta antigua. Sin embargo, en los últimos años y debido a su avanzada edad y a su estado de salud, la gestión pasó a uno de sus hijos, que asumió el control total de sus finanzas.

La anterior explotadora es una anciana con deterioro cognitivo que carece de "conocimiento suficiente de la realidad"

La anciana empezó a experimentar un progresivo deterioro cognitivo en el año 2016, según se refleja en su historial clínico, con trastornos de memoria y caídas frecuentes, hasta el punto en que ya no era capaz de reconocer a sus propios hijos. Un informe forense, elaborado en noviembre de 2023, concluyó que padece una demencia "permanente e irreversible" careciendo de "conocimiento suficiente de la realidad" y "estando su voluntad condicionada por la discapacidad".

La querella, interpuesta a través del despacho Manuel Domínguez, sostiene que los dos investigados elaboraron un plan para aprovecharse de esta condición y que instrumentalizaron la resolución de uno de los contratos de arrendamiento del negocio familiar.

Se trata, en concreto, de la explotación de tres solares en la confluencia de la plaza de América, Mario César y Cayetana Manrique. En 1972, el entonces propietario arrendó el terreno al padre de la anciana, que inició una actividad de estación de servicios, engrase y reparación de vehículos. Siete años después, falleció, y el negocio pasó a ser gestionado por su hija.

Grandes proyectos urbanísticos

La querellante –su otro hijo presenta la denuncia en su nombre como afectada– mantuvo la explotación del suelo hasta el año 2022, a pesar de los dos cambios de dueño que hubo entre medias. En 2005, la constructora Fadesa adquirió el terreno con la intención de llevar a cabo un proyecto residencial de 300 viviendas, denominado Gran Guanarteme, que iría distribuido en tres torres de nueve, diez y trece plantas.

Sin embargo, el plan se vino abajo con el quiebre de la entidad y los terrenos fueron adquiridos en 2017 por la promotora Residencial Las Américas, que retomó la idea de llevar a cabo una gran promoción inmobiliaria. Los empresarios tardaron cuatro años más en obtener el visto bueno a una modificación del Plan General de Ordenación en la zona y, en enero de 2022, pagaron una indemnización de 1.921.000 euros a la anciana para que cesase la actividad que estaba llevando a cabo.

El investigado acordó presuntamente en nombre de la víctima el pago de 400.000 euros de honorarios a una letrada

Antes de esta operación, en diciembre de 2021, el hijo de la víctima contrató los servicios de la letrada querellada con unos honorarios del 20% de la indemnización que se obtuviera, para lo que contó con la firma de su madre, que tuvo que desembolsar 384.200 euros.

No obstante, la querella argumenta que ambos acuerdos contienen firmas atribuidas a la víctima con notables diferencias entre sí y a la que consta en su Documento Nacional de Identidad. Además, señala que en esas fechas tenía una "incapacidad absoluta" para firmar conscientemente cualquier documento y asegura que esto constituye un indicio de falsificación para "dar una apariencia de legalidad a unos negocios jurídicos que ella nunca consintió".

Por otro lado, el dinero procedente de la extinción del arrendamiento fue depositado en una cuenta conjunta entre la perjudicada y su hijo, quien presuntamente realizó disposiciones masivas de dinero en beneficio propio y de terceros, motivo por el que se le atribuyen los supuestos delitos de administración desleal y apropiación de fondos.

Cargos injustificados

Estos movimientos sospechosos motivaron un procedimiento judicial de medidas de apoyo, en el que se menciona la existencia de "cargos no justificados de importes elevados". Al querellado se le requirió que justificase los motivos por los que retiró 610.000 euros entre julio de 2022 y septiembre de 2023, pero no cumplió dicha solicitud, lo que provocó la intervención de la Fiscalía.

"Esta actuación, unida al pago de los honorarios desproporcionados a la letrada querellada, constituye un claro vaciamiento patrimonial de las cuentas de una persona especialmente vulnerable, ejecutado por la persona que tenía un deber fáctico y familiar de protegerla", mantiene el querellante.

Diligencias solicitadas

Asimismo, considera que la intervención profesional de la abogada fue imprescindible para cometer los supuestos actos delictivos. Según esta parte, prestó un auxilio esencial en la formalización de los contratos perjudiciales y se benefició directamente de ellos con unos "honorarios desorbitados", pese a tener conocimiento de la "evidente falta de capacidad" de la víctima.

El juez ha acordado tomar declaración como testigos a los promotores que firmaron el acuerdo de cese de actividad, Javier Puga en representación de Dinosol y José Julio Artiles por Satocan, quienes conformaron Residencial Las Américas. Ha solicitado, además, que se designe a un perito caligráfico judicial para que emita un informe sobre la autenticidad de las firmas atribuidas a la querellante. A partir de ahora, analizará si la rúbrica de la anciana fue suplantada. En caso de que determine la nulidad, podría acordar la devolución del terreno, lo que afectaría directamente a la promoción de viviendas en curso.